Bolivia. Y ahora el campo – CONTROL EFECTIVO DE LA INDUSTRIA PETROLERA
Conforme a los términos del decreto del primero de mayo, el Estado boliviano asumirá el control absoluto del negocio energético que hasta ahora manejaban las multinacionales. La fiscalización de YPFB alcanzará entre otras, a la firma Andina, filial de REPSOL-YPF en Bolivia; a Transredes, de la anglo-holandesa Shell; a Chaco, de la británica BP y PETROBRÁS Bolivia Refinación, brasileña. La composición de los nuevos consejos directivos, será de cuatro representantes por el gobierno boliviano y tres por las empresas extranjeras.
Estos nombramientos desplazarán a funcionarios vinculados con los intereses de las transnacionales. La mayoría de los nombrados por el gobierno para ocupar los directorios tienen trayectoria en la defensa de los recursos nacionales y han sido críticos del proceso de privatización –que en Bolivia se denominó de «capitalización»– .
Entre ellos, por ejemplo, figura el abogado Santiago Berríos, que el año pasado inició un juicio a las empresas petroleras extranjeras por la supuesta ilegalidad de sus contratos. Berríos fue nombrado al frente
de Andina, la filial de la española REPSOL. El General Edgard Claure, será síndico en Chaco, hasta ahora de la British Petróleum. Otro de los designados es el abogado José Luis Roca, autor del primer libro que cuestionó el proceso de privatización en los años 90, un hombre muy próximo a Solíz Rada.
No será fácil la faena que tienen por delante los nuevos funcionarios. El ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz Rada, otro veterano luchador y defensor de la soberanía boliviana sobre sus recursos, dijo al respecto: «pasaron diez años de la década infame –la privatización– y saber los nombres (de los directores) era una información confidencial, como todo. Ahora siento que las personas que van a integrarse como síndicos y directores están entrando a un infierno, y el pueblo boliviano quiere saber que es lo que hay ahí adentro».
Una de las principales tareas que tienen los representantes del Estado es la de develar lo que se ocultó durante los últimos diez años en las empresas capitalizadas. «Primero develar como se han manejado esas empresas, y de allí en adelante establecer relaciones entre YPFB con cada una de ellas», dijo el presidente interino de la empresa estatal, Jorge Alvarado Rivas.
El ministro Soliz Rada señaló que los anteriores gobiernos hicieron del Ministerio de Hidrocarburos una oficina burocrática «sin un solo ingeniero», que Yacimientos fue llevada a «residual, que significa basura» y que la Superintedencia quedó relagada a regular el comercio minorista de hidrocarburos en el mercado interno, sin ninguna otra función relevante.
LAS TIERRAS QUE NO PRODUCEN O MAL HABIDAS
El gobierno prepara confiscar y repartir las tierras improductivas, confirmó el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra. Se preparan ocho decretos y un proyecto de ley para revertir al Estado todas las tierras que no cumplen una función social o cuyos títulos de propiedad hayan sido obtenidos de manera fraudulenta. Esta medida permitiría distribuír entre 11 y 14 millones de hectáreas «a los campesinos sin tierra, comunidades originarias y a todos los bolivianos que no poseen tierra y están dispuestos a trabajarla».
El área mencionada representa el 11% de la superficie boliviana y el proyecto podría beneficiar a unos dos millones y medio de personas.
Anticipándose al manejo que del anuncio podrían hacer determinados sectores y medios de comunicación para «calentar el ambiente» y crear condiciones de rechazo a la medida, Salvatierra aclaró que la reforma agraria «no incluirá medidas específicas contra las propiedades de extranjeros … Lo que sí vamos a hacer es terminar con la servidumbre y el latifundio».
Es posible que las medidas incluyan la expulsión de propietarios extranjeros que estén en una zona ubicada a menos de 50 kms de la frontera. En este caso sí se afectaría a agricultores y empresarios brasileños que se han instalado en forma ilegal dentro del territorio boliviano para realizar diversas actividades, como la tala de madera, caucho, y hasta minería. En esa dirección iría su frase: «Vamos a restablecer allí la soberanía nacional recuperando el derecho de propiedad para el Estado.»
La cuestión de la tenencia de la tierra es un problema ancestral en América Latina. En muchos países, los campesinos tienen un porcentaje reducido para el cultivo, mientras grandes grupos económicos controlan grandes extensiones. En el caso de Bolivia la concentración de la tierra en pocas manos alcanza una de las cifras mas elevadas en el continente: el 87 % de las tierras productivas. Los campesinos tienen apenas el 13% restante.
Según el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz la mayoría de los campos que pertenecen a los grupos de poder están sin trabajar. Agregó que con seguridad, antes de la Asamblea Constituyente –en julio próximo– «vamos a tener en Bolivia una reforma del marco legal agrario, pero también resultados finales tangibles».
Los anuncios sobre esta segunda Reforma Agraria en Bolivia –la primera se realizó en 1953 durante la revolución nacionalista del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro–, han provocado inquietud en sectores latifundistas y empresariales en Santa Cruz, Beni, Pando y Chaco. Algunos medios de la región controlados por éstos han comenzado a agitar el fantasma de una «política de despojo de propiedades».
El ministro Salvatierra aseguró que él en persona dialogó con ejecutivos de la Cámara Agropecuaria del Oriente. “Estoy recogiendo los planteamientos de todos. Lo se quiere es hacer cumplir de manera social la Constitución Política del Estado. La tierra es para quien la trabaja. Y ellos tienen que tener seguridad jurídica”.
El viceministro Alejando Almaraz, anunció que en Pando ya se entregaron notificaciones para bolivianos y brasileños que hacen uso ilegal de la tierra. El objetivo es revertir las tierras de uso especulativo para distribuirlas comunitariamente.
Cabe apuntar también que en la zona de Santa Cruz de la Sierra, desde hace dos o tres años se han radicado importantes productores argentinos que utilizan estas tierras para el cultivo de soja transgénica, tan extendido en su país de origen. Han aprovechado que en esta zona una hectárea tiene un valor que oscila entre los mil y los mil quinientos dólares, casi siete veces menos que el valor que
puede tener en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Brasil: llueve sobre mojado
Del otro lado de la frontera, la oposición política y la mayoría de los medios de comunicación critican duramente al presidente Lula por considerar que su reconocimiento del derecho del gobierno boliviano a recuperar el control sobre sus recursos naturales, es un gesto de debilidad. También censuran haber permitido que el presidente de Venzuela le quitara liderazgo y protagonismo durante la cumbre de los cuatro presidentes en Iguazú: Lula, Morales, Chávez y Kirchner.
Tras esa primera medida sobre los hidrocarbros, se anticipa esta otra, sobre la tierra, que también «salpicará» a sectores brasileños. Y se convierte en nuevo combustible para alimentar los reproches contra Lula.
Como muestra de la violencia de las críticas, vale reproducir el título de portada que sacó el semanario Veja: «Lula se fue a dormir como el ‘gran guía’ de América Latina y despertó como un bobo más de la corte del venezolano Hugo Chávez, que tramó el robo del patrimonio brasileño en Bolivia». Por su parte, el influyente diario Folha de Sao Paulo abrió su edición anunciando que “Bolivia prepara expropiación de tierras de brasileños”.
Para los sectores más conservadores y en especial aquellos vinculados con la explotación ilegal de la tierra– circunstancia habitual en muchas regiones del vasto territorio brasileño–, esta perspectiva causa una gran preocupación. Más que la posible pérdida de actividades ilegales en la región fronteriza boliviana, lo que teme ese sector es el efecto «contagio». Las desigualdades, cuando perduran durante muchos años, siglos en este caso, constituyen lo normal.
La injusticia estructural parece una fatalidad inevitable. Pero en un país que tiene un movimiento campesino fuerte y organizado que desde hace ya muchos años está reclamando tierras para trabajar, las medidas que anuncia Bolivia pueden ser la demostración práctica de que «si se puede» modificar esa injusticia ancestral.
El MST con su lucha consecuente consiguió recuperar muchos latifundios improductivos, pero están a la espera de que Lula cumpla sus compromisos de una distribución justa de la tierra.
Lo que decida el gobierno boliviano tarde o temprano repercutirá en Brasil. Esa es la verdadera dimensión de los pasos que está dando Evo Morales, su gobierno y gran parte de su pueblo. Decisiones que sin pretenderlo, pueden convertirse en ejemplo en los países vecinos.
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* Servicio de Prensa Alternativa.
SERPAL fue organizada hace un lustro en Catalunya por un grupo de latinoamericanos residentes y colaboradores catalanes. Sus materiales son asequibles en cualquiera de las dos URL: