Argentina: al gas, gas. Y al agua, sobornos

«Lo que pasa ahora con el petróleo, va a ocurrir dentro de un tiempo con el agua», sostiene el economista Daniel Azpiazu, autor -con Andrea Catenazzi y Karina Forcinito- de Recursos públicos, negocios privados. Agua potable y saneamiento ambiental en el AMBA. El segmento a cargo de Azpiazu y Forcinito se titula «Historia de un fracaso».

En Argentina el servicio de aguas, concesionado a una empresa con mayoría de capitales franceses, cuenta con el apoyo del gobierno de su país y su presencia se extiende a otros países latinoamericanos. De ahí que su derrotero sea clave para el rumbo que tome el proceso de privatización en estos tiempos de renegociaciones.

¿Cómo puede sintetizarse esa «historia de un fracaso»?

-Hay una anécdota que grafica todo. La concesión del servicio de aguas y redes cloacales se realizó en mayo de 1993, de modo que el primer quinquenio -lapso indicado por el contrato para el cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del concesionario- se cumplía en mayo de 1998, pero como la empresa venía muy atrasada con las obras María Julia Alsogaray, entonces a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, extendió el primer quinquenio hasta diciembre del 98.

Es otro mérito nacional: el primer caso del mundo en que un quinquenio tiene cinco años y ocho meses. Pero, fuera de broma, en esta anécdota aparece todo: los incumplimientos de la empresa, las renegociaciones, la falta de control estatal y los claros síntomas de lo que el premio Nobel J. Stiglitz caracterizó como «sobornización» y lo utilizó prácticamente como sinónimo de «privatizaciones».

¿Esa fue la primera renegociación?

-No, la primera revisión fue en 1994. La historia es así. Esta privatización, como casi todas, se hizo por decreto pero, a diferencia de otras, se optó porque la empresa no pagara canon por el uso de los bienes del Estado. La idea era concesionarla a quien ofreciera una mayor reducción sobre las tarifas y fue entregada a consorcio Aguas Argentinas S.A., cuyo accionista mayoritario es la operadora Suez Lyonnaise des Eaux Dumez, de capitales franceses. Otro interesado fue el Grupo Macri.
Hay que tener en cuenta que las tarifas habían sido previamente aumentadas por el Estado para hacer más tentadora la privatización y que los franceses proponían un descuento del 26,9 por ciento y Macri uno del 26,1. Era evidente, ya entonces, que ni uno ni el otro iban a poder cumplir con el contrato, de allí que la propuesta de Aguas Argentinas se pueda catalogar como una oferta oportunista, similar a las que se registraron también en otras concesiones como la del correo o los aeropuertos.

¿Con esos porcentajes las cuentas no cerraban?
– No cerraban ni por casualidad, pero el razonamiento de las empresas fue: «gano y después renegocio» y así fue. El contrato fijaba que durante los primeros diez años solamente podría haber reducción de tarifas y que se podían llegar a aumentar -revisión extraordinaria mediante- únicamente si un grupo de costos representativos aumentaba más del siete por ciento. Esto no ocurrió, porque no era época de inflación, pero como la empresa necesitaba modificar las tarifas, a los ocho meses planteó que tenía déficit operativo. Y, aunque parezca increíble, el ETOSS -que es el órgano de control y no tiene facultades para modificar las tarifas- le concedió un aumento del 13,5 por ciento.

Hay otra cosa interesante, si a los ocho meses había cambiado la razón fundamental por la que Aguas Argentinas ganó la concesión -es decir, la reducción tarifaria-, Macri podría haber reclamado pero según trascendidos periodísticos, Franco Macri no reclamó porque dijo que ya le habían prometido el Correo.

¿Con ese aumento del 13,5 por ciento los números de la empresa empezaron a cerrar?

-Luego de esa primera renegociación, la empresa pasó a facturar US$ 350 millones y a ganar US$ 50 millones. A partir de allí se sucedieron las renegociaciones que culminaron con un acta de acuerdo en 2001, que se mantuvo en secreto y se publicó oficialmente un año después. En 1997 apareció, además, la posibilidad de que la empresa compensara obras. Por ejemplo: Aguas debía cumplir con una serie de obras, asociadas a la prestación del servicio en las áreas más carenciadas, pero María Julia Alsogaray autorizó a que algunas de esas obras se compensaran con la ampliación de la prestación del servicio en la zona de Puerto Madero. Un verdadero efecto «Hood Robin» (así se conoce a la estrategia de quitarle a los pobres para darle a los ricos).
A la vez, en cada ronda de negociación se le condonaban los incumplimientos anteriores. De hecho, cuando comenzó la concesión, en 1993, el grado de cobertura del agua era del 70 por ciento y la obligación de la empresa era llevarla al 100 por ciento en los 30 años siguientes mientras que a los 10 años debía estar en el 85 por ciento. Y sin embargo en la actualidad está en el 74 por ciento. Lo mismo en el caso de las cloacas: estaban en el 58 por ciento, el compromiso era llevarlo a 74 por ciento a los diez años y a 95 por ciento a los 30. Están a 63 por ciento, sólo cinco puntos porcentuales más que hace diez años.

¿Y esas escasas inversiones dónde se hicieron?

-La inversión realizada por la empresa, muy por debajo de sus compromisos originales, se redistribuyó de manera regresiva, no sólo entre áreas, sino también en cuanto a la desatención relativa por ampliar la red de cloacas. Lo que invirtió la empresa es menos del 60 por ciento de lo que debería haber invertido y la rentabilidad que tuvo fue una de las más altas del mundo, en torno al 14 por ciento de la facturación, y más de 20 por ciento del patrimonio. El de Aguas fue, hasta el fin de la convertibilidad, un gran negocio financiero. El aporte de capital propio fue solo al momento de poner la garantía, durante los diez años siguientes la poca inversión surgió de la facturación y del endeudamiento externo.

El gran negocio de la empresa fue endeudarse al seis o siete por ciento, con tasas de ganancias del 20 por ciento, era una bicicleta que con la devaluación derivó en una deuda de US$ 650 millones, con el agravante de que la facturación -que antes era de 500 millones- quedó pesificada, hecho que por supuesto no sucedió con su deuda externa. Todo esto en el marco de un contrato que permitía un endeudamiento del 0,8 en relación al patrimonio, y Aguas Argentinas debe casi tres veces y media su patrimonio. Un contador diría que es una empresa prácticamente quebrada.

Es decir que el gobierno firmó un acta de acuerdo con una empresa quebrada
-Claro, con una empresa que contablemente puede considerarse casi quebrada y que a lo único que se compromete es a lograr preacuerdos de renegociación de la deuda con sus acreedores. Durante el gobierno de Duhalde en la renegociación estaba planteada la posibilidad cierta de rescisión del contrato, y ahí es donde empezó la presión del gobierno francés, que es un poco la que se viene viviendo y que empieza a jugar un rol determinante en cómo va a terminar esta difícil renegociación.

¿Pero la empresa francesa es privada, no es cierto?

-Sí, pero el gobierno francés no reconoce diferencias. La empresa es tan francesa que en todas las reuniones de Aguas Argentinas en el Ministerio de Economía y de Planificación siempre participó el embajador francés, y el vicecanciller estuvo presente en la firma del acta de acuerdo de la semana pasada. Creo que a partir de todo esto se fueron bajando los decibeles, tanto durante el gobierno de Duhalde como en el actual.

Para Francia es una cuestión de Estado.

-Capaz que no tiene nada que ver… pero seguro que sí: cuando se empezó a hablar de firmar el acta de acuerdo, esto fue en octubre o noviembre del año pasado, Francia se abstuvo de votar por el apoyo a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. En la última reunión, votó a favor. En el medio hubo varios encuentros entre Aguas Argentinas y los ministerios de Economía y Planificación con la presencia del embajador e incluso, en alguna oportunidad, del propio canciller francés. Y entre el borrador inicial de dicha acta-acuerdo y el que finalmente se firmó hay diferencias, según surge de lo publicado en los medios. Incluso, el propio discurso presidencial que acompañó la firma del acta, en el que agradeció el voto de Francia en la última reunión del FMI parecería avalar esta interpretación acerca de la fuerte presión ejercida por el gobierno francés tendiente a evitar la rescisión del contrato, que era lo que planteaban, el Defensor del Pueblo de la Nación, la Comisión de Usuarios del ETOSS y el propio informe final de la Comisión de Renegociación de los Contratos de la gestión Duhalde.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales?

-La idea original era establecer un acuerdo por un año para que en ese lapso se revisara el contrato de concesión, incluida la posibilidad de una rescisión. En la de noviembre, por ejemplo, Aguas Argentinas debía renunciar a la presentación de sus diferencias con el Estado argentino ante los tribunales internacionales; en cambio ahora queda en suspenso la discusión de la jurisdicción.

Aguas Argentinas recibió, en los últimos dos años, multas abultadas y, según el acta, éstas quedan «suspendidas». Tal «suspensión» involucra poco más de 10 millones de pesos. Además esta renegociación deja abierta la posibilidad de una nueva estructura tarifaria y no descarto que, dada la estrategia utilizada por Aguas Argentinas en los últimos diez años, ya empiece a presionar por el tema tarifario. Por otra parte, nunca más se habló de la rescisión del contrato. Lo único en el que el gobierno avanzó fue en que buena parte de las inversiones van a ser hechas a través de fideicomisos, con la activa participación del Estado y naturalmente de los usuarios, dado que parte considerable de la inversión a realizar se financiará con recursos generados por las tarifas. Es decir que de la plata que ingrese a Aguas a través de las tarifas, el gobierno va a poder retener un porcentaje para que se hagan inversiones.

Mi sensación es que mucho más que eso no va a pasar, por lo menos hasta fin de año, momento en que se deberá firmar el acta definitiva de la renegociación.

¿El de Aguas puede tomarse como un caso paradigmático respecto de lo que vaya a ocurrir con el resto de las privatizadas?

-En el caso del agua todo gira en torno a una sola empresa que tiene el monopolio, y cuyos capitales son prácticamente de un sólo país, que en la Argentina tiene participación en otras empresas privatizadas como las petroleras, y también en otras partes de Latinoamérica.

Este puede ser un caso testigo también respecto al Ciadi, (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Controversias Relativas a Inversiones) porque éste depende del Banco Mundial, que es el principal acreedor de Aguas Argentinas, vía la Corporación Financiera Internacional y, a la vez, es accionista de la empresa -cinco por ciento-.

¿Cómo ha funcionado la empresa francesa en otros países?
-En varios casos terminaron en fracasos -al respecto recomiendo visitar la página www.citizen.org– e, incluso, en la rescisión del contrato. La estrategia desplegada por la empresa francesa no difiere sustancialmente: minimizar el aporte de recursos propios, encarar el servicio como un negocio financiero y renegociar, renegociar, renegociar… Lo que no ocurrió, en algunos casos, de manera tan notoria como acá fueron los aumentos tarifarios.

En la Argentina, en toda la época de Obras Sanitarias, la tarifa se formaba a partir de un sistema de subsidios cruzados que es una especie de impuesto inmobiliario: la tarifa se determinaba en función de la antigüedad de la vivienda, el tipo de edificación, los metros cuadros, la zona de residencia… Esto buscaba que los que vivían en Palermo ayudaran a financiar a los que viven en Lomas de Zamora. Esta forma, que ayudó mucho a la universalización de la red, se fue desfigurando, en el caso argentino, a partir de 1997, cuando empezaron a tener cada vez más influencia en la conformación de las tarifas los cargos fijos, que los pagan todos, y en igual medida los ricos y los pobres.

Las tarifas de aguas residenciales aumentaron, en un 88 por ciento, desde el inicio de la concesión en mayo de 1993 hasta enero de 2002, fundamentalmente a partir de los cargos fijos que son los más regresivos de todos. Este proceso no se dio en otros países. Pero, además, la experiencia argentina no es tan fácilmente comparable con la de otros países porque esta es la concesión más grande del mundo.

¿La sociedad argentina dio apoyo a la privatización del agua?

-Yo creo que la privatización del agua pasó inadvertida porque en la Argentina no hay una cultura del uso racional del agua. No somos conscientes de que es un bien escaso y no lo cuidamos. Y tampoco las empresas tienen ningún interés en que ello suceda, de allí el escaso interés privado por impulsar sistemas como el de micro medición del servicio. Pero lo alarmante es que lo que ahora pasa con el petróleo va a ocurrir dentro de unos años con el agua con el agravante, en este último caso, que el acceso al agua potable ha sido consagrado, recientemente, por las Naciones Unidas, como un derecho humano.

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