Chile: Un nuevo salario de hambre

Muy por el contrario de la opinión de las centrales patronales chilenas y del Gobierno, la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) debió ser considerada débil y demasiado condescendiente con el modelo económico vigente en nuestro país. En efecto, plantear un reajuste del salario mínimo en apenas un 12 por ciento anual en nada o muy poco podría satisfacer las expectativas de ese millón de chilenos que perciben hoy 510 mil pesos mensuales. La propuesta de este referente sindical plantea que, si este incremento se lograra en este y los años venideros, hacia el 2019 el salario mínimo podría llegar casi a un millón de pesos. En virtud de un reajuste escalonado que ya ha sido descalificado por las autoridades políticas y la clase empresarial.

En el último día de abril, luego de varias reuniones entre la CUT y el Gobierno, ambas entidades terminaron por convenir un reajuste solo del 3.6 por ciento, muy por debajo de lo solicitado por la entidad sindical que no representa a más de 800 mil afiliados. Aunque el Ejecutivo consintió en subir el ingreso mínimo en otros diez mil pesos a partir de enero del próximo año. Después de este acuerdo, el presidente de la CUT, David Acuña, declaró sin ruborizarse: “Hemos avanzado a paso firme y constante…”.

Es necesario tener en consideración lo que sigue: el sueldo de los parlamentarios, ministros de estado y, en general, de los altos funcionarios públicos resulta actualmente unas 20 veces mayor que el salario mínimo. En una asimetría escandalosa que no se repite en el mundo con este nivel de inequidad. Ciertamente, ni siquiera los que se supone son representantes del mundo del trabajo tienen en consideración las demandas esenciales de la población más pobre como segregada social y culturalmente por sus escuálidos ingresos.

En su discreta propuesta, no tuvieron en cuenta, por ejemplo, el reciente informe de la Fundación TECHO que indica que más de 120 mil familias viven o sobreviven en 1428 campamentos a lo largo de todo Chile, cifra que se ha incrementado en los últimos años en 346, pese a las promesas del actual Gobierno de hacer frente a esta realidad y procurar el considerable aumento del número de viviendas. Por el contrario, de lo que más se informa por los medios de comunicación es de las operaciones de desalojo ordenado por los jueces como ejecutados por las policías para echar abajo sus precarias viviendas y dejar a centenares de familias a la intemperie.

Cualquier persona que viva en nuestro país puede llegar a la conclusión de que ningún grupo familiar puede satisfacer sus necesidades básicas con menos de un millón de pesos, cifra que recién se cumpliría hacia finales de la actual década de aceptarse la propuesta de la CUT.

De allí que esta situación deje a los más pobres a merced de los narcotraficantes tan afincados en las comunas más pobres. Los que ahora reciben protección policial para los funerales de los narcos abatidos por sus ajustes de cuenta, como acaba de ocurrir en la comuna de Quilicura donde decenas de carros policiales y un alto contingente de carabineros escoltaron toda la romería de uno de esos mafiosos hacia el cementerio. Afectando, además, a miles de personas en su trayecto al trabajo honesto, así como impidiendo el libre tránsito de vehículos.

Es necesario considerar lo consignado en el mismo estudio de TECHO en cuanto a que un 35 por ciento de estas familias sin vivienda digna lleva más de 14 años esperando una solución habitacional, lo que augura que las posibilidades de un nuevo estallido social estén a la vuelta de la esquina, agregado al hecho que el desempleo, la inflación y el ingreso precario de las mayorías también explica en gran medida el millón de pacientes en espera de consulta y tratamiento médico, así como también los ingresos de los pensionados son considerados por todos como un salario de hambre.

Pero la clase política, está ahora sumergida en una nueva contienda presidencial y parlamentaria donde la situación económica y social es soslayada en sus discursos, concentrando sus protestas y promesas electorales solo en el tema de la seguridad. Una lacra, por supuesto, gravísima, pero que también tiene fundamento en la pobreza y la marginación de millones de habitantes.

Lo más seguro es que la propuesta de la CUT pueda ofrecer, incluso, algunos recortes, habida cuenta de la indignación que le ha producido esta demanda de la multisindical a la Sociedad de Fomento Fabril y la Multigremial de Emprendedores que la han calificado como “poco realista” y de “carecer de toda lógica económica”. Para lo cual argumentan que un reajuste tal no estaría al alcance de las medianas y pequeñas empresas (Mipymes), donde trabaja el 95 por ciento de los trabajadores que ganan solo el sueldo mínimo. El propio Ministro de Hacienda, Mario Marcel, abogó con éxito por una “negociación más pragmática, tratando de no vincular los objetivos de más largo plazo”. Seguramente sin confianza alguna en que el crecimiento de la economía y de los empleos pudiera mejorar en los siguientes años.

Asimismo, con un cinismo inaudito, al oponerse a tal incremento salarial, las patronales dijeron estar preocupados por la suerte de los que menos ganan, advirtiendo que aprobar un reajuste como el solicitado por la CUT podría llevar a la quiebra de muchas empresas del sector y provocar el desempleo de sus trabajadores.

Al mismo tiempo han insistido en demandar al Estado para que rebaje los impuestos a las utilidades de sus grandes empresas, lo que sin duda iría en desmedro de la recaudación fiscal y de la posibilidad de encarar las necesidades más agudas de la población. Lo lógico sería plantear que sean las Mipymes las que se liberen de los impuestos y trabas fiscales en beneficio, justamente, de que éstas puedan incrementar el salario de sus trabajadores, desarrollar nuevos emprendimientos y contratar personal mejor remunerado.

Francamente, parece bochornosa la coincidencia entre el titular de Hacienda y los más poderosos empresarios, sin tener en consideración las injusticias sociales tan ampliamente denunciadas y que, a propósito del Día Internacional del Trabajo, debieran sensibilizar a la clase política, al Ejecutivo y al parlamento al momento de resolver sobre un reajuste salarial que en algo logre disminuir la brecha entre ricos y pobres.  Porque, como se ha señalado tantas veces, mucho más que la pobreza, son las irritantes desigualdades las causantes del quiebre en la convivencia de las naciones, de la violencia y de la delincuencia que hoy tanto preocupa al conjunto de la nación.