La AEA hizo un almuerzo en su sede, el 17 de diciembre de 2025, en honor al empleado del JP Morgan y titular del BCRA, Santiago Bausili. Ellos son los principales compradores de los 38.806 millones de dólares en el año 2025 que se detrajeron del mercado local, como informa el balance cambiario del BCRA.
Para tener una idea de las proporciones, esa suma es mayor que toda la coparticipación de impuestos que recibieron en el año 2025 las 23 provincias y la CABA. Y supera en un 52,3% el monto total de los diez proyectos aprobados por el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) a la fecha, por un total de 25.479 millones de dólares (y que lleva su tiempo de ejecución).
Hoy, la reforma laboral que adelanta el gobierno libertario de Javier MIlei busca como principal objetivo el despido y el cierre de empresas con el menor costo posible para la patronal. Esto es claro cuando vemos el cierre intempestivo de FATE, empresa de más de 80 años de antigüedad, que dejó 920 trabajadores en la calle, o de Hilandería Alal SACIFI de más de 100 años de funcionamiento, o de otras que se reconvierten en importadoras como Whirlpool y Metalflor, etc. El total en dos años de empresas que cierran y/o están en ese camino es de 20.135, lo que dejó a 275.600 trabajadores registrados sin su empleo.
Negociados
El CEO de Techint pregonaba esta reconversión de la economía argentina como un “reseteo” del país. Ahora es vigilado por los servicios de inteligencia del Estado por ser acusado por el presidente Javier MIlei de conspirar contra el gobierno. Esto ocurrió cuando apagó el horno de Ternium Siderar (ex SOMISA) el 29 de agosto de 2025.
Techint fue una beneficiada en obras públicas por la dictadura militar (que no la hacía competir con empresas extranjeras), y por los seguros de cambio de Cavallo y González del Solar al traspasar su deuda en dólares al Tesoro nacional, el cual pagó esa deuda y la de las empresas que se acogieron al seguro de cambio (en el año 1982, tras la guerra de las Malvinas) con Bonex 1992.
Título que Techint y demás conspicuos miembros de AEA compraron en la década de los ’90 a precio vil (la lámina decía 100 dólares y la pagaron en los mercados secundarios entre 18 y 24) y que luego emplearon en las privatizaciones del gobierno de Carlos Saúl Menem (que tomó esos títulos al valor nominal). También se benefició con la “pesificación asimétrica» del gobierno de Eduardo Duhalde, entre tantas cosas más.
Además, apostó a los yacimientos de Vaca Muerta para quedarse con el petróleo y el gas que nuestra Constitución establece que son propiedad del pueblo y, por lo tanto, ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento pueden disponer de tales recursos sin consultar específicamente al pueblo.
La renta financiera y la reconversión del país
Fue la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977 la que hizo que el crédito dejara de ser un instrumento de política económica para convertirse en mercancía financiera.
Lo había asegurado Thomas Jefferson, principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando afirmó: “Las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. (…) Si el pueblo norteamericano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, primero por medio de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de los bancos (…) privarán al pueblo de toda propiedad hasta que sus hijos se despertarán sin techo en el continente que sus padres conquistaron”.
Ésto explica tajantemente por qué el total de préstamos al sector privado en la Argentina de 1974 representaba el 43,5% del PIB, que durante ese año, el país contaba con una estructura de 823 entidades financieras, incluyendo una fuerte presencia de cooperativas de crédito y bancos comerciales, en un contexto de pobreza del 4,6% de los hogares. Y en 2025 los préstamos no alcanzan al 11% del PIB (en torno al 6% para empresas y menos del 5% personales) las entidades apenas llegan a 61, de las cuales 14 son públicas y 47 son privadas (y no hay indicador cierto de la pobreza por acción premeditada del gobierno).
Sistema financiero argentino
El crédito es poco significativo porque los bancos y, sobre todo, los ocho privados más grandes, tienen bonitas sucursales distribuidas en todo el país para captar depósitos (en pesos y en dólares). Pero sólo prestan a los sectores más concentrados (con carteras vinculadas) y al Estado.
Si vemos la última publicación del Banco Central (BCRA), de octubre de 2025, los estados contables consolidados de los bancos privados nos dicen que el crédito solo es el 45,34% del total de activos; por ende, el 54,66% es en efectivo (juega en ello la llamada mesa de dinero con que se prestan los bancos entre sí), en títulos públicos e intermediación financiera.
Bancos privados
Y la relación es peor en los bancos públicos, que se ven obligados, incluso los de las provincias (salvo honrosas excepciones como son los bancos de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y de La Rioja), a comprar bonos públicos en las licitaciones del Tesoro de la Nación con los que financian su gasto.
Bancos públicos
El consolidado de los bancos públicos nos dice que es casi igual el total del crédito que otorgan que la posesión de títulos públicos.
El sistema financiero genera poco crédito a la producción y al trabajo y financia los títulos de corto plazo de la Administración nacional, ahogada por una deuda cada vez mayor, que hace estéril el brutal ajuste fiscal que llevan a cabo.
Deuda bruta – Administración nacional
Por ejemplo, el gobierno presenta el resultado fiscal del mes de enero de 2026 con un superávit financiero de 1.105.159 millones de pesos (aproximadamente 0,1% del PIB), producto de un resultado primario de 3.125.737 millones de pesos (superávit primario de aproximadamente 0,3% del PIB) y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por 2.020.578 millones de pesos.
No dice que ingresaron en divisas, pero el presupuesto nacional lo contabiliza en pesos, por la concesión por 30 años de las cuatro represas del Comahue por 1.043.879,2 millones.
Y tampoco dice que capitalizaron intereses, deuda financiada por los bancos, los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y las compañías de seguros, por unos 5.982.700 millones de pesos (que la Secretaría de Finanzas de la Nación contabiliza en 4.126 millones de dólares), con títulos de cada vez menos plazo (mayoría de vencimiento en marzo y abril de 2026) y a una tasa promedio del 3% mensual (anualizada en torno al 40%) contra una inflación promedio que el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) estima en 22% para el año 2026.
Si observamos en el cuadro del conjunto del sistema financiero al día 18 de febrero de 2026, la disparidad entre los depósitos en dólares captados (por 40.867 millones) y el total de créditos concedidos (por 19.768 millones) explica por qué el equipo dirigido por Luis Caputo pretende que se den créditos en divisas a los que no tienen ingresos en moneda extranjera, descalzándolos como sucedió en el año 2001. La diferencia la pagó el Estado nacional, y está expresamente prohibido por resoluciones del BCRA.
La necesidad de dólares para pagar los importantes vencimientos de la deuda externa les hace recurrir a violaciones flagrantes de las normas y a modificar otras, como es la RG N.° 1108 de la Comisión Nacional de Valores del día 18 de febrero de 2026, que adecúa su normativa a las disposiciones establecidas en la Ley N.° 27.799 de Inocencia Fiscal y su decreto reglamentario N.° 93/2026 en el mercado de capitales, permitiendo a los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y a proveedores de servicios de activos virtuales (PSAVs, entre los cuales aparecen los exchanges cripto) captar los dólares no declarados a través de fondos de diferentes tipos para su cartera de inversores.
En síntesis
La magnitud de la deuda bruta de 502.934 millones de dólares (a los 460.934 millones declarados por la Secretaría de Finanzas, se le deben sumar los 36.000 millones de dólares de los Bopreales y los 6.000 millones de los tres Repos), la escala de vencimientos de corto plazo y un mentiroso superávit fiscal, que no es tal porque se capitaliza cada vez más (y en menor plazo) como deuda (en realidad se opera con déficit financiero y déficit primario), hacen que el mismo gobierno reconozca que no puede colocar títulos de deuda en el mercado internacional (nadie le presta a un país en la ahogada situación de deuda y financiera en que está) y que tiene que recurrir a los recursos internos.
La venta a precio vil de nuestro patrimonio de empresas públicas y de recursos naturales y la violación de normas bancarias de seguridad es el camino adoptado para beneficio de una minoría rentista y parasitaria, como lo demuestra la adjudicación por 30 años de las cuatro represas del Comahue.
Es hora de que el pueblo argentino ponga límites a quienes nos endeudan y pagan con nuestro patrimonio, como hacía el Grupo Marsans de España, que vendía los aviones de Aerolíneas Argentinas y de Austral para pagar el canon de su privatización.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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