Cárcel a exmilitares en Guatemala por crímenes de lesa humanidad, 37 años después
En lo que es considerado un fallo histórico, un tribunal de Guatemala, condenó a penas de entre 33 y 58 años de cárcel a cuatro militares retirados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, y el secuestro y violación de su hermana, Emma Guadalupe, hace 37 años, durante la guerra civil (1960-1996).
El juez Pablo Xitumul leyó la sentencia tras más de 12 horas de retraso e impuso 58 años de prisión al general Manuel Benedicto Lucas García, al máximo oficial de inteligencia Hugo Ramiro Zaldaña y a Manuel Antonio Callejas, y de 33 para el coronel Francisco Gordillo, todos militares retirados. El Ministerio Público pedía hasta 90 años de prisión.
Gordillo era entonces comandante de la zona militar de Quetzaltenango y en 1982 fue miembro de la junta militar que se integró tras el golpe de Estado contra el presidente Romeo Lucas García (1978-82), otro general del ejército. Dicha junta dio luego paso al gobierno de facto del también general Efraín Ríos Montt (1982-83). En cambio, el oficial retirado Edilberto Letona, para quien la fiscalía también había pedido 50 años de prisión, fue absuelto en esta causa que comenzó el primero de marzo para revivir uno de los casos más paradigmáticos de la oscura historia guatemalteca: la desaparición forzada del joven de 14 años y las violaciones reiteradas a su hermana.
En la sentencia, el juez rechazó los argumentos de la defensa y afirmó: “Los procesados tuvieron pleno conocimiento y responsabilidad de las acciones cometidas por las unidades bajo su mando contra la población civil indefensa” y añadió: “Esto ofende a todos los seres humanos, no debe quedar en la impunidad”. El magistrado criticó, a su vez, que la defensa y los militares acusados intentarán argumentar que en Guatemala no hubo guerra interna, un razonamiento que consideró insostenible, pues se involucró a la población civil para luego, según dijo, atacarla sin misericordia, como lo hicieron.
El 2 de marzo, el Ministerio Público presentó testigos que acreditaron las tácticas de intimidación y opresión para controlar a quienes llamó subversivos y demostraron que los acusados fueron responsables de desaparecer a Marco Antonio desde el 27 de septiembre de 1981, y del previo secuestro y reiteradas violaciones contra su hermana.
El 6 de octubre de 1981 cuando Marco Antonio, en ese entonces de 14 años, estaba en su casa con su madre, dos hombres armados entraron a la fuerza y se lo llevaron atado con grilletes y en una bolsa en la parte trasera de un vehículo con placas oficiales.
Una semana antes, su hermana, Emma Guadalupue –militante de la Juventud Patriótica del Trabajo– había sido detenida y retenida durante nueve días en la base militar de Quetzaltenango, donde fue golpeada, interrogada y torturada, además de sufrir múltiples violaciones sexuales. Ella logró escapar, pero unos días después, por su huida y debido a que no la encontraron en casa, se llevaron a Marco Antonio, un caso que ve por fin la luz más de 20 años después de la firma de la paz, en 1996. Sin embargo, aún hay miles de familias que siguen buscando la verdad tras la muertes, desapariciones y violencia del conflicto armado guatemalteco que tuvo lugar entre 1960 y 1996 y desangró al país.
El testimonio de la propia Emma fue clave en este juicio. “No me mataron, pero sí destruyeron profundamente mi vida durante muchísimos años en los que estuve llena de terror, de dolor”, relató frente al Tribunal de Mayor Riesgo C, según replicó el diario local El Periódico. “Profanaron mi cuerpo, violentaron toda mi humanidad y eso me va a acompañar toda la vida. Vengo a pedirle al Tribunal que su sentencia sea proporcional al daño provocado”, dijo. La mujer también reveló que intentó suicidarse porque había considerado como un error haberse fugado puesto que significó el secuestro y desaparición de su hermano. El período de extrema violencia militar entre 1978 y 1983 en Guatemala, en el que se inscribió este caso, fue denominado el quinquenio negro del conflicto civil.
La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996, durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Como saldo de ese oscuro período, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -nombrada por las Naciones Unidas- estimó que hubo 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, y cerca de 100.000 desplazados.
El 93 por ciento de las muertes, según Naciones Unidas, fue causado por las fuerzas de seguridad del Estado y las víctimas, en su gran mayoría, pertenecían a la población maya. En mucha menor medida, la represión militar golpeó a opositores de los violentos regímenes derechistas que se alternaron en el poder en las tres décadas y media de conflicto.
La condena fue decidida unánimemente por los tres jueces que integran el Tribunal de Mayor Riesgo C, que consideraron que los militares actuaron contra civiles y «se extralimitaron» en su lucha contra los grupos insurgentes durante el conflicto armado. Decenas de activistas, que esperaron casi 14 horas para escuchar la sentencia, aplaudieron y se abrazaron, mientras familiares y allegados de los militares gritaron consignas en favor de los condenados y cantaron el himno del ejército.
«La familia Molina Theissen obtiene justicia después de casi 37 años de lucha. Este proceso, reparatorio, reconoce su verdad», declaró la costarricense Marcela Martino, subdirectora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Las fuerzas armadas guardaron silencio por las condenas contra los ex jefes castrenses y el vocero de la institución, Óscar Pérez, se limitó a indicar que el ejército es «respetuoso de la decisión de los órganos jurisdiccionales».
«Quiero decir a los señores acusados que les devuelvo la vergüenza, que les devuelvo el terror (…) Ojalá tengan un poquito de honor y nos digan dónde está Marco Antonio», dijo este lunes durante la fase final del proceso Emma Guadalupe sobre su hermano.
Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado guatemalteco pidió perdón en noviembre de 2006 por la desaparición del menor. El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200 mil muertos y desaparecidos, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado del 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese lapso.