Chile, Aysén: «represar» las represas, salvar el entorno natural y humano

Antonio Valencia*

Advierten “infracción manifiesta” a la normativa ambiental y falta de información clave. Duros informes fiscales contra proyecto HidroAysén.
Conaf y Dirección General de Aguas, entre otros, advierten que el Estudio de Impacto Ambiental también “adolece de información relevante y esencial”, idéntico argumento con que en 2007 la autoridad ambiental de la región rechazó la central en río Cuervo.

Las centrales hidroeléctricas que poderosas compañías multinacionales pretenden levantar sobre los paradisíacos parajes que rodean los ríos Baker y Pascua, en plena Patagonia, acaban de inundarse de críticas y, peor aún, de severas observaciones legales que estarían dejando al multimillonario proyecto con el agua al cuello.

Taxativa, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) advirtió que la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Aysén "es incompatible con la legislación vigente, con la condición de Parque Nacional Laguna San Rafael y con el objetivo de preservación de ambientes y ecosistemas", estableció el organismo como primera conclusión, pues la segunda fue algo así como una lápida.

A juicio de la Conaf, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado en agosto por HidroAysén "no cumple con la normativa ambiental vigente relativa a Parques Nacionales y a la legislación forestal", "no cumple con los requisitos para el otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial", y "carece de información relevante y esencial para la calificación ambiental", tres puntos clave que de acuerdo a la norma vigente "no son subsanables" mediante "Adendas", dato que en la práctica impide a la empresa rectificar las datos cuestionados.

No es todo. Tal como la Conaf, el informe evacuado por la Dirección General de Aguas también establece que el EIA presentado por la compañía "adolece de información relevante y esencial", idéntico argumento con que en marzo de 2007 la misma autoridad político-regional competente (Corema de Aysén) rechazó la central hidroeléctrica en río Cuervo

De acuerdo a lo que ese momento informó la Intendencia de Aysén -entidad que encabeza la Corema-, el EIA del proyecto de río Cuervo careció de "información relevante y esencial", asunto sancionado en el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), normativa que además castiga toda "infracción manifiesta a la normativa ambiental". Por si fuera poco, esto último fue lo que adicionalmente cuestionó la propia Conaf respecto de HidroAysén.

"Del análisis del EIA, en particular el plan de cumplimiento de la legislación aplicable –se lee en el documento de Conaf–, se concluye que existe infracción manifiesta de la normativa ambiental que rige para el Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Bernardo O’Higgins y Reserva Forestal Lago Cochrane, y para los ecosistemas forestales en el área de influencia". Más claro, echarle agua.

Lo clave, tal como ocurrió en río Cuervo, es que el artículo 24 del SEIA faculta a la Corema respectiva a no pedir aclaraciones o adendas a la empresa, permitiendo a la autoridad elaborar una documento consolidado que resuma los 24 informes de organismos públicos consultados (ver recuadro) y, en consecuencia, rechazar directamente el EIA.

Lo anterior, sin embargo, no significa que las centrales de HidroAysén, proyecto explícitamente respaldado en febrero de este año por el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, haya sido rechazado, sino que la empresa que, consultada por este diario, hasta ayer optó por silencio-, tendría que ingresar en fecha indeterminada un nuevo EIA.

Si así ocurre, el proyecto para generar 2750 megawatts de electricidad no verá la luz en los plazos previstos, pues para que no naufrague un eventual nuevo EIA, la empresa deberá corregir los cientos de reparos apuntados por los organismos fiscales que hoy entierran las represas.

Algunos entre los reparos al proyecto

– Dirección de Obras Hidráulicas: “El informe adolece de información clara relevante y esencial que permita: entender el proyecto, caracterizar correctamente las componentes ambientales, predecir y evaluar sus impactos y, en consecuencia, verificar que el Titular se haga cargo de ellos”.

– Seremi de Bienes Nacionales: “No es posible visualizar en su conjunto los impactos de las distintas obras del proyecto. (No se pueden) calcular impactos y superficie fiscal afectada por el proyecto. (La superficie fiscal afectada deberá regularizarse mediante algún acto administrativo correspondiente”.

– Conaf: “El proyecto es incompatible con la legislación vigente, con la condición de Parque Nacional Laguna San Rafael y con el objetivo de preservación de ambientes y ecosistemas. (…) Existe infracción manifiesta de la normativa ambiental que rige al Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Bernardo O’Higgins y la Reserva Forestal Lago Cochrane”.

– Dirección General de Aguas: “La cartografía presentada presenta errores (…) Existen dos obras importantes que han sido abordados de manera deficiente (…) Línea de base deficitaria en relación a hidrología, hidrogeología, sedimentos y calidad de aguas. La metodología no da cuenta en absoluto del valor de los recursos que afecta el proyecto”

– Sernatur: “(HidroAysén) debiera generar cambios significativos en la información proporcionada para evaluar este proyecto (…) este servicio se reserva el derecho de ampliar las consideraciones o exigencias específicas que el Titular debiera cumplir”.

* Periodista.
En www.lanacion.cl

Addenda

El infotrmador Econoticias (http://www.iepe.org/econoticias) informaba en términos concretos el viernes 10 de octubre: "Ministra Ana Lya Uriarte cuestionó las megarepresas de Hidroaysén", para agregar:

"La ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, expresó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Hidroayén no está a la altura de la envergadura de tales obras para la Patagonia(…) afirmó que ‘el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto HidroAysén no ha estado a la altura de la evaluación. La información entregada no resulta ser suficiente a la hora de hacer una evaluación ambiental de la magnitud del proyecto’".
…
"Consultada la Ministra sobre la situación actual del proyecto Hidroaysén contestó que hay dos caminos: o HidroAysén reformula su proyecto de EIA o la Corema Regional deberá pronunciarse ante la información insuficiente que se tiene por ahora.

(Por su parte) José Pablo Sáez, director regional de Conama, dijo que 32 servicios públicos, de un total de 36, manifestaron su "inconformidad" con el EIA presentado por HidroAysén en 12 de agosto, para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia".

La misma página informaba el ocho de octubre:

Denuncian a Hidroaysén por inicio ilegal de obras de represas en la Patagonia.

El Consejo de Defensa de la Patagonia y la Bancada Verde del Congreso denunciaron el inicio ilegal de obras de represas de Hidroaysén en la Patagonia

La organización Defensores del Espíritu de la Patagonia, miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia verificó el inicio de faenas por parte de Hidroaysén en el río Baker donde la empresa pretende construir 3 de las 5 megarepresas.

Según la organización, ya se están construyendo dos túneles de 4 x 4 metros y de más de 70 metros de profundidad han sido excavados utilizando explosivos. Los avances en la faena están a cargo de 80 operarios que trabajan en turnos de 20 x 10 días.

Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) denuncio que "Hidroaysén ya comenzó las obras, pese a encontrarse en pleno proceso de calificación ambiental", mientras el senador Guido Girardi exigió que "Las autoridades deben investigar y sancionar esta iniciación ilegal de faenas".

Patricio Rodrigo explicó que la obra en construcción correspondería al túnel de la sala de máquinas de las represas, constatando la información de los avances basándose en fotografías y planos presentados por la empresa.

"Se requiere de una intervención inmediata y enérgica para detener este atentado a nuestro patrimonio mientras no culmine el EIA", agregó Hernán Sandoval, presidente de Chile Ambiente, quien participó de la denuncia junto a Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, ambos miembros del Consejo de Defensa de la Patagonia.

Al respecto el diputado Marco Antonio Núñez calificó la situación denunciada como una "violación flagrante de la ley en medio del silencio cómplice de las autoridades""Sólo tienen autorización para mediciones topográficas pero no para realizar este atentado al Estado de Derecho de Chile", acusó por su parte el diputado Gabriel Silber, quien exigió que se suspenda la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental de Hidroaysén hasta que se aclaren los hechos.