América pierde sus tierras por acaparamiento corporativo

Una investigación realizada por el Fondo para la Alimentación y la Agricultura, organización de las Naciones Unidas, develó el proceso de concentración de tierras en América Latina y el Caribe por empresas y ciudadanos extranjeros de los países afectados. Los gobiernos de la región no toman medidas para prevenir los riesgos sobre la seguridad en la producción de alimentos. |ALEJANDRO TESA.*   

El desarrollo de este proceso —por otra parte presente también en África y Asia del sur— no se caracteriza solo por la compra de áreas vírgenes, reservas de fauna, fuentes acuíferas; también por el arrendamiento de tierras fiscales o sencillamente por el despojo de tierras ancestrales a las comunidades originarias.

Situación de la Argentina y Brasil

Tampoco los acaparadores son únicamente empresas ajenas al continente, corporaciones argentinas y brasileñas se instalan en Bolivia y Colombia, en tanto un conglomerado, estatal, de la República Popular China arrienda extensos territorios para la producción de alimentos destinados a su metrópoli; es el caso del grupo Beidahuang, que ha tomado en arriendo de largo plazo 3.000 hectáreas en la provincia de Río Negro como parte de un plan para controlar no menos de 300.000 hectáreas en las próximas dos décadas.

Alrededor de  30 millones de hectáreas —por arrendamiento y compraventas— han sido sustraídas de la soberanía de ese país. No todos los predios se destinan a producir alimentos, se impone en el país sureño el cultivo de soja transgénica para la exportación en desmedro del trigo, otros granos y, en muchos sectores, la ganadería, con la consecuencia de la expulsión de sus territorios de campesinos y pequeños propietarios rurales, la devastación de la flora autóctona y la disminución de la fauna silvestre.

Parte de esos millones de hectáreas, llamativamente ricas en recursos acuíferos y —en casos, como el de Chile e incluso a ambos lados de la frontera que une a ambos países— áreas de extraordinaria diversidad vital, son adquiridas, por nacionales y extranjeros, para establecer en ellas zonas vedadas bajo el pretexto de "salvar" a la naturaleza.

De cualquier modo la concentración y extranjerización de la tierra y de las cadenas de valor del sector silvoagropecuario se extiende a través del subcontinente indoamericano.

En Brasil se espera la puesta en ejecución de un paquete legislativo que ponga tope a la compra de fincas y tierras realengas por parte de personas y corporaciones foráneas, aunque no poco en el sector ambientalista y estudiosos del desarrollo de una agricultura sustentable parecen preocupados por el silencio de Planalto ante la —hasta ahora indetenible— deforestación de la Amazonia brasileña, en parte por la industria maderera, pero también para el cultivo de soya y ganadería. Brasil es el principal productor y exportador de carnes del mundo, y probablemente lo sea ya de soya.

El desastre colombiano

Si el caso de Argentina atrae la atención dado el hecho de haberse considerado a ese país luego de la II Guerra Mundial el granero del mundo, y contar con la mayor concentración de ganado bovino del planeta, considerando su población.

"Los gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar", señaló Fernando Soto-Baquero, Oficial de Políticas de la FAO, tras la presentación del informe de esa organización.

Nadie escucha la admonición del funcionario. El Banco Mundial, al contrario, estimula los flujos de capital privado con el objeto de expandir los
negocios agropecuarios; en medio de la crisis alimentaria en curso parece decidido a que las transnacionales alimenten —valga la expresión pese a su sentido aterrador— a costa del campo sus balances,

Cierto es que el BM establece el criterio de respetar aquellos derechos que actualmente posean los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, pero su predica acaba con la recomendación de, en caso pertinente, pagarles una indemnización, procurar crear empleos, en fin, y cautelar la vida familiar y comunitaria —como si no produjera, como en el caso de Colombia (aunque aquí estimulada además por el estado de guerra) la emigración del campesino y la muerte de los pequeños poblados.

Cabe destacar que el Colombia menos del 0.5% de los propietarios rurales son dueños de alrededor del 60% de las tierras en manos privadas, mientras que mas de la mitad de los tierra habientes deben conformarse con la propiedad sobre no más del dos por ciento de los predios. Diversas estadísticas señalan que no menos de cuatro millones de campesinos han sido despojados y debieron trasladarse a otras zonas del país. El 43% de las familias colombianas, en definitiva, sufren pobreza sin remedio, integran los centenares de miles de desplazados, no encuentran trabajo digno y estable y viven al borde de la inseguridad alimentaria (es decir, pasan hambre).

En cierto modo la tierra fértil colombiana se vende al mejor postor. Corporaciones de algunos países, reinos o emiratos árabes, argentinas, brasileñas, estadounidenses, asiáticas y europeas en fin, compiten por ella. Recientemente el gobierno abrió a la explotación 14 millones de hectáreas de tierras fiscales en la llanura de altura, que se suman a otros siete millones disponibles. Es el Plan de Desarrollo forjado en los últimos años, que impulsa —además de la minería a tajo abierto— la agroindustria, el campo sin campesinos y la explotación de los recursos naturales como factores prioritarios.

No siempre —conviene advertirlo— esas tierras van a producir alimentos; en gran medida se destinan a cultivos exóticos, como soya y palma africana para la producción de biocombustibles, cultivos en los que la necesidad de mano de obra es mínima.

En el caso de terrenos destinados a la siembra de plantas para la alimentación, no siempre será —y no sólo en el caso colombiano— destinada la cosecha al consumo humano, sino de ganado, y menos veces aún para que ese consumo se realice en el país. Finalmente, y es parte del despojo territorial americano, esos cultivos deberán respetar las normas estadounidenses de "propiedad" intelectual, léase patentes industriales sobre las semillas híbridas o genéticamente modificadas —uno de los mayores atentados no visibles sobre la biodiversidad planetaria.

* Fuentes
ww.biodiversidadla.org
www.nodo50.org
viacampesina.org
www.ati.org.co
http://colombia.indymedia.org
Periódicos latinoamericanos y agencias de noticias.