La ministra de Seguridad del gobierno libertario argentino, Patricia Bullrich, volvió al centro de las polémicas con la publicación de dos resoluciones por las que puso en marcha un protocolo para la actuación de los agentes encubiertos y agentes reveladores digitales y otro con la creación de un consejo académico para la capacitación y formación de agentes infiltrados en la ciudadanía.
Se entiende por agentes reveladores digitales a aquellos que se infiltran en las redes sociales para investigar delitos complejos. Las resoluciones quieren tapar con mayor represión y miedo ciudadano la caída de la credibilidad del gobierno mientras crecen los escándalos tras la criptoestafa de la que participó el presidente Javier Milei y la denuncia de valijas que en manos de militantes ultraderechistas llegan al país y no pasan por los controles aduanales.
Relatores de Naciones Unidas advierten sobre la situación de la protesta social en Argentina. En ese contexto se inserta la última movida de Patricia Bullrich: la consolidación de su propio ejército de agentes encubiertos que se moverán en las redes sociales, lo que implica que podrán interactuar también en conversaciones y chats de quienes son señalados como delincuentes desde el poder.
El gobierno, y en particular Bullrich, caracteriza a los manifestantes como terroristas o, al menos, como delincuentes si osan cortar una calle, mientras considera delito tuitear contra el Presidente, y fuerzas federales son reformadas por decreto sin permitir que el Congreso opine.
“Autorizan a los integrantes de las fuerzas a inventar perfiles truchos (falsos) para infiltrarse en redes y tentar gente a decir cosas. Con las últimas resoluciones o decretos, están tapando agujeros por donde entraba el agua. Están aumentando las facultades de las fuerzas y legalizando lo que venían haciendo de manera irregular”, advierte María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Cuando en 2016 Bullrich también ocupaba el Ministerio de Seguridad durante el gobierno del neoliberal Mauricio Macri, se aprobó la ley 27.319 para la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos, que regula el funcionamiento de los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes. En noviembre pasado, Bullrich firmó una resolución por la que creó, entre otras la Unidad Especial de Agentes Encubiertos del Ministerio de Seguridad, que está a cargo de Graciela Valeria Kowalewsky, que se formó –al igual que la vicepresidenta Victoria Villarruel– en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry.
Según la ley, un agente encubierto es “todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba para la investigación, con organización judicial”.
De acuerdo con la resolución 828 –que se publicó este martes–, el procedimiento para que actúen los agentes encubiertos es el siguiente: La Unidad recibe un oficio judicial pidiendo infiltrar a un efectivo; le pide a la fuerza que seleccione a una persona. La propuesta tiene que ser avalada por Soto. Si no pasa ese “control de calidad”, debe elegirse a otra persona. El agente designado se inventa una historia ficticia de vida y envía una nota aceptando el cargo.
Luego, la Unidad le pide a la Vicejefatura de Gabinete que le de vida a esta identidad ficticia al incorporar los datos inventados al Registro Nacional de las Personas (Renaper). Excepcionalmente, la dirección nacional a cargo de Soto puede autorizar al agente a seguir usando la identidad ficticia una vez terminada la misión.
Bullrich también creó un consejo académico para la formación y capacitación de agentes encubiertos. Será presidido por el juez Ricardo Basílico, Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), sugiere mirar el contexto de disputa dentro del oficialismo para entender por qué Bullrich no deja de avanzar casilleros.
“Todo indica que hay una interna feroz en el Gobierno, donde cada sector se arma su propio grupo de inteligencia y eso es muy peligroso –más allá de que, en este contexto de ajuste y donde los niños y niñas pasan hambre, es una ofensa mayor que gasten millones en su pequeña guerra de bolsillo y servicios para perseguir y espiar. Esto demuestra que el Gobierno está debilitado.
* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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