Bella Unión: la movilización popular permitió comenzar la zafra cañera
Ruben Elías Dutra*
El piquete iniciado a principios de junio por la patronal Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (APCANU) en reclamo por el aumento del precio del azúcar, alcanzó un rechazo manifiesto entre la población de Bella Unión y movilizó a los trabajadores integrantes del Plenario Intersindical y a organizaciones sociales de todo el país. Tras la búsqueda de mayor rentabilidad, el conflicto de los plantadores provocó la pérdida de jornales para los zafreros representados por la Unión de Trabajadores Asalariados de Artigas (UTAA).Luego del levantamiento del bloqueo, los trabajadores, los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas de Bella Unión reafirmaron sus posiciones: alcanzar un desarrollo integral, defender el cultivo de caña y acceder a la tierra.
Bella Unión concitó, en junio, la atención nacional debido a la tensa situación que se vivió en esa ciudad del Departamento de Artigas. El detonante del conflicto fue el desacuerdo entre la dirección de Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) y la Asociación de Plantadores de Caña del Norte Uruguayo (APCANU) en el precio a pagar por la caña cosechada.
La postergación del comienzo de la cosecha generó una situación dramática que creció, durante tres semanas, afectando a miles de trabajadores y sus familias, cuyos ingresos dependían del inicio del trabajo. Ellos no estaban en conflicto: los jornales y salarios ya habían sido acordados.
El trabajador precarizado, el peludo, sólo sobrevive por la venta de su fuerza de trabajo, y si no trabaja no come, ni él ni su familia. Muchos peludos vienen de fuera de Bella Unión con poco dinero para subsistir hasta que comienza la cosecha.
Finalmente se logró una fórmula que destrabó el conflicto y comenzó la zafra. El acuerdo se basó en tres puntos. Dos se refieren a los aspectos económicos del conflicto: el precio que recibirán los productores por kilo de azúcar extraída y la postergación del pago de la cuota de una financiación (este año sólo pagarán los intereses). El tercero es la creación de una comisión que comenzará a estudiar todo el proyecto sucro-alcoholero.
La comisión la integrarían delegados de los ministerios de Economía y de Industrias, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), ALUR, la Asociación de Plantadores de Caña del Norte Uruguayo (APCANU), la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA) y la central de trabajadores PIT-CNT.
El gobierno del Frente Amplio, con el respaldo económico de Venezuela, impulsó el proyecto sucro-alcoholero y creó ALUR para implementarlo. La puesta en marcha del proyecto tuvo la virtud de reactivar la economía: aumentó los puestos de trabajo, regularizó los salarios y beneficios sociales, dinamizó el comercio, cambió la vida de mucha gente y sembró esperanzas. Nadie en Bella Unión quiere volver a vivir las penurias que produjo la crisis de 2002, ni aun aquellos que todavía no alcanzaron a superar sus consecuencias. Eso hace que la mayoría de la población cierre filas defendiendo el proyecto.
Esto no implica que le otorguen carta blanca a la gestión de ALUR. Se observan los aciertos, pero también las deficiencias. Júnior Belén, dirigente del Soca, refiriéndose al acuerdo alcanzado dijo: “Es un paliativo, pero aquí hay que abordar el tema estructural con todos los componentes que tiene”. Belén espera que la comisión creada se convoque “para trabajar con seriedad y profundidad”.
Los trabajadores, los sindicatos y organizaciones sociales y políticas de Bella Unión han elaborado diagnósticos y propuestas. De sus documentos surge la necesidad de un plan de desarrollo integral: defensa del cultivo de caña y ampliación del área, diversificación productiva, regularización de los sistemas de riego, ordenamiento territorial, recuperación de empresas, acceso a la tierra, políticas diferenciales para los pequeños y medianos productores, entre otros muchos puntos. La propuesta incluye al proyecto sucro-alcoholero, pero lo trasciende.
Frente a esta propuesta se alza una minoría poderosa, un entramado de intereses nacionales y extranjeros que sistemáticamente sabotea las propuestas del pueblo de Bella Unión. No se pueden desconocer las acciones fraudulentas de Inancor S.A, subsidiaria de ED&F Man Sugar, la multinacional azucarera. En ese bando están aquellos que se hacen eco de las teorías neoliberales, cuestionando la intervención del Estado, reclamando subsidios para socializar sus pérdidas, pero jamás socializan sus ganancias. Son estas mismas personas las que tienen cargos de responsabilidad. Son las que rebajaron la propuesta del pueblo de Bella Unión y aumentaron el costo del proyecto, cuando ALUR, por ejemplo, arrendó el ingenio de CALNU, desestimando intervenir esa empresa altamente endeudada.
En la mesa de la comisión, que deberá estudiar el proyecto sucro-alcoholero, hay temas insoslayables: debatir el plan de desarrollo integral para la región de Bella Unión, basado en la soberanía alimentaria con énfasis en la cadena del azúcar y la soberanía energética sustentable.
Bella Unión concitó, en junio, la atención nacional debido a la tensa situación que se vivió en esa ciudad del Departamento de Artigas. El detonante del conflicto fue el desacuerdo entre la dirección de Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) y la Asociación de Plantadores de Caña del Norte Uruguayo (APCANU) en el precio a pagar por la caña cosechada.
La postergación del comienzo de la cosecha generó una situación dramática que creció, durante tres semanas, afectando a miles de trabajadores y sus familias, cuyos ingresos dependían del inicio del trabajo. Ellos no estaban en conflicto: los jornales y salarios ya habían sido acordados.
El trabajador precarizado, el peludo, sólo sobrevive por la venta de su fuerza de trabajo, y si no trabaja no come, ni él ni su familia. Muchos peludos vienen de fuera de Bella Unión con poco dinero para subsistir hasta que comienza la cosecha.
Finalmente se logró una fórmula que destrabó el conflicto y comenzó la zafra. El acuerdo se basó en tres puntos. Dos se refieren a los aspectos económicos del conflicto: el precio que recibirán los productores por kilo de azúcar extraída y la postergación del pago de la cuota de una financiación (este año sólo pagarán los intereses). El tercero es la creación de una comisión que comenzará a estudiar todo el proyecto sucro-alcoholero.
La comisión la integrarían delegados de los ministerios de Economía y de Industrias, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), ALUR, la Asociación de Plantadores de Caña del Norte Uruguayo (APCANU), la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA) y la central de trabajadores PIT-CNT.
El gobierno del Frente Amplio, con el respaldo económico de Venezuela, impulsó el proyecto sucro-alcoholero y creó ALUR para implementarlo. La puesta en marcha del proyecto tuvo la virtud de reactivar la economía: aumentó los puestos de trabajo, regularizó los salarios y beneficios sociales, dinamizó el comercio, cambió la vida de mucha gente y sembró esperanzas. Nadie en Bella Unión quiere volver a vivir las penurias que produjo la crisis de 2002, ni aun aquellos que todavía no alcanzaron a superar sus consecuencias. Eso hace que la mayoría de la población cierre filas defendiendo el proyecto.
Esto no implica que le otorguen carta blanca a la gestión de ALUR. Se observan los aciertos, pero también las deficiencias. Júnior Belén, dirigente del Soca, refiriéndose al acuerdo alcanzado dijo: “Es un paliativo, pero aquí hay que abordar el tema estructural con todos los componentes que tiene”. Belén espera que la comisión creada se convoque “para trabajar con seriedad y profundidad”.
Los trabajadores, los sindicatos y organizaciones sociales y políticas de Bella Unión han elaborado diagnósticos y propuestas. De sus documentos surge la necesidad de un plan de desarrollo integral: defensa del cultivo de caña y ampliación del área, diversificación productiva, regularización de los sistemas de riego, ordenamiento territorial, recuperación de empresas, acceso a la tierra, políticas diferenciales para los pequeños y medianos productores, entre otros muchos puntos. La propuesta incluye al proyecto sucro-alcoholero, pero lo trasciende.
Frente a esta propuesta se alza una minoría poderosa, un entramado de intereses nacionales y extranjeros que sistemáticamente sabotea las propuestas del pueblo de Bella Unión. No se pueden desconocer las acciones fraudulentas de Inancor S.A, subsidiaria de ED&F Man Sugar, la multinacional azucarera. En ese bando están aquellos que se hacen eco de las teorías neoliberales, cuestionando la intervención del Estado, reclamando subsidios para socializar sus pérdidas, pero jamás socializan sus ganancias. Son estas mismas personas las que tienen cargos de responsabilidad. Son las que rebajaron la propuesta del pueblo de Bella Unión y aumentaron el costo del proyecto, cuando ALUR, por ejemplo, arrendó el ingenio de CALNU, desestimando intervenir esa empresa altamente endeudada.En la mesa de la comisión, que deberá estudiar el proyecto sucro-alcoholero, hay temas insoslayables: debatir el plan de desarrollo integral para la región de Bella Unión, basado en la soberanía alimentaria con énfasis en la cadena del azúcar y la soberanía energética sustentable.
Tierra de caña
La caña de azúcar le dio a Bella Unión su período de bonanza, de crecimiento económico, de requerimiento de mucha mano de obra. Duró bastante, hasta mediados de 1990, pero llegó el momento que comenzó a decaer, jaqueada por las malas gestiones que no podían dejar de ser eco de las políticas económicas dominantes. Se cuestionaba la rentabilidad de la producción y lo beneficioso que sería importar, sin atender a la soberanía alimentaria ni al control que ejercen las multinacionales del mercado internacional.
La promocionada reconversión productiva, financiada mediante un impuesto al azúcar, no logró los resultados esperados: sólo aumentó el endeudamiento de las empresas agroindustriales. En ese marco desembarcó la crisis de 2002, en una economía abierta e indefensa.
Esta crisis castigó duramente a Bella Unión: a la continua disminución del área sembrada de caña de azúcar se sumó la caída del ingenio y el fracaso estrepitoso de las “cooperativas de productores”.
La desocupación y el hambre campearon en Bella Unión. Fue necesario que un niño muriera por desnutrición para que se descubriera que los índices de pobreza y de mortalidad infantil en ese rincón de Uruguay eran similares a los índices de los países más pobres del mundo. En ese momento, el país tomó conciencia de la existencia del asentamiento suburbano Las Láminas, ubicado al oeste de la Ruta Nacional N° 3. Pocos advirtieron que existían asentamientos similares en la propia Bella Unión, en casi todos los departamentos del país y abundaban en el área metropolitana.
La gente, los trabajadores y sus familias se movilizaron. Denunciaron e hicieron propuestas. Pelearon en defensa de la caña de azúcar y del ingenio, de la diversificación productiva, y también para evitar el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización, la herramienta que podía hacer realidad la reivindicación histórica de los peludos: “tierra para el que la trabaja con sus manos y la riega con el sudor de su frente”.
Esa lucha permitió la reactivación económica de la zona, a partir de ALUR y evitó que fuera desmantelado el Instituto Nacional de Colonización.
La promocionada reconversión productiva, financiada mediante un impuesto al azúcar, no logró los resultados esperados: sólo aumentó el endeudamiento de las empresas agroindustriales. En ese marco desembarcó la crisis de 2002, en una economía abierta e indefensa.
Esta crisis castigó duramente a Bella Unión: a la continua disminución del área sembrada de caña de azúcar se sumó la caída del ingenio y el fracaso estrepitoso de las “cooperativas de productores”.
La desocupación y el hambre campearon en Bella Unión. Fue necesario que un niño muriera por desnutrición para que se descubriera que los índices de pobreza y de mortalidad infantil en ese rincón de Uruguay eran similares a los índices de los países más pobres del mundo. En ese momento, el país tomó conciencia de la existencia del asentamiento suburbano Las Láminas, ubicado al oeste de la Ruta Nacional N° 3. Pocos advirtieron que existían asentamientos similares en la propia Bella Unión, en casi todos los departamentos del país y abundaban en el área metropolitana.
La gente, los trabajadores y sus familias se movilizaron. Denunciaron e hicieron propuestas. Pelearon en defensa de la caña de azúcar y del ingenio, de la diversificación productiva, y también para evitar el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización, la herramienta que podía hacer realidad la reivindicación histórica de los peludos: “tierra para el que la trabaja con sus manos y la riega con el sudor de su frente”.
Esa lucha permitió la reactivación económica de la zona, a partir de ALUR y evitó que fuera desmantelado el Instituto Nacional de Colonización.
* Ingeniero Agrónomo, docente, asesor del PIT-CNT y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).