El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendió al juez de la Corte Suprema que investiga al expresidente Jair Bolsonaro, tras los dichos del Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre posibles sanciones, y acusó a Estados Unidos de querer proteger a brasileños que conspiran contra Brasil desde el exterior.
El gobierno de Estados Unidos lanzó una fuerte ofensiva contra los jueces de la Corte Suprema en un gesto de Donald Trump en medio del avance de la causa contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por el intento de golpe contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
Bolsonaro quiere que Trump presione a través del Departamento de Justicia a los magistrados de la Corte Suprema para lograr la amnistía que elimine su inhabilitación. Estas sanciones son un paso en ese sentido. Moraes lidera el proceso judicial contra el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.
El alcance de las sanciones puede ir desde cancelar la visa de entrada a Estados Unidos hasta perder una cuenta bancaria y prohibir cualquier transacción con una empresa estadounidense. Para los analistas, el gesto de Trump a Bolsonaro se inserta dentro de un contexto de combate a la izquierda y de una alianza global de la derecha y de la extrema derecha para fortalecer ese campo político. En estos momentos, EU no tiene embajador en Brasilia.
«¿Qué historia es esa de que Estados Unidos quiera criticar algo de la justicia brasileña? Nunca critiqué la justicia de ellos. Cometen tantas barbaridades, tantas guerras, nunca los he criticado», declaró Lula durante la convención nacional del Partido Socialista Brasileño (PSB), en Brasilia. Rubio había afirmado la semana pasada que hay una «alta posibilidad» de que Washington imponga sanciones a Moraes por supuestas «violaciones a los derechos humanos».
Desde Washington, el diputado Eduardo Bolsonaro, tercer hijo del exmandatario, encabeza una campaña denunciando una supuesta persecución política contra su padre y solicitando respaldo de Trump contra las autoridades judiciales brasileñas. Legisladores republicanos en el Congreso estadounidense respaldaron su iniciativa.
El lunes pasado, Moraes ordenó abrir una investigación contra Eduardo Bolsonaro por sus acciones en EU. Él y su padre deberán prestar declaración ante la policía brasileña en un plazo de diez días.
Bolsonaro quiere que Trump presione a través del Departamento de Justicia a los magistrados de la Corte Suprema brasileña para lograr la amnistía que elimine su inhabilitación para ser candidato, ya que pesa sobre él el intento de golpe de Estado.
Bolsonaro está convencido de que nadie mejor que él para ganarle a Lula en una reedición del mano a mano de 2022 y por eso se niega a considerar cualquier otro candidato de derecha. Para lograrlo tiene dos vías, el Parlamento, donde no tiene mayoría, y la Corte Suprema, a donde apunta con la presión externa a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Moraes también ha sido blanco de críticas de la administración trumpista por sus medidas regulatorias sobre plataformas digitales. El miércoles,Estados Unidos anunció que denegará visas a funcionarios extranjeros que «censuren» contenidos de usuarios estadounidenses en redes sociales.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reforzó el mensaje publicando en X, en portugués: “Que quede claro: ningún enemigo de la libertad de expresión de los estadounidenses será perdonado”.
En 2024, Moraes ordenó bloquear temporalmente X, la red social de Elon Musk, en todo Brasil, hasta que la empresa acatara órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de diseminar desinformación. Por motivos similares, en febrero también suspendió la plataforma de videos Rumble.
Estados Unidos habla también de casos documentados de encarcelamiento político y exilio en referencia al bolsonarista Daniel Silveira que amenazó con matar a los jueces, Filipe Martins que la Administración Trump considera «detenido bajo pruebas secretas y registros de viaje falsificados» y Ludmila Grilo y Allan dos Santos, en el exilio, con cuentas bancarias congeladas.
Por otro lado, hablan de coerción e intimidación judicial de ejecutivos estadounidenses porque afirman que Moraes atacó a líderes tecnológicos estadounidenses como Elon Musk y Chris Pavlovski (Rumble), amenazando con cargos penales, multas diarias y suspensión de sus plataformas en Brasil.
Entre los sancionados por Washington, además de Moraes, están también otros magistrados supremos como Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lucía, Dias Toffoli, Cristiano Zanin y Flávio Dino, el Procurador Paulo Gonet Branco, el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, el jefe de la división de Crímenes Cibernéticos, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowsk y el ex presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Los únicos jueces que no fueron incluidos en las sanciones fueron los dos nombrados por el ex presidente, Kassio Nunes Marquez y André Luiz Mendonca.
La base de la acusación de Estados Unidos se basa en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos (y la Orden Ejecutiva 13818) que permite a EU imponer sanciones a funcionarios extranjeros involucrados en abusos contra los derechos humanos, corrupción o abuso de poder y esfuerzos para socavar las instituciones democráticas.
* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.