Argentina: Impacto dsitributivo por ley de asignación univeral por hijo

Pablo Ramos*
A fines del año pasado, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha el programa Asignación Universal por Hijo (AUH), para desocupados y empleados sin registrar, que significa la percepción de un monto de 180 pesos mensuales (unos 48 dólares) por cada hijo menor de 18 años (hasta un tope de cinco hijos) y de por vida para aquellos que sufran alguna discapacidad. Quedan exceptuadas las familias ocupadas e integradas a la economía formal.

En reiteradas ocasiones diversos sectores sociales y políticos habían manifestado la necesidad de una medida concreta de redistribución de la renta con hincapié en la infancia. De hecho, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) había conformado con otros colectivos el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), que en 2001 realizó una consulta popular para instrumentar una asignación similar.

Si bien el resultado no vinculante fue contundente a favor del estipendio, pocos meses después el gobierno del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) cayó en medio de contundentes movilizaciones sociales que hasta dejaron su marca de sangre, y esta iniciativa fue olvidada.

Es decir que nueve años después, una administración nacional decide instrumentar esta medida tan necesaria. No obstante, debieron darse otras circunstancias para efectivizarla.

La más importante de ellas fue la eliminación del régimen de capitalización jubilatoria basado en las administradoras fondos de jubilación privada (AFJP) y su reemplazo por un sistema público de reparto.

Desde 1995 hasta ese año, los trabajadores registrados aportaban el 11 por ciento de su salario a alguna AFJP (privadas), para asegurarse la futura jubilación, pero la administradora se quedaba con el 3 por ciento en forma inmediata y sólo invertía el 8 por ciento.

Con la eliminación de este sistema, regresaron a las arcas públicas los aportes que cada trabajador realiza y unos 100.000 millones de pesos 26.000 millones de dólares)) que habían sido capitalizados. El organismo encargado de la gerencia de estos recursos es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSESS). Los fondos con los cuales se paga la AUH salen precisamente de estos recursos fiscales. Sin nacionalización no hubiera sido posible la AUH.

Los beneficios sociales de esta política son fáciles de comprobar. La propia presidente expresó días atrás que “la asignación universal por hijo permitió que aumentara veinticinco por ciento la matrícula escolar”.

En forma desagregada, el incremento de los chicos que asisten a la escuela primaria y antes no lo hacían, fue del veinte por ciento, mientras que en las secundarias alcanza hasta un cuarenta por ciento, según datos del ministerio de Economía de la Nación.

En cuanto al alcance, más de 3.400.000 menores de 18 años o discapacitados resultaron beneficiados por esta asignación. Al respecto, el director ejecutivo de la ANSESS, Diego Bossio, sostuvo que "el 91 por ciento de los chicos argentinos reciben cobertura del Estado".

En declaraciones difundidas por la agencia estatal TELAM, Bossio explicó que "cinco millones (de menores de 18 años) se encuentran cubiertos por asignaciones familiares porque sus padres tienen empleo formal; 100 mil porque sus padres cobran un seguro de desempleo; 600 mil hijos de jubilados y pensionados reciben asignaciones; 800 mil están cubiertos por pensiones no contributivas; y los padres de 1 millón de niños son autónomos", y agregó que "a estos 7,5 millones de niños, se les suman los más de 3,5 millones que cobran la Asignación Universal por Hijo, hecho que demuestra que hoy en la Argentina existe un piso de Seguridad Social".

Para acceder a estos beneficios, los padres deben acreditar que sus hijos concurran a la escuela y que cumplan con el cronograma de vacunación obligatorio. Y se puede cobrar esta asignación por hasta cinco hijos; de superarse esa cantidad, no se percibe ninguna asignación extra.

El cobro se hace de la siguiente manera: todos los meses se perciben 145 pesos y el resto se abona una vez al año al comprobarse la escolaridad o el plan de vacunación para los menores de cinco años, además de la inscripción obligatoria en el Plan Nacer, para los niños de hasta seis años, un seguro médico que garantiza 71 prestaciones de salud. De no cumplirse estas condiciones, la ayuda estatal cesa de inmediato.

Los beneficios económicos también fueron visibles. Los economistas, no sin reservas, admiten que se han motorizado las ventas de alimentos en los comercios de menor superficie (eufemismo para almacenes de barrio). Cuando se cumpla su primer año de vigencia podrá evaluarse en qué medida ayudó a expandir el Producto Bruto Interno (PBI). Por lo pronto se trata de 507 millones y medio de pesos (unos 133,5 millones) por mes y 7.560 millones al año (cerca de 1.990 millones de dólares).

No obstante, esta medida es hipócritamente criticada por la “oposición”. Y como suele ocurrir en estos casos, muchos referentes de la derecha política argumentan razones “progresistas” para oponerse.

Si bien el nombre del programa incluye el adjetivo “universal”, esta asignación no lo es. Cubre a hijos de desocupados o empleados en negro. Pero no se trata de una discriminación hacia los hijos de los trabajadores registrados, porque estos perciben asignaciones familiares. El propio Estado informa que el 91 por ciento de los menores de edad tienen algún tipo de cobertura pública.

Pero algunos opositores se quejan precisamente de esta “falta de universalidad”. Y sostienen que todos los menores de 18 años deben percibir esta asignación. Ellos consideran necesario que los hijos menores (si los tuvieran) de Marcelo Tinelli, de Adrián Suar, de Juan Sebastián Verón, de Mauricio Macri, de Román Riquelme, de Lionel Messi, de David Nalbandián, de Susana Giménez, de los Bulgheroni, de los Vila, los Herrera de Noble y demás millonarios también deberían cobrar esos 38 dólares mensuales.

Nadie en esa bolsa de gatos festejó la medida, pero todos piden más. Por ejemplo, se quejan porque la implementación del programa tuvo sus inconvenientes… ¿Y cómo no iban a ocurrir? Imagínense el megaoperativo requerido para registrar a 3.500.000 menores precisamente en el sector informal de la economía.

Además, siempre vuelve el tema de la asignación de recursos. Sin nacionalización de las AFJP no hubiera existido la AUH; no obstante, al día de hoy la “oposición” la critica. De hecho, en el Congreso Nacional se estudia la reforma de este programa, que hoy en día es producto de un decreto del Poder Ejecutivo y que, según los propios impulsores, buscan que tenga rango de ley. Quieren la “universalización” antes citada, que se incluya a los monotributistas, los inmigrantes y el servicio doméstico con sueldos mayores a 1.500 pesos mensuales (unos 394 dólares). Y para ello proponen una reforma tributaria, gravar la renta financiera y la reformulación del resto de los planes sociales.

Quienes se opusieron fervientemente a las retenciones móviles a la exportación de soja (lo más cercano a una medida redistributiva) hoy hablan de reforma tributaria y gravámenes a la renta financiera. Suena inverosímil. La historia reciente nos muestra que buena parte de esa oposición estuvo con De la Rúa, quien hizo campaña electoral en 1999, basándose en la redistribución de la riqueza, y una vez en el poder redujo un 13 por ciento los salarios estatales y las jubilaciones.

Observaciones que se pueden hacer a la AUH son varias y sensatas. No existe una explicación oficial de por qué se puso un topo a la cantidad de hijos. Recordemos que se cobra la asignación por hasta cinco hijos. Aquellas familias que tienen más, sólo cobran hasta ese tope.

El monto es bajo, pero el universo de los beneficiarios es enorme y no es sencillo obtener recursos para todos. Salvo que se haga caso a la oposición y se graven sectores que la “tribuna” va a aplaudir de pie.

Lamentablemente no pareciera que la AUH sea una política de Estado; así lo demuestra la oposición. Si la Casa Rosada llega a cambiar de ocupantes es probable que el hoy cacareo opositor le ponga fin a un programa de indudable impacto social.
 

*Agencia Periodística del Mercosur