Chile: A emparejar la cancha

Si en lugar del nuevo Ministerio de Seguridad Pública ideado por el actual gobierno y cuya  tramitación avanza en el Congreso Nacional hubiera un “Ministerio de Igualdad Social”, el panorama y las expectativas  tendrían un tono muy distinto en el país: se estaría dando respuesta a un requerimiento fundamental de la ciudadanía que desde hace mucho tiempo viene demandando la necesidad de comenzar a emparejar la cancha.

En la actualidad, y desde hace décadas, la cancha de la sociedad chilena está desnivelada, se inclina sin contrapeso hacia un costado y queda a la vista que es desfavorable para las grandes mayorías que pagan las consecuencias de la aplicación de un modelo socioeconómico injusto y discriminador impuesto a sangre y fuego en la época negra de la dictadura e increíblemente prolongado hasta hoy.

La desigualdad es el origen y punto de partida de la violenta ola de delincuencia, narcotráfico y crímenes de todo tipo que azota a Chile, ocasionando angustia y temores a la población indefensa. Principalmente hay desigualdad de ingresos, ante la ley y de oportunidades, pero esta lacra también se expresa en los más diversos ámbitos de la vida nacional e impide a la gente sin recursos, sobre todo a los jóvenes, acceder a la posibilidad de desarrollar sus talentos y capacidades.

Desde la dictadura el país está en manos de los dueños del dinero, que son también los dueños de Chile. Por eso hay una minoría privilegiada que ostenta con soberbia una desmesurada concentración económica que contrasta con la pobreza y hasta las miserias de las clases populares. Al paso de los años el espiral de disparidades sigue en ascenso y ocasiona múltiples sombríos episodios.

En la cima  de los súper ricos está el clan familiar poseedor de medio Chile con una fortuna superior a los 30 mil millones de dólares que incluye el principal banco del país, un canal de televisión, gran parte de los recursos mineros y prósperos negocios en todo el mundo mercantil. Casi ni se notan los 17 millones de pesos que una universidad privada paga a una docente de extrema derecha que fue ministra del anterior periodo presidencial empresarial. Para la clase trabajadora el salario mínimo está congelado en insuficientes 500 mil pesos.

Los ricachones viven en amplias mansiones en las tres comunas más acomodadas del Área Metropolitana y perciben inmejorables ingresos multimillonarios. Al mismo tiempo, cientos de miles de pobres subsisten a duras penas hacinados en campamentos de tránsito, ejercen el comercio ambulante, su vida y su trabajo son informales y su único patrimonio lo constituyen la frustración, la impotencia y la desesperanza.

Hay aventajados grupos económicos que seleccionan los sectores más adinerados para construir o instalar nuevas cadenas de tiendas y supermercados o imponentes centros comerciales con sucursales en el extranjero. Con ello ni siquiera alcanzan a soñar los damnificados del mega incendio del verano pasado, que esperan por tiempo indefinido contar con una casa propia en cualquier ladera de cerro.

La crisis presupuestaria de la salud pública determina que en sus hospitales haya tres millones de pacientes en listas de espera, principalmente por una cirugía, y muchos mueren cada año sin recibir la atención médica requerida. Ello contrasta con la situación de los ciudadanos de primera clase que pueden pagar lo que se les pida en una clínica privada para que se les atienda en forma rápida y oportuna.

Las FF.AA. cuentan con su propio sistema previsional que les permite en corto tiempo robustas jubilaciones. Gozan del privilegio de estar fuera del sistema de AFP creadas por la dictadura para enriquecer a sus propietarios y que entregan pensiones de hambre a la tercera edad. La autoridad política nunca ha querido escuchar al masivo movimiento  “No Más AFP” y permite la irritante mezquindad  para los jubilados que mueren uno tras otro sin haber alcanzado nunca una pensión digna.

Al cierre del tercer trimestre de este año, la mayor venta de energía y la mejora en la situación hídrica ha significado  inestimables ganancias para las empresas eléctricas de carácter transnacional. Esas utilidades fueron obtenidas aun con apagones generalizados, como los de agosto, que costaron la vida a 3 adultos mayores electrodependientes que necesitaban ese servicio vital en distintas comunas de la Región Metropolitana.

De la desigualdad no hablan la derecha política ni el gran empresariado ni los grandes medios de comunicación controlados por la oligarquía, de los que únicamente sale una voz monocorde que es la expresión del modelo de la minoría opulenta. Sus cadenas de diarios de El Mercurio y Copesa desinforman con naturalidad e impiden al mayoritario mundo popular contar con la información necesaria y la verdad sin tapujos.

Los canales de televisión manipulados desde las sombras por el poder financiero presentan todos los días  terribles imágenes de hechos policiales y dejan de lado todo lo demás, salvo para darse un festín desde hace un mes con cada detalle del caso del ex subsecretario del Interior buscando sacar un aprovechamiento político. Pareciera que en Chile no hay vida sindical ni poblacional ni estudiantil ni otra cosa merecedora de alguna atención. No hay medios independientes y la desinformación del pueblo es absoluta.

Ciertamente la desigualdad social –se insistió en la Cumbre del G-20 celebrada en Río de Janeiro– trae consigo hambre  y pobreza, lo que tarde o temprano deriva en delincuencia y narcotráfico que están a un solo paso. Hay que combatirla cuanto antes, y no en la medida de lo posible, sino que con toda la convicción y fuerza acumuladas en tantos años de injusticias.

Hace largo tiempo que la ciudadanía viene demandando que un primer paso debe ser una equitativa distribución de las riquezas del país –según el esfuerzo y disposición de cada cual– entre todos y cada uno de los chilenos, asegurando una sociedad justa y solidaria. La igualdad es la mayor urgencia en el Chile de hoy.