Argentina: nadie se salva de los servicios de espionaje

Irina Santesteban.*

La publicación de una lista de personal civil de inteligencia, ordenada por la ministra de Defensa, Nilda Garré, reveló la actuación durante la dictadura de algunos personajes que en algunos casos se han reciclado en la democracia, incluso en los órganos de adminstración de justicia.

En el mes de enero el Archivo Nacional de la Memoria entregó a la Justicia un listado con 4.300 nombres de agentes de inteligencia que actuaron durante la pasada dictadura militar bajo la jurisdicción del Batallón de Inteligencia Nº 601. La lista estaba integrada por 1.599 personas que se desempeñaron como agentes civiles en el citado batallón y 2.353 que actuaron en distintos destacamentos y Secciones de Inteligencia del interior del país.

Las investigaciones que permitieron la identificación de ese personal fueron efectuadas por la Unidad de Investigación del Terrorismo de Estado, que depende del Archivo Nacional de la Memoria y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ramón Torres Molina, presidente del Archivo, entregó la lista al titular del Juzgado Federal Nº 4, Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación de las actividades Batallón 601 durante la dictadura.

Los infiltrados

La publicación de este listado reveló la actuación de algunas personas en ámbitos como el periodismo, el Poder Judicial, la Universidad y, por supuesto, en organizaciones políticas de izquierda o en organismos de derechos humanos, actividad ésta expresamente vedada por la Ley de Defensa de la Democracia.

Raúl Alejandro Tarifeño figura como "agente de reunión de información" del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, y a la vez fue activo militante del Partido Comunista, del Movimiento al Socialismo (MAS) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), en este último caso, lo fue hasta 2008. Encabezó marchas y protestas, participó de luchas a favor de la fábrica recuperada Zanón y hasta escribía artículos con su firma en periódicos partidarios. A tal punto llegó su doble vida, que su pertenencia a los servicios de inteligencia era desconocida hasta para su propia familia, pues se casó con una joven militante del MST, con quien tuvo tres hijos. Otro caso de infiltración de este personal civil de inteligencia en organizaciones de izquierda, fue el de Julián Rafael Andrés, dirigente del Partido Comunista en Entre Ríos.

Un expulsado

Por su parte, en Santa Fe, cuando se conoció que el periodista Carlos Rafael Cenoz aparecía en los listados del Batallón 601, la conducción de la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), procedió a expulsarlo mediante una asamblea convocada a tal efecto. Los dirigentes de prensa santafesinos explicaron que el mencionado batallón "fue uno de los engranajes más destacados en la maquinaria ilegal que fue responsable de la desaparición y asesinato de 30.000 personas, entre ellos 85 trabajadores de prensa".

En los considerandos de la resolución que expulsó a Cenoz, se señala que el artículo 1 del Estatuto de la APSF afirma que uno de sus objetivos institucionales es "defender el ejercicio de la libertad de expresión, los principios universales de la ética y las leyes constitucionales del país".

También en Santa Fe, dos represores que fueron juzgados y condenados en los últimos días, Nicolás Correa y Horacio Barcos, figuran en la nómina de los agentes del Destacamento de Inteligencia Militar 122, con asiento en esa ciudad.

Un buen proyecto

La diputada santafesina del partido Solidaridad e Igualdad, Alicia Gutiérrez, presentó un proyecto de ley por el cual se pretende conocer "si algún agente que presta actualmente servicios en organismos dependientes del gobierno provincial figura en algunos de los informes desclasificados del personal civil del Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura militar y si los mismos se encuentran bajo investigación por delitos de lesa humanidad".

El argumento de la legisladora es que constituye una "obligación de los gobiernos democráticos … perseguir a los prófugos, saber si en su planta perviven elementos responsables de delitos aberrantes, vinculados a la represión del Estado y en virtud del consagrado derecho a la información, que la población tome conocimientos de estos casos".

Lamentablemente ésa no fue la actitud que tomó el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ante la denuncia efectuada por el Gremio de los Empleados Judiciales, de que el actual Asesor Letrado Penal José Luis Santi, quien se desempeña como defensor oficial en la justicia provincial desde 2002, figuraba en los listados del Destacamento 141 de Inteligencia con asiento en la ciudad de Córdoba. Santi figura como "agente de reunión" y su tarea era recopilar la información para pasarla al Tercer Cuerpo de Ejército, entonces al mando de Luciano Benjamín Menéndez, quien cumple actualmente tres condenas a prisión perpetua en la cárcel de Bouwer por crímenes de lesa humanidad.

La Corte que cubre

A pesar de la denuncia, el máximo tribunal de justicia cordobés desestimó la apertura de un sumario administrativo, como correspondía, pues al haber ingresado en el Poder Judicial en 1975, se habría desempeñado en los dos cargos simultáneamente, lo que es incompatible. Tampoco formuló ningún reproche ético al magistrado cuestionado, a pesar que el mismo no hizo referencia a su actuación como personal de inteligencia durante la dictadura, cuando en 2005 pasó por el Consejo de la Magistratura, al rendir el concurso para el cargo que hoy ocupa. En esa instancia, todo aspirante a integrar un cargo de la magistratura judicial, tiene que presentar una declaración jurada con sus antecedentes académicos, entre otros requerimientos que prevé la ley y que Santi ocultó. Además, en su juramento deben hacer un compromiso de defensa del sistema democrático y de los derechos humanos, algo que esta persona está muy lejos de garantizar.

Es que la justicia cordobesa tiene todavía muchas cosas que aclarar respecto a su actuación durante la dictadura. Ninguno de los 101 nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo son de Córdoba, aunque se calcula que hubo unos treinta bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres y fueron apropiados por los militares. A pesar de los esfuerzos de la filial Córdoba de las Abuelas, es evidente que hubo y hay un "pacto de silencio" que involucra tanto a militares como a civiles, entre ellos a integrantes de la Justicia. ¿Será Santi uno de ellos?

Ante la falta de investigación y respuesta del Poder Judicial, el Gremio de los Empleados Judiciales llevó el caso al Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, donde presentó una denuncia formal, acompañada de documentación y solicitando que se investigue si se encuentra incurso en las causales que la propia Constitución Provincial establece para su destitución como magistrado.

* Periodista del diario argentino La Arena (www.laarena.com.ar).
En www.argenpress.info.