Brasil: Un año de impunidad para los golpistas militares
A diferencia de 1964, en 2023 los golpistas no contaron con el apoyo de Estados Unidos. Y por eso no pudieron seguir adelante con la empresa antidemocrática. El 8 de enero de 2023 fue una especie de 31 de marzo de 1964, que, sin embargo, no funcionó.
Fue un ataque muy violento e impetuoso a los poderes de la República y a la democracia que fracasó en su objetivo de promover la ruptura institucional y destruir el Estado de Derecho. El 8 de enero está emparentado con otros atentados antidemocráticos perpetrados por las oligarquías golpistas en la história reciente del país, como los del 17 de abril y el 31 de agosto de 2016, dos momentos clave del impeachment (juicio político) fraudulento de la presidente Dilma Rouseef.
Y, como el 3 de abril de 2018, fecha en que el Alto Comando del Ejército obligó al Supremo Tribunal Federal a apresar ilegalmente al presidente Lula para impedirle de participar y así el ultra derechista Jair Bolsonaro lograra vencer en las elecciones de aquel año.
La conmemoración del primer aniversario del 8 de enero de 2023, programada por el gobierno, será incompleta e insuficiente, porque está fuertemente permeado por la “adicción” de Brasil a la contemporización y la impunidad.
Si bien es verdad que cerca de 1.200 criminales de la extrema-derecha bolsonarisa y “lavajatista” fueron apresados en la ocasión. El hecho lastimoso es que ninguno -absolutamnte ninguno- líder central, planificador o arquitecto intelectual de la intentona del 8 de fue procesado o preso.
Todas las personas que reponden a procesos criminales son ciudadanas y ciudadanos civiles de relevancia secundiaria y terciaria en la cadena general de la planificación y ejecución de los atentados. No fueron procesados ni presos siquiera aquellos oficiales militares y miembros de la familia militar que durante meses acamparon en las áreas de los cuarteles e inclusive ayudaron en los preparativos de los actos terroristas del 12 y 24 de diciembre en Brasilia.
La justicia militar, esa excresencia jurisdicional heredada de la dictadura, juzgó o condenó a un mes y 18 días de prisión, en régimen abierto, a un solo militar criminal, el coronel Adriano Camargo Testoni.
Lo increíble, sin embargo, es que este criminal uniformado que participó activamente en la devastación el 8 de enero no fue condenado por participar en los eventos, sino porque maldijo a sus superiores, llamándolos suelto y «fdpá», porque no posicionaban, como se había prometido, las tropas en el cuartel general de los tres Poderes y luego tomados por la horda fascista.
Hasta ahora, el propio Bolsonaro sigue sin responder a ninguna investigación criminal sobre el 8 de enero. Asimismo, los comandantes militares y oficiales de alto rango en actividad o en la reserva no se hicieron responsables por el hecho que durante cuatro años amenazaron el orden institucional y hasta el último minuto de 2022 conspiraron sobre la vuelta a la mesa porque no aceptaban el resultado de las elecciones.
Incluso es posible que Bolsonaro y los generales, almirantes, brigadieres, coroneles, capitanes y otros criminales civiles y uniformados sean investigados debido al informe del CPMI de los actos golpistas, pero ésto sólo sucederá si es revertido un acuerdo para liberar sus rostros.
Así como los agentes terroristas de la dictadura de 1964, los golpistas de 2023 también quedarán impunes, nuevamente. Las cumbres uniformadas han logrado de nuevo imponer al poder político y a la sociedad civil la amnistía para el personal militar que perpetraba crímenes contra la democracia. Los militares exigieron y obtuvieron una nueva amnistía. Incluso si no se trata de una nueva Ley de Amnistía, es una amnistía tácita.
Esto es una señal no sólo de que los militares están logrando reposicionarse después del fallido intento de golpe de estado, sino que están absolutamente fortalecidos, fuertes y rearticulando su propio proyecto de poder uniforme.
Así como la impunidad después de la dictadura alentó la dinámica golpista del último período, la impunidad durante el 8 de enero alentará a en un futuro menos lejano que se imaginen nuevos ataques de golpistas militares contra la democracia y el Estado de Derecho.
La rememoración del 8 de enero sólo tendrá una eficacia democrática real si produce un gran esfuerzo por parte del Congreso, el gobierno federal, el poder judicial y las instituciones de la República para castigar a quienes históricamente representan una amenaza a la democracia.
*Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)