Ene 10 2023
66 lecturas

Pol铆tica

Boluarte apuesta s贸lo a la represi贸n: 45 muertos en un mes de crisis y protestas

Despu茅s de una tregua con motivo de las fiestas de fin de a帽o, miles de peruanos han vuelto a las calles para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, obteniendo como respuesta una mayor represi贸n y decenas de muertos y heridos.

Parece claro que la apuesta del r茅gimen de Dina Boluarte 鈥搇egal pero ileg铆timo鈥 consiste en aplicar la violencia y dejar correr el tiempo a fin de que las protestas se desgasten y queden confinadas a unas pocas regiones del pa铆s.

La profunda debilidad y extrema desubicaci贸n pol铆tica de la nueva presidenta y del nuevo r茅gimen estall贸 en sus narices sin que sepan qu茅 hacer. En apenas dos semanas de protestas se contabilizaron 28 personas fallecidas por disparos de armas de fuego efectuados por la Polic铆a Nacional y el Ej茅rcito Peruano. El pa铆s ya suma 45 muertos en un mes de crisis y se prepara para nuevas protestas.

Se tratan de homicidios perpetrados por las fuerzas del orden en el marco de protestas sociales y de acuerdo al derecho internacional estos hechos califican como graves violaciones a los derechos humanos. La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inform贸 que realizar谩 una visita a Per煤 鈥減ara observar la situaci贸n de los derechos humanos鈥 en el contexto de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde diciembre pasado.

A aplicar la represi贸n y ganar tiempo tambi茅n apunta la decisi贸n del Congreso dominado por la derecha y presidido por el general Jos茅 Williams, de posponer las pr贸ximas elecciones hasta abril de 2024, en espera de que para entonces se haya diluido el malestar social y se haya construido un proyecto pol铆tico-partidista capaz de perpetuar el control olig谩rquico sobre la institucionalidad formalmente democr谩tica.

Como ha ocurrido desde el primer d铆a de las protestas populares tras la destituci贸n del presidente elegido democr谩ticamente Pedro Castillo, la 煤nica respuesta del gobierno respaldado por la oligarqu铆a y la embajada estadounidense ha sido escalar la represi贸n e ignorar el descontento de quienes no se resignan a ver el mandato de las urnas suplantado por arreglos cupulares.

La represi贸n ha dejado al menos 32 muertos desde el 7 de diciembre, 36 hospitalizados entre el 4 y el 7 de enero, y 17 heridos de bala o piedras s贸lo el viernes 6 de enero.

M谩s all谩 de la coyuntura se aprecia la crisis pol铆tica cr贸nica que vive Per煤 desde hace al menos seis a帽os (y muchos m谩s, si se considera que el siniestro periodo dictatorial fujimorista de la d茅cada de 1990) es resultado de un entramado legal que sabotea de manera sistem谩tica la gobernabilidad y que representa el principal obst谩culo para el funcionamiento de la democracia.

En el sexto d铆a de protestas en la regi贸n Puno, los enfrentamientos entre manifestantes, efectivos de las Fuerzas Armadas y la Polic铆a Nacional habr铆an causado la muerte de 17 civiles y 52 heridos por arma de fuego. El Gobierno opt贸 por acusar a los manifestantes de 鈥渉ordas de delincuentes鈥 y desconocer las demandas.

鈥淧rotestas de qu茅, no se est谩 entendiendo claro qu茅 est谩n pidiendo (鈥) lo que est谩n ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos鈥, afirm贸 Dina Boluarte. El primer ministro, Alberto Ot谩rola, afirm贸 en televisi贸n que lo ocurrido en Juliaca fue 鈥渦n ataque organizado, sistem谩tico, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y hacia las instituciones鈥, que estar铆an siendo financiadas por 鈥渄ineros for谩neos, extranjeros y oscuros del narcotr谩fico鈥.

La menci贸n a los 鈥渄ineros extranjeros鈥 se enmarc贸 en la campa帽a que comenz贸 el Ejecutivo, congresistas y medios de comunicaci贸n como El Comercio, contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales. El Gobierno anunci贸 el lunes la prohibici贸n de ingreso al pa铆s del dirigente boliviano junto a otros ocho ciudadanos del pa铆s vecino.

Morales fue acusado de 鈥渁menazar el orden interno y haber sido 鈥渕uy activo propiciando una situaci贸n de crisis鈥. No es la primera vez que la derecha peruana acusa a Morales: ya en 2021 la Comisi贸n del Congreso de Relaciones Exteriores del Congreso lo hab铆a declarado 鈥減ersona non grata鈥.

Los hechos ocurrieron en Juliaca, en el departamento de Puno, frontera con Bolivia, donde Evo tiene mucha influencia en los aymaras. All铆 se desarroll贸 la quinta jornada consecutiva del paro por tiempo indefinido que comenz贸 el pasado 4 de enero con epicentro en el sur del pa铆s, en particular en esa regi贸n de mayor铆a aymara, fuertemente movilizada, donde ya se hab铆an registrado graves incidentes con otro intento de toma del aeropuerto.

Los hechos ocurridos en Juliaca generaron varias acciones de protesta en el pa铆s, como en Cuzco, o Lima, donde en los 煤ltimos d铆as fueron registradas numerosas detenciones durante las protestas, como el viernes en la noche con 200 detenidos. 鈥淒etenciones masivas y arbitrarias buscan infundir temor y desalentar el ejercicio del derecho a la protesta鈥 afirm贸 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

* Antrop贸loga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

  • Compartir:
X

Env铆e a un amigo

No se guarda ninguna informaci贸n personal


A帽adir comentario

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende c贸mo se procesan los datos de tus comentarios.