En 1983, en un trabajo titulado “La lógica política de la política económica”, Jorge Schvarzer hacía referencia al modelo de valorización financiera con tablita cambiaria y tasas positivas de interés conducido por José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo formado en la Escuela de Chicago.
El objetivo era restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros para desindustrializar el país. El conflicto social se generaba en las grandes fábricas, entonces había que romper los distintos eslabones de la cadena productiva y descentralizar el proceso.
Tras la guerra del Yom Kipur en 1973, los países árabes miembros de la OPEP decidieron reducir la producción de petróleo y aumentar los precios en respuesta al apoyo de la OTAN a Israel. Esto creó un excedente de los países petroleros árabes e hizo que el sistema financiero mundial colocara los petrodólares a tasas muy bajas.
Los sectores dominantes en la Argentina, mayoritariamente nucleados en el CEA [1], solicitaban préstamos en el exterior (en dólares) a bajas tasas y compraban la competencia a precio vil, pero también adquirían títulos públicos o acciones o hacían depósitos a plazo fijo en pesos que les daba una renta mayor que la depreciación cambiaria frenada por el cronograma de la “tablita”. Así, ganaban la diferencia y luego se volvían al dólar, retirando la renta.
Si la base del conflicto eran las fábricas, había que dejar solamente las imprescindibles; de esa manera cerraron General Motors, Peugeot, Citroën, Chrysler, Siam Di Tella, Decca (Deutz-La Cantábrica), Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti y miles de pequeñas y medianas compañías (sobre todo de mano de obra intensiva). En 1980, la industria había reducido un 10% su participación en el PBI con respecto a 1974.
El modelo propuesto sólo podía imponerse, como lo hizo, valiéndose de una feroz represión, cercenando cualquier oposición por tímida que fuera y congelando la actividad política y sindical durante prácticamente ocho años. Fracasado el plan para mantenerse en el gobierno, logró fortalecer a una minoría empresarial (nacional y extranjera) y endeudar al país, condicionándolo y haciéndolo dependiente del capital financiero internacional.
El campo nacional y popular, incluidos los dos partidos políticos mayoritarios, el viejo radicalismo y el viejo peronismo, seguían defendiendo el programa de Avellaneda, el primero, y los Planes Quinquenales, el Plan Trienal y los Programas de Huerta Grande y de La Falda, el segundo, que centran la acumulación del capital en el mercado interno, sin terminar de comprender la fuerte concentración económica y la lógica de valorización financiera del capital de la dictadura.
En un trabajo posterior, “Crisis económica argentina: la carencia de modelos para enfrentarla exige una firme determinación política”, publicado en 1984 en el Bimestre Político y Económico, Schvarzer percibe que “no hay modelo de desarrollo sin sujeto que lo ejecute”, y ese sujeto eran los empresarios locales ligados al mercado interno, que habían desaparecido con la dictadura o que se habían reconvertido para pasar a ser dependientes del capital financiero.
Los 40 años de democracia, con los loables intentos hechos por el radicalismo en la gestión de Bernardo Grinspun y por los tres gobiernos de los Kirchner, pusieron límites al modelo pro mercado mientras duraron, pero luego fueron superados por el avance del plan austral, el plan BB, la convertibilidad, la pesificación asimétrica, el programa de Cambiemos, y el plan de Guzmán y Massa, que se subordinaron al capital financiero internacional en la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficits que ellos mismos habían generado con endeudamiento, que a su vez es el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y las fuguen a posteriori.
Todos ellos lidiaron con la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicaron, endeudándose y ofreciendo pingües negocios al capital más concentrado. En ese marco no existieron proyectos de inversión productiva; se priorizó y se prioriza el rol financiero a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que se condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico al principio por el ingreso de dólares, pero insustentable en el tiempo.
Además, la lógica rentista y financiera, al no apuntalar el trabajo y la producción, hace que se degrade aún más la elasticidad empleo-producto, ante un PIB que desciende y una mayor tasa de desocupación que el descenso del producto bruto.
Se ahoga a las pymes (atraso cambiario, baja de aranceles, competencia desleal, suba de las tarifas y de los insumos, suba de la tasa de interés). Esto impacta negativamente sobre el empleo y las cadenas de pago, sumado a un deterioro del poder adquisitivo de los asalariados, jubilados y pensionados en general que reduce el mercado interno. Ante la menor actividad, disminuye la recaudación tributaria y obliga a un mayor ajuste fiscal para pagar los servicios de una deuda pública inconmensurable.
A la prueba nos remitimos, es lo que viene haciendo la administración de Caputo-Bausili y su equipo de “mesadineristas”, con su política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial que desemboca en un proceso de costos e inflación en dólares que incentiva a la importación y solo permite la exportación de recursos naturales, y algún otro nicho con alta rentabilidad como es el financiero (merced a tasa de interés e IPC mayor que el ajuste cambiario), en desmedro de la inversión interna bruta fija en máquinas y equipos, del consumo interno, de las economías regionales, de la industria en general, de la construcción y del trabajo.
Cuando a comienzos de abril de 2025 el modelo derrapaba porque le retaceaban la financiación de la deuda en pesos y distintos operadores vendían su posición en títulos del Tesoro de la Nación Argentina. Cuando los desvaríos de Caputo y su equipo de superávit comercial eran desmentidos al ver los otros componentes de la cuenta corriente (servicios reales: royalties, fletes, seguros, turismo, comunicaciones, etc., y los servicios financieros: giro de utilidades a sus casas matrices, y pago de los intereses de la deuda) que sumaban 12.122 millones de dólares abajo (negativos).
El superávit financiero del primer cuatrimestre de 2025 fue de 1,12 billones de pesos y los intereses que se capitalizaron en las letras y notas capitalizables (LECAP y NOCAP) y en las LEFI, en igual período de 2025, fue por un total de 5,13 billones de pesos; suma que es levemente menor al superávit primario del período de 5,2 billones.
Parecía que, por su propia inconsistencia, el modelo colapsaba.
Sin embargo, la intervención del multimillonario gerente de fondos de cobertura Scott Bessent, actual secretario del Tesoro de Estados Unidos y, en ese carácter, gobernador de Estados Unidos ante el FMI (el director ejecutivo de Estados Unidos es uno de los 24 directores que pueden votar sobre la estrategia del FMI), destrabó el acuerdo técnico y posibilitó la ampliación del crédito. Así, la Argentina se convirtió en el mayor deudor del FMI por 54.620 millones de dólares a mayo de 2025, según informa la Secretaría de Finanzas de la Nación.
Hubo quienes vendieron títulos de deuda argentina en forma creciente desde enero al 11 de abril de 2025, cuando la dupla Caputo-Bausili afirmó que se había arribado a un nuevo acuerdo con el FMI. Esto les permitió una nueva toma de ganancias a los grandes fondos de cobertura con sede en Manhattan (BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, etc.), que fueron los principales compradores de los que se iban. Lo mismo hicieron el 25 de abril de 2018 ante la suba de la tasa de interés de largo plazo de los Estados Unidos, acercándola al 3% anual, que produce en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda (Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.).
Los que se fueron perdieron, hasta el 26 de junio, un 11,58% en dólares (CCL) que ganaron los que compraron.
Por qué esta vez debe ser distinto
El miércoles 25 de junio de 2025 se hizo una nueva licitación de títulos de deuda pública; la renovación alcanzó solamente al 58,87% de los vencimientos, adjudicándose en total 6,143 billones de pesos, pero de ese total se colocó a un mes y a dos meses de plazo casi el 80% de los vencimientos.
Y la tasa que fue en promedio en la licitación anterior del 35% alcanzó al 31 de julio (la letra S31L5) 3,436 billones (el 55,9% del total) a 2,88% de tasa efectiva mensual, 40,53% anual y, al 29 de agosto (letra S29G5), 1,366 billones (22,23% del total adjudicado) a 2,85% de tasa efectiva mensual y 40,02% de tasa interna de retorno efectivo anual.
El mismo ministro Luis Caputo opera desde el BCRA vendiendo contratos de dólar a futuro, para asegurar que el tipo de cambio no derrape hasta antes de las elecciones del domingo 26 de octubre de 2025.
El día martes 24 de junio de 2025 arribó la misión del FMI encabezada por el economista Bikas Joshi para realizar una primera verificación sobre las metas del acuerdo firmado en abril, el cual significó un desembolso de 12.000 millones de dólares. Obviamente, la posición del organismo internacional es que el BCRA acumule reservas internacionales (que serían de 7.300 millones de dólares negativos a esa fecha).
No fue muy distinta a la postura del anterior jefe de la misión, Luis Cubeddu, quien el 28 de enero de 2025, reunido con Caputo y con Bausili, les dijo enfáticamente que su obligación era informarle de la situación al Board del organismo, a lo que Luis Caputo le dijo que él también, por su parte, iba a informar.
El poder de Luis Caputo, Santiago Bausili, Vladimir Werning, José Luis Deza y Pablo Quirno es porque los cinco trabajan para los grandes fondos con base en Manhattan.
La exclusión social y el carry trade reflejan mejor que nada la situación económica y social de la Argentina actual, la pobreza de unos es la renta de una minoría parásita subordinada al capital extranjero, por lo que acrecientan la deuda pública y se aseguran de que no se pueda pagar para quedarse con nuestras empresas.
Así consta en la “Ampliación del acuerdo en el marco del fondo ampliado con el FMI” firmado por Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del BCRA, el 11 de abril de 2025, y con nuestros recursos naturales como lo planteó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en julio de 2024, cuando hizo varias presentaciones ante inversores en Nueva York y el 27 de agosto de 2024 en Washington frente a American Council.
Allì detalló que aguardaban la llegada de proyectos por entre 30.000 y 54.300 millones de dólares en el sector energético en los próximos dos años (que para ejecutarse demandarán entre 20 y 30 años), tras la implementación de la ley 27.742, que incluye el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).
Como afirmaba Jorge Schvarzer, “no hay modelo de desarrollo sin sujeto que lo ejecute”. Y ese sujeto es el que se debe reconstruir.
No es soplar y hacer botellas; sabemos por nuestra propia historia que solo se construye en procesos fundantes de ciclos de grandes transformaciones políticas. Así lo hizo la UCR tras la Revolución del Parque, o el peronismo tras el encarcelamiento de Juan Domingo Perón el 17 de octubre, pero para eso se debe identificar al enemigo y a la vez construir la alternativa de gobierno. Yrigoyen decía “nosotros o el régimen” y el peronismo, “Braden o Perón”, y el pueblo sabía de qué se trataba.
Notas
[1] CEA (Consejo Empresario Argentino). Creado en el seno de IDEA en 1967 en apoyo a Krieger Vasena, su presidente antes del golpe militar de marzo de 1976 fue José A. Martínez de Hoz y, como tal, propició el acuerdo patronal “APEGE”. Propuso el Consenso de Washington aún antes de que existiera como tal y se integró por las empresas más concentradas del país. Desde 2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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