Brasil: La contrarrevolución jurídica
Boaventura de Sousa Santos*
En varios países latinoamericanos está en curso una contrarrevolución jurídica. Es probable que Brasil acabe siendo uno de ellos.Por «contrarrevolución jurídica» entiendo una forma de activismo judicial conservador que consiste en neutralizar, por la vía judicial, muchos de los avances democráticos conquistados a lo largo de las dos últimas décadas por la vía política, efectuados casi siempre a partir de nuevas Constituciones.
Como el sistema judicial es reactivo, es necesario que alguna entidad, individual o colectiva, decida movilizarlo. Esto es justamente lo que ha ocurrido al considerar, no sin razón, que el Poder Judicial tiende a ser conservador. Esta movilización presupone la existencia de un sistema judicial con un perfil técnico-burocrático, capaz de velar por su independencia y de administrar justicia con cierta eficiencia.
La contrarrevolución jurídica no abarca todo el sistema judicial y es contrarrestada, cuando se puede, por los sectores progresistas.
Este activismo judicial conservador no es un movimiento concertado, ni mucho menos una conspiración. Se trata de un entendimiento tácito entre élites político-económicas y élites judiciales, creado a partir de decisiones judiciales concretas, en el que las primeras interpretan señales según las cuales las segundas les animan a ser más activas, señales que, a su vez, sitúan a los sectores judiciales progresistas en posición defensiva.
El entendimiento tácito cubre un amplio abanico de temas que tienen en común el hecho de referirse a conflictos individuales directamente vinculados a conflictos colectivos sobre la distribución del poder y los recursos en la sociedad, las concepciones de la democracia, las visiones del país y de la identidad nacional.
La contrarrevolución jurídica exige una convergencia efectiva entre élites, y no está claro que en Brasil esté plenamente consolidada. Apenas hay señales: perturbadoras, en algunos casos; reveladoras de que todo está abierto, en otros. Veamos algunos ejemplos.
Discriminaciones positivas en el acceso a la educación superior de negros e indios
En los tribunales hay pendientes de resolución causas que requieren la anulación de las políticas que tratan de garantizar el acceso a la educación superior de los grupos sociales hasta ahora excluidos de ella.
Con el mismo objetivo, ha sido solicitada —y en algunos casos, concedida— la anulación de turnos especiales para los hijos de los asentados de la reforma agraria —convenios entre universidades y el INCRA [Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria]—, de escuelas itinerantes en los campamentos del MST [Movimiento de los Trabajadores sin Tierra], de programas de educación indígena y de educación rural.
Territorios indígenas y quilombolas [1]
La ratificación del territorio indígena de Raposa-Serra do Sol y la certificación de los territorios remanentes de los quilombolas constituyen actos políticos de justicia social y de justicia histórica de gran alcance. Disconformes, sectores oligárquicos están orquestando, por medio de sus brazos políticos (DEM, bancada ruralista), una vasta lucha que incluye medidas legislativas y judiciales.
Respecto a estas últimas, pueden citarse las medidas cautelares para dificultar la ratificación de nuevas reservas y el pedido de súmula vinculante [2] relativo a los «asentamientos extintos», hechos que hieren de muerte las pretensiones de los indios guaraníes, así como una acción propuesta en el SFT [Supremo Tribunal Federal] que busca restringir drásticamente el concepto de «quilombo».
Criminalización del MST
*Sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).