Indígenas de la nororiental provincia argentina de Chaco mantienen desde hace varios meses un conflicto por irregularidades en la entrega de tierras fiscales a sus comunidades y en otros asuntos. La crisis se agudizó en los últimos días por la negativa de las autoridades a avanzar en la investigación de las denuncias por ellos formuladas, lo cual provocó que los aborígenes profundizaran la protesta.
Durante los primeros días de la huelga de hambre en la casa de gobierno provincial, protagonizada por cuatro mujeres y ocho hombres, la policía les impidió incluso ir al baño, ubicado fuera de la sala donde están concentrados.
Abogados del Instituto del Aborigen, entidad gubernamental, señalaron a IPS que presentaron entonces un recurso de amparo. La justicia consideró que no hay delito, porque los indígenas no ingresaron con violencia, y prohibió que se los mantenga encerrados. De todos modos, el acceso al lugar en que se encuentran los huelguistas está restringido a dirigentes indígenas y a periodistas.
«Los que estamos aquí somos todos toba, pero estamos representando a 60.000 indígenas de la provincia», remarcó Eliseo López, unode los huelguistas, quien habló entre náuseas y mareos. López tiene cuatro hijos que están junto a su mujer a 400 kilómetros de Resistencia, la capital provincial.
Oscar Arévalo, del Colegio Médico de Chaco, examinó a los manifestantes y declaró que «su estado es deplorable».
«Es gente que padece desnutrición de base, anemia crónica, parasitosis, y a eso hay que agregar que están sin comer, encerrados e incómodos. Algunos ya no se tienen en pie (…) El grado de deterioro es muy importante y su resistencia física va a llegar al límite a fines de esta semana», pronosticó el médico. Este martes, Ceferino Pérez, uno de los huelguistas de más edad, se vio obligado a dejar el ayuno y fue hospitalizado, pero el resto sigue, casi sin aliento.
«Ya no confiamos en el gobierno provincial, nuestra última esperanza es que nos escuche el gobierno nacional antes de que muera alguno», dijo Sandoval.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en Argentina hay unos 400.000 indígenas pertenecientes a 20 etnias diferentes. En particular en Chaco viven 60.000 de ellos que conforman los pueblos toba, mocoví y wichí. Allí se registran los índices más elevados de pobreza e indigencia del país.
El INDEC informó que el año pasado, mientras el promedio nacional de pobreza alcanzaba a 40 por ciento de los 37 millones de argentinos, en Chaco llegó a 65 por ciento. Dentro del universo de la pobreza provincial, los indígenas llevan la peor parte, según análisis de organizaciones sociales.
La justicia, esa entelequia
Los huelguistas de hambre reclaman infructuosamente que el gobernador de Chaco, Roy Nikisch, los reciba y responda a sus denuncias sobre manejo irregular de tierras fiscales durante una década. Por ley, esos predios debieron ser entregadas a las comunidades indígenas y de pequeños productores, pero terminaron en manos de grandes propietarios.
Asimismo, piden la renuncia de Lorenzo Heffner, intendente (alcalde) de la localidad de Villa Bermejito en la provincia de Chaco, al que acusan de discriminar a los indígenas. Heffner está procesado por malversación de fondos contra un organismo nacional, y este mes un fiscal lo requirió a juicio por discriminación. El gobernador Nikisch pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), opositora del gobierno nacional del Partido Justicialista (peronista).
Nikisch acusa al presidente Néstor Kirchner de fomentar protestas indígenas a través de la Secretaría de Tierras para el Hábitat Social, a cargo de Luis D?Elía, dirigente de unos de los sectores mayoritarios del movimiento «piquetero» de trabajadores desocupados, llamado así por la modalidad de protestar con el bloqueo de calles y rutas.
Hace una semana, de visita en Chaco, D’Elía sostuvo: «El gobernador debe atender los reclamos del movimiento aborigen sobre la devolución de tierras robadas a indígenas y campesinos pobres en épocas de Ángel Rozas, el gobernador anterior y también perteneciente a la UCR, a favor de amigos del poder político y económico de entonces».
La huelga comenzó el 21 de julio tras un mes de diálogo entre el gobierno provincial y los dirigentes indígenas. Ese día, las autoridades entregaron una propuesta que no satisfizo las peticiones de las comunidades, entonces los representantes aborígenes decidieron permanecer en la sede gubernamental e iniciar la medida de fuerza.
Cuando el asunto es la vida futura
«Estamos ante una situación muy grave, con un gobierno autista e intolerante», señaló Walter Zanuttini, abogado del Instituto del Aborigen de Chaco. Esta organización, que tradicionalmente era dirigida por un empleado del gobierno, está desde 2005 a cargo de un indígena que representa los intereses de las comunidades.
Orlando Charole, presidente del instituto, reclama desde mayo a las autoridades que reciban a una delegación de indígenas. En junio, miles de indígenas marcharon desde el interior provincial hasta Resistencia, donde permanecieron estacionados en un campamento frente a la sede del gobierno hasta ser escuchados.
El 10 de junio el gobierno provincial aceptó dialogar con las comunidades y prometió dar una respuesta. Pero, el 21 de julio, tras 40 días de espera, la propuesta decepcionó a los peticionarios.
«Ofrecieron dos vehículos, 45 puestos de trabajo y un organigrama para el Instituto del Aborigen para el que pedíamos más presupuesto», relató Zanuttini. «El tema de las tierras ni siquiera lo tocaron, a pesar de todas nuestras denuncias», resaltó.
Según el no gubernamental Centro de Estudios e Investigación Nelson Mandela, de los 3,9 millones de hectáreas de tierras fiscales que había en esa provincia en 1995, quedan apenas 660.000. Sin embargo, las comunidades, que por ley debían ser las principales beneficiadas, quedaron fuera del reparto.
Los indígenas en huelga exigen que se intervenga al Instituto de Colonización de la provincia, a cuyo cargo están las tierras, a fin de que se investiguen los presuntos negociados con los lotes.
Su majestad, la política
El gobierno admitió que quedan sólo 660.000 hectáreas de tierras fiscales y ordenó suspender la cesión de nuevos lotes por seis meses. Pero según Zanuttini, el gobierno se niega a investigar lo sucedido con los millones de hectáreas de tierras entregadas.
«El Instituto de Colonización vendía tierras a sus amigos a precios irrisorios y en seis meses las revendían al precio real a grandes propietarios», dijo el abogado. «Fue un negocio que estimamos en 700 millones de pesos (235 millones de dólares) y los organismos de control provincial ya iniciaron una investigación», añadió.
Zanuttini sostuvo que el gobierno se resiste a abrir la puerta a una investigación que pueda derivar en un escándalo. «Es una bomba de tiempo, porque si acepta avanzar en esta investigación va a salir a la luz la corrupción de una década, y van a caer funcionarios del actual y de anteriores gobiernos», advirtió.
En tanto, los indígenas en huelga desfallecen en silencio por la inanición a pocos pasos del despacho del gobernador.
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* Periodista de Inter Press Service (www.ips noticias.net).
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