Argentina: el fenómeno Blumberg y la delincuencia
La Cámara de Diputados convirtió aprobó esta semana en Buenos Aires el proyecto de ley que modifica el sistema de penas del Código Penal argentino. Los parlamentarios fijaron un tope máximo de 50 años de reclusión para quienes resulten responsables de delitos concurrentes.
Una fuerte corriente de opinión ciudadana exige mayor dureza ante el auge de la delincuencia, en especial contra el secuestro de personas y casos de robo a mano armada; es común oír hablar en Buenos Aires de la «colombianizacion» del delito callejero.
La iniciativa, convertida en ley en la cámara baja y que el Ejecutivo promulgaría en los próximos días, contó con una amplia mayoría: 95 votos que la aprobaron, 46 abstenciones y 18 votos en contra.
El proyecto despachado por la Cámara de Diputados constituye la respuesta política a la campaña de Juan Carlos Blumberg, empresario que -a raíz de la muerte de su hijo a manos de quienes le secuestraron- se ha convertido en la cabeza visible de quienes exigían el endurecimiento penal y «tolerancia cero» ante el auge de la criminalidad urbana.
El riesgo de la criminalización
irresponsable de la pobreza
No faltan los expertos que afirman que, ante la situación de pobreza generalizada de amplios sectores sociales -efecto de las políticas económicas neoliberales impuestas bajo el decenio de Carlos Menem- no es por la vía dura que se podrá combatir el delito en el país.
Alrededor de la mitad de los argentinos vive bajo la línea de pobreza -y en ciertas áreas consideradas bolsones de pobreza en la provincia de Buenos Aires y en el Nor-Oeste quienes no pueden acceder a una alimentación mínima se estima hasta en un 75 por ciento-.
En muchos casos se ha podido comprobar que elementos y altos oficiales de la Policía Federal y provinciales, en especial en la gigantesca provincia de Buenos Aires, son partícipes, cómplices o dirigen directamente las gavillas de delincuentes, sobre todo en las modalidades de secuestros extorsivos, robo y compraventa de automóviles y repuestos, prostitución y tráfico de drogas.
Sucesivos «descabezamientos» de las cúpulas policiales no han logrado frenar por completo estas actividades.
En el caso de la delincuencia infanto-juvenil -niñas y niños de 13 y 14 años han protagonizado asaltos a almacenes y supermercados en los extramuros de la capital argentina- el problema se agrava por cuanto son desertores escolares, viven en hogares sumergidos en la más extrema pobreza, con ambos padres cesantes, y carecen de toda posibilidad de insertarse en la sociedad.
De hecho hay estimaciones que señalan que al menos un 40 por ciento de los adolescentes y preadolescentes de la provincia de Buenos Aires -y otras regiones del país- no están capacitados para trabajar, aunque aumente la oferta de empleo; son los que no han terminado los estudios básicos o sufren en algún grado las secuelas de la desnutrición.
De cualquier modo, los índices de criminalidad en la Argentina -como lo destacara el presidente Kirchner, desatando de paso una polémica con los que exigen mano dura- son sensiblemente menores a los de otros países latinoamericanos.
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