Argentina, fútbol para todos: Es para Clarín que lo mira por TV…

Víctor Ego Ducrot*

Como en cada Mundial, las andanzas de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) –la única transnacional que se declara por fuera del derecho civil-, conforman una buena oportunidad para sacar los trapitos al sol de la mafia global que incluye asociaciones nacionales, clubes, dirigentes, empresas de todo tipo, corporaciones mediáticas y poder político.

Pero esta vez, el gobierno argentino se adelantó en un año y tomó una iniciativa inédita: golpear en forma legal y legítima a uno de los consorcios de los medios más poderosos de América Latina – el Grupo Clarín-, que hasta hace pocos días tenía el control absoluto de la televisación por cable de los torneos locales, entre los más seguidos, después de los europeos, por la afición del mundo entero: un negocio que representa la friolera de 500 millones de dólares anuales.

La medida adoptada por la gestión de la presidente Cristina Fernández se inscribe en su confrontación con las corporaciones mediáticas concentradas, en particular frente a la más poderosa. Todas ellas violan las normas elementales del periodismo profesional y se convirtieron en sistemáticas portavoces de los sectores más concentrados de la economía, por identificación de intereses concretos, y para estimular a las fuerzas de la derecha política en sus cerradas campañas opositoras.

Como varias veces lo señaló el Observatorio de Medios de Argentina, dependiente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), lo cuestionable no es que tal o cual grupo mediático sea opositor, sino las realidades empresarias y las prácticas comunicacionales desde las cuales tejen sus roles opositores.

En cuanto a las realidades empresarias, la sobresaliente es el carácter concentrado de la propiedad de los medios, que fue posible gracias a la complicidad de los grupos con la pasada dictadura militar, la que impuso la ley de radiodifusión actualmente en vigencia. Luego de tres décadas de recuperado el orden constitucional, los gobiernos democráticos no hicieron nada para modificar ese mapa de inequidad – por que no pudieron o no quisieron -, sino que, por el contrario, reforzaron el proceso de concentración oligopólica.

El actual gobierno, con la medida que acaba de tomar, y con su anunciada voluntad de lograr en el Congreso que la antigua ley de la dictadura sea reemplazada por otra de carácter pluralista, por fin se acuerda de iniciar el camino correcto en esta materia. Durante los cuatro años de la administración de Néstor Kirchner y durante lo que va de la presidencia de Cristina Fernández, su esposa, nunca hasta ahora se había adoptado una política de cierta seriedad en cuestiones comunicacionales.

Respecto de las técnicas profesionales que implementan las corporaciones mediáticas para posicionarse en términos editoriales, los hechos son alarmantes. Dejaron de lado los consabidos criterios de selección y recorte de agenda, fuentes y gramáticas narrativas, para pasar en forma desembozada a la propalación informativa tergiversada y mentirosa, contando para ello con un ejército de colegas dispuestos a todo, por fama, influencia y dinero.

Un caso escandaloso tuvo lugar hace pocos días. Con la complicidad de la Iglesia Católica local –otra corporación históricamente al servicio de las fuerzas más reaccionarias- los grupos mediáticos concentrados convirtieron en noticia de la jornada unas declaraciones del Papa sobre la pobreza en el mundo, de forma tal que apareciesen como directamente críticas para con el gobierno argentino. Ocultaron que esas manifestaciones del jefe del Vaticano – un ex militante de las juventudes nazis – habían tenido lugar más de un mes atrás y en un contexto no específicamente referido a este país.

Como toda iniciativa democratizadora – e impedir la apropiación monopólica de un espectáculo popular como el fútbol lo es – la intervención del Estado en el asunto resulta auspiciosa.

Sin embargo, teniendo en cuenta la realidad mafiosa del fútbol-negocio y la trayectoria histórica de instituciones como la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y de su presidente, Julio Grondona, el Estado tendrá que cuidarse mucho de sus nuevos socios y, muy especialmente, garantizar el máximo de transparencia en sus operaciones, porque sería inaceptable la derivación de recursos públicos en términos de subsidios al complejo entramado corporativo que se esconde en la nocturnidad de clubes, dirigentes, empresarios y poder político.

La presidente consideró que la medida anunciada es un paso histórico en cuanto a la democratización del país, pues acuso a las corporaciones mediáticas oligopólicas de haber “secuestrado la palabra y las imágenes”, que pertenecen a todos los argentinos, y comparó ese hecho con el secuestro y desaparición de 30.000 personas, practicado por el terrorismo de Estado durante la pasada dictadura militar.

Como era de esperar, pocos minutos después de finalizado el acto en el predio de la AFA, el portal electrónico del diario Clarín –perteneciente al Grupo – calificó de insólita la comparación formulada por la presidente Fernández entre los efectos antidemocráticos de la expropiación de la palabra por parte de medios oligopólicos y las prácticas terroristas de los dictadores.

Sin embargo, el Grupo Clarín llegó a ser lo que es hoy, gracias sobre todo a sus estrechos lazos con aquella dictadura, y sus medios se caracterizaron por un constante trabajo de ocultamiento de la realidad durante los años de plomo de la doctrina de la seguridad nacional.

Durante los últimos 12 meses, el ya mencionado Observatorio de Medios de Argentina realizó una serie de investigaciones sobre el carácter de las coberturas políticas del Grupo Clarín, y en varias oportunidades destacó que las mismas incluyeron conductas violatorias de la Constitución Nacional, debido a su empedernida oposición al gobierno, mediante campañas desinformativas, tergiversadoras, falsas y descalificadoras de las instituciones democráticas.

Hasta este flamante acuerdo que Grondona calificó de comercial entre la AFA y el Estado, el Grupo Clarín ejercía el monopolio absoluto del fútbol por televisión de cable, sólo accesible para quienes podían pagar los abonos correspondientes. Canal 7 se hizo cargo, a partir de este fin de semana, de la televisación de los encuentros en forma gratuita y por señal de aire.

Aun no se conocen en forma oficial los detalles legales y comerciales del acuerdo entre la AFA y el Estado nacional, ni si TV Canal 7 distribuirá, y si lo hace cómo, los derechos de transmisión entre otras emisoras privadas de aire.

Sí la presidente Fernández informó que el Estado no subsidiará al fútbol, sino que acomete con la AFA la explotación de las emisiones televisivas, sin la intención de que las mismas constituyan un negocio para el gobierno. Se anunció que se repartirán los beneficios de la explotación publicitaria, y que una parte significativa de los mismos será destinada a la financiación del deporte olímpico.

La AFA decidió dar por finalizado el contrato de exclusividad que había firmado en los años ´90 con empresas que terminaron en manos del Grupo Clarín, aduciendo qué este no distribuía los ingresos conforme estaba estipulado en los acuerdos contractuales. Aquél contrato que posibilitó la inequidad de la explotación del negocio del fútbol por televisión a favor del Grupo Clarín había sido firmado por el propio Grondona, ya por entonces titular de la organización rectora de ese deporte a nivel nacional. Grondona es vicepresidente de la FIFA.

Claro, todos bajo el imperio de uno solo dios: el dinero.
 

*Periodista, escritor, docente argentino. Director de la Agencia de Prensa del Mercosur