Jun 27 2006
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Economía

Argentina. – EL REGRESO DE LOS CRIMINALES AL BANQUILLO

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Fue condenado en 1986 por torturar a decenas de prisioneros de la dictadura argentina, pero al a√Īo siguiente qued√≥ libre gracias a una ley de impunidad. Se trata del ex jefe policial Miguel Etchecolatz, quien 20 a√Īos despu√©s inaugur√≥
el retorno de los represores a los tribunales de la democracia.

El Tribunal Oral Federal n√ļmero uno de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, comenz√≥ este martes a enjuiciar a Etchecolatz, uno de los s√≠mbolos de la sangrienta represi√≥n de la dictadura militar (1976-1983), paso que fue posible porque en junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declar√≥ inconstitucional las
llamadas leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

De modo extraordinario, este juicio oral y p√ļblico se lleva a cabo en la sede del Palacio Municipal, debido a la falta de espacio suficiente en las salas del Poder Judicial para albergar a lo largo de cuatro meses al promedio de 500 asistentes a cada sesi√≥n, muchos de ellos familiares de las v√≠ctimas y representantes de
organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Etchecolatz fue director de Investigaciones de la polic√≠a provincial y mano derecha del jefe de esa fuerza, Ram√≥n Camps, un general que poco antes de morir de c√°ncer en los a√Īos 80 se jact√≥ de la represi√≥n, con la pr√°ctica sistem√°tica de tormentos, miles de asesinatos y la desaparici√≥n forzada de personas, que seg√ļn grupos humanitarios suman unas 30.000 personas.

En 1986 fue sentenciado en primera instancia a 23 a√Īos de prisi√≥n, pero luego fue eximido de cumplirla, al quedar encuadrado su caso en la ley de Obediencia Debida, que junto a la de Punto Final dej√≥ fuera de alcance de los tribunales a los uniformados acusados de delitos contra la humanidad y violaciones de todo tipo.
No obstante, organizaciones de derechos humanos consiguieron a mediados de los a√Īos 90 que fuera llamado a declarar en dos causas.

Una de ellas por la apropiaci√≥n de una hija de pareja de desaparecidos y otra en el marco de los llamados Juicios por la Verdad, instruidos para conocer el destino de detenidos cuando no fue posible perseguir penalmente. Por la apropiaci√≥n de la ni√Īa, el ex comisario fue condenado finalmente a siete a√Īos de prisi√≥n, mientras que a ra√≠z del Juicio por la Verdad se inici√≥ una causa penal en su contra en relaci√≥n al secuestro y torturas de ocho personas, seis de las cuales permanecen desaparecidas.

Esos casos, que salieron a la luz en la d√©cada del 90, hab√≠an merecido la apertura de un nuevo proceso. Es por ese proceso el tribunal oral lo juzga desde este martes. ¬ęPoder hablar de lo que nos pas√≥ es un proceso muy personal. Algunos necesitan hacerlo enseguida, otros nunca lo consiguen. A m√≠ me llev√≥
20 a√Īos. Reci√©n ahora siento que no estoy sola¬Ľ, cont√≥ a IPS Nilda Eloy, de 50 a√Īos, una de las v√≠ctimas de Etechecolatz que sobrevivi√≥ a 11 meses de cautiverio en 1977.

¬ęMe secuestraron en la casa de mis padres cuando ten√≠a 19 a√Īos. Era un grupo comandado por Etchecolatz, que me llev√≥ al centro de detenci√≥n conocido como ‘La Cacha’ y, despu√©s de tres d√≠as de torturas, estaba encapuchada y escuch√© de nuevo aquella voz que daba las √≥rdenes durante mi secuestro¬Ľ, relat√≥ la mujer.

Eloy estuvo en seis campos de concentraci√≥n en la provincia de Buenos Aires hasta que fue liberada cuando ya ten√≠a 20 a√Īos. Al cumplir los 30, la dictadura hab√≠a llegado a su fin y comenzaban los procesos contra los represores. Pero la mujer no pudo hablar entonces. Lo har√° ahora y ser√° la primera.

En este juicio declarar√° otro sobreviviente de los campos de detenci√≥n, Jorge L√≥pez, y otros 130 testigos de la acusaci√≥n. Los jueces deber√°n determinar ahora la responsabilidad de Etchecolatz en el secuestro y desaparici√≥n de Diana Teruggi, Patricia Dell Orto, Ambrosio de Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado. En su descargo, el ex represor s√≥lo declar√≥ que se sent√≠a ¬ęun
perseguido pol√≠tico¬Ľ, y su defensa pidi√≥ que se cite s√≥lo a tres testigos, todos altamente calificados.

Ellos son la presidenta Mar√≠a Estela Mart√≠nez de Per√≥n (1974-1976), quien fue derrocada por el golpe militar que dio inicio a la dictadura, el ex mandatario provisional del mismo gobierno √ćtalo Luder (1975) y Ra√ļl Alfons√≠n, quien encabez√≥ el primer gobierno de seis a√Īos tras la recuperaci√≥n de la democracia en 1983.

En di√°logo con IPS, la abogada Alicia Peralta, secretaria jur√≠dica de la Asamblea por los Derechos Humanos de La Plata, consider√≥ que el juicio ¬ęes un hito porque es el primer represor en ser juzgado despu√©s de la declaraci√≥n de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad¬Ľ. Adem√°s anticip√≥ que hay pruebas para condenarlo. De todos modos, Etechecolatz seguir√° bajo arresto por la causa principal en su contra, la que emiti√≥ sentencia en 1986, y por la apropiaci√≥n de la ni√Īa.

Los principales involucrados en la represión habían sido sometidos a proceso en 1985, en el marco de los cuales fueron condenados a prisión perpetua los máximos jefes dictatoriales. Empero, presiones y levantamientos militares llevaron al gobierno de Alfonsín a poner freno a los juicios contra uniformados mediante el impulso de dos leyes.

As√≠, en 1986 fue promulgada la ley de Punto Final, que fij√≥ un plazo l√≠mite para la presentaci√≥n de causas penales contra militares. Debido a que esa norma no alcanz√≥ para detener el ritmo de las citaciones judiciales, el Congreso sancion√≥ al a√Īo siguiente la ley de Obediencia Debida, que liberaba de juicio a todos los
subordinados con el entendido de que habían cumplido órdenes.

Etchecolatz fue beneficiado con esta √ļltima norma, a pesar de que ya ten√≠a sentencia, y qued√≥ en libertad. Pero esta etapa de impunidad comenz√≥ a revertirse a poco de comenzar el nuevo siglo.

En 2001, la justicia federal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía en un fallo de primera instancia, y en 2003, cuando ya gobernaba el centroizquierdista Néstor Kirchner, el Congreso legislativo volvió sobre sus pasos y anuló las normas. Pero faltaba el máximo aval de la justicia.
La Corte Suprema de Justicia ratificó en junio de 2005 la inconstitucionalidad de las dos leyes en cuestión. De ese modo, represores como Etechecolatz, que ya tenían condena, fueron arrestados otra vez.

Tras el fallo del m√°ximo tribunal, m√°s de un millar de causas por violaciones a los derechos humanos se reactivaron. Hoy, seg√ļn el no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales, hay unos 1.400 represores imputados, la mayor√≠a pertenecientes al ej√©rcito, aunque tambi√©n hay de las otras dos armas, de las fuerzas de seguridad ciudadana y civiles.

Del total de acusados hasta ahora, 83 fallecieron y cuatro fueron declarados incapaces, otros 44 est√°n pr√≥fugos y m√°s de 200 se encuentran detenidos, la mayor√≠a en su domicilio debido al beneficio del que gozan los mayores de 70 a√Īos. Etchecolatz, de 76 a√Īos, es uno de los beneficiados con este recurso
legal y por eso cumple condena en un chalet del balneario de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Este ex comisario de la polic√≠a fue el primero en sentarse en el banquillo de los acusados. El pr√≥ximo ser√° Julio Sim√≥n, quien enfrentar√° tambi√©n un juicio oral y p√ļblico a fines de junio por el secuestro, torturas y desaparici√≥n de Jos√© Poblete y Gertrudis Hlaczik, el caso que desat√≥ la primera declaraci√≥n de inconstitucionalidad de las leyes de amnist√≠a.

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* Periodista de Inter Press Service (www.ipsnoticias.net).

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