Argentina: Indiferencia y pobreza

Dios le preguntó a Caín: “¿Dónde está Abel, tu hermano?”. Y él respondió: “No sé, ¿soy yo el responsable de mi hermano?”. Lo mismo sucede en Argentina, donde 6 de cada 10 chicos sufren de inseguridad alimentaria, no consumen las proteínas y vitaminas suficientes porque no comen, comen poco y/o comen mal, reemplazan la carne por arroz o fideos o pan y rara vez comen fruta porque el precio, razón de ser de los mercados, no es alcanzable para los ingresos de la familia. En la Argentina, que es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja del planeta, se consume soja internamente como bien final (forraje o alimento), pero se produce, básicamente, para su exportación. Este cultivo sustituye física y geográficamente a otros: hoy en Balcarce se siembra más soja que papa; más soja que caña de azúcar en Tucumán, y más soja que algodón en el Chaco. Sobre los 42 millones de hectáreas cultivables que se tienen, en 14 millones se siembra soja. Es más, los alquileres de los campos (la mitad de la tierra cultivable está arrendada) se hacen principalmente a valor soja. Además, el sistema de explotación, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas de la soja afectan a los otros cultivos que se ven obligados a adoptar el mismo procedimiento, porque de no hacerlo son invadidos por los “bichos” que el glifosato ahuyenta.

Cómo podemos aceptar que el INDEC nos diga que en el mes de abril 2023 una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos en edad escolar necesita un ingreso mensual neto, de bolsillo (y sin contemplar los gastos de la vivienda) [1] de 203.361 pesos para no ser pobres y que el salario mínimo vital y móvil, que es operativo, sobre todo en el interior del país y en el segundo y tercer cordón bonaerense, sea de 69.500 pesos por mes y para un jornalero 347,5 pesos por hora. Que la jubilación mínima —y el 60 % de los jubilados y pensionados cobran la mínima o cerca de la mínima— sea de solo 58.600 pesos en marzo de 2023 y va a ser de 70.938 pesos en junio de 2023. Trabajan y son pobres. Trabajaron toda la vida y son pobres.

El salario mensual promedio en blanco en la Argentina actual es de 242.412 pesos, unos 1.000 dólares al tipo de cambio oficial, cuando en el mes de noviembre de 2015 era de 15.600 pesos (convertido a dólares, unos 1.750 dólares por mes).

Un indicador aceptable es el consumo de asado: percibiendo el salario mínimo vital y móvil en el año 2002 se podían comprar 34,1 kg de asado. Con los Kirchner, en 2010, se llegó a comprar con el salario mínimo 109 kg de asado y en abril de 2023 solo 38,9 kg de asado.

Se exporta lo que consumimos [2], por eso el ajuste económico, lo demuestra clara y palpablemente el precio de la carne vacuna. En el año 2022, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se faenaron 3.363.000 de toneladas de res con huesos, de los cuales se exportaron 900.609 toneladas a China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Taiwán y Hong Kong; y al mercado interno se destinaron 2.462.000 toneladas, a razón de 200.000 toneladas por mes.

El Consorcio ABC —constituido por 16 frigoríficos liderados por el Frigorífico Rioplatense SA de la familia Constantini, más los supermercados La Anónima y COTO SA, FRIAR SA (que era del grupo Vicentin), los brasileños Swift y Marfrig, entre otros— realiza el 80 % de las exportaciones de carnes argentinas, por lo que al exportarse toda la res, el precio interno se incrementó sobremanera, reduciéndose el consumo per cápita anual a solo 52,9 kilos en el año 2022 y a 47,8 kilogramos per cápita en el año 2021 (el registro más bajo de los últimos 100 años), según informa el Instituto Promotor del Consumo de Carne Vacuna, dependiente de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador no necesita de muchos trabajadores y sí requiere reducir el Estado y el mercado interno, que no se controle nada. Por eso no dejaron que el Estado intervenga en Vicentin SAIC y pretenden continuar y renovar la licitación de la mal llamada hidrovía del Paraná, para que el Estado nacional y provincial no participe, como es la vigencia del Decreto 949/2020 con ese objetivo [3].

Cómo se puede aceptar que se quite a más de 4.000.000 de hogares el subsidio en el precio de las tarifas de los servicios públicos (gas y luz), que son una parte relevante no solo del gasto de las familias, sino de los costos de producción, logística y comercialización del entramado productivo y, dado el grado de concentración entre extractivistas, transportadores y distribuidores de petróleo, gas y electricidad, se termine aceptando la propuesta del FMI [4], cuando nunca se dio a conocer cuál es el costo real de la extracción del petróleo o del gas. Obviamente no es lo mismo extraerlo de cuencas ricas en ambos que sacarlo debajo de la plataforma marina, pero el precio final lo fija el gas o petróleo de costo más caro.

En la Argentina actual se tiene trabajo o se trabajó toda la vida, y se es pobre. La pobreza es de más de un 40 % de nuestra población [5] y se refleja en la riqueza y fuga de capitales por menos del 2 % de los que viven en este país.

Si queremos tener un destino y un país más justo, donde no convivamos con la degradación de la pobreza, hay que comenzar llamando a los responsables de las primeras cien empresas que fugaron 24.679 millones de dólares y las primeras cien personas que compraron 822,4 millones de dólares durante el macrismo, lista que este medio publicó con la nota “Los cien de Macri” el 24 de mayo de 2020 y una semana más tarde en “Ahora las personas”, para preguntarles cómo amasaron esa fortuna y cuánto de esta declararon y pagaron el impuesto a las ganancias. Y no hacer de cuenta que acá nada ha pasado, como pretenden y han hecho con la deuda generada en la dictadura militar y con la pesificación asimétrica de su deuda en dólares en el gobierno de Duhalde.

Solo que esta vez, con respecto a la investigación que hizo Alejandro Olmos sobre la fraudulenta deuda externa de la dictadura militar 1976-1983, que prescribió porque la justicia argentina le dio la razón 20 años más tarde, existe una diferencia no menor: que la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas declara la deuda externa como una violación a los derechos humanos y por ende imprescriptible [6].

El rulo financiero

El gobierno de Cambiemos y su continuación por el de Alberto Fernández, principalmente, generan rentas (una ganancia extraordinaria por encima de su costo) extractivista, agropecuaria y financiera. Las dos primeras surgen de la naturaleza, de la riqueza de nuestro subsuelo y la fertilidad de su superficie. En el caso de la renta financiera nace del marco legal de la reforma financiera de 1977 y de las políticas propiciadas por el menemismo, ampliadas y profundizadas por el macrismo, pero fundamentalmente por este gobierno en una forma inusitada y exponencial.

Mientras el total del dinero creado y puesto en circulación por el BCRA (la base monetaria) se incrementó desde diciembre de 2019 a mediados de mayo 2023 en un 88,95 %, las LELIQ y NOTALIQ (encajes remunerados de 7 a más días) lo hicieron en 1.346,14 %. Es más, va a seguir creciendo porque el directorio del BCRA fijó para esas letras y notas de liquidez, una tasa nominal anual de 97 %, que efectiva es del 155 % anual. Y significa una tasa mensual del 8,06 %.

El total de LELIQ y NOTALIQ es de 11,1 billones [7] de pesos, sumémosle a una tasa algo menor los pases pasivos, que son también encajes remunerados, el total de inmovilizaciones es de 14,4 billones de pesos que, multiplicado por la tasa efectiva mensual del 8,06 % en su mayor parte y de 7,89 % para los pases, eso significa un interés de más de un billón de pesos por mes que el BCRA le paga a los bancos para no prestar. Esa plata queda en el BCRA y no se usa para nada.

El billón inmovilizado es en pesos, pero para comprender lo que queremos decir, vamos a hacer un ejercicio: lo vamos a convertir a dólares a $ 300 (dólar agro), que es el que más se emplea en el país. Entonces, por mes, el BCRA les paga a los bancos 3.300 millones de dólares. Solo por tener la “patente de corso” de ser autorizados por el BCRA para funcionar como bancos, perciben del BCRA el equivalente a 3.300 millones de dólares por mes.

Los datos sobre las entidades financieras los publica el BCRA con atraso, el último registro es a diciembre 2022, pero se puede observar el rol parasitario del sistema en general y de las principales diez entidades privadas en particular, que explica por qué no hay crédito para la vivienda o para la inversión en máquinas y equipos, y por qué, principalmente, los bancos privados financian descuentos en cuenta corriente o saldos de las tarjetas de crédito, donde la tasa de interés que cobran es en torno al 180 % anual.

Así, Banco Credicoop, por ejemplo, capta 964.000 millones de pesos y le presta al Estado (sin correr riesgo alguno) tanto en LELIQ, NOTALIQ y pases pasivos al BCRA, como compra en licitaciones, títulos públicos al Tesoro de la Nación, por un total de 857.000 millones de pesos, el 88,89% de los depósitos que capta se los presta al Estado. Nos preguntamos: ¿cuál es el rol del banco? O si se quiere, ¿quiénes son los que reciben subsidios del Estado?

Con solamente el interés mensual que les paga el BCRA a los bancos, de más de un billón de pesos por mes, equivalente a 3.300 millones de dólares, se podrían construir 55.000 viviendas por mes, a un costo de 60.000 dólares por viviendas de 3 ambientes y de excelente calidad, con todos los materiales (es decir que se les puede seguir pagando ese interés a los bancos, pero usar la plata inmovilizada en el BCRA para financiar la construcción).

No se tiene que importar ningún material, la arena, las piedras, los ladrillos, la cal, el cemento, los vidrios, las aberturas de madera o aluminio, la estructura de hierro para el hormigón, las tejas, los mosaicos, los pisos de cerámica o de madera, la grifería, los artefactos de cocina, todo se produce acá y de muy buena calidad. Sería un impulso enorme al sector que es generador genuino de trabajo y un multiplicador de la inversión de consideración.

¿Por qué no se hace? Porque los trabajadores demandarían más y mejores salarios, con ello aumentaría fuertemente el consumo interno y se reducirían los saldos exportables de alimentos y aumentaría la importación de energía.

Dios le dijo a Caín: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra».

Notas

[1] El indicador del INDEC deja exprofeso afuera de la Canasta Básica Total los gastos de alquiler de la vivienda.

[2] Se consume en el país directamente un 5% o menos del total de la soja y sus derivados y se exporta todo lo demás, pero la soja reemplaza física y geográficamente a otros cultivos.

[3] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344621/norma.htm

[4] El FMI siempre abogó, y está escrito en el acuerdo con la Argentina, para que el Estado disminuya el subsidio a la energía y que las familias paguen las tarifas plenas.

[5]  La última medición del INDEC corresponde al segundo semestre del año 2022 y dice que fue del 39,2 % de la población Y obviamente pos suba de los precios de los alimentos la situación empeoró.

[6]  Consta en el Informe de la Auditoría General de la Nación sobre la deuda contraída con el FMI y en la investigación del perito Néstor Forero.

[7] Un billón es un millón de millones.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).