Chile, burla interminable. – DESAPARECIDOS VUELTOS A DESAPARECER

Las informaciones de la edición del lunes 24 de abril de 2006 de Por la libre se leen bajo el siguiente epígrafe:

Mientras el gobierno de Michelle Bachelet, en representación de los chilenos y chilenas, no agote hasta el último recurso para sancionar administrativa y legalmente a todos los funcionarios públicos responsables de haber cometido perjurio en casos vinculados a crímenes de lesa humanidad, porlalibre.org mantedrá esta gráfica de los desaparecidos en apoyo a las acciones dirigidas a reparar los principios éticos y jurídicos vulnerados por el Estado de Chile.

La gráfica es la imagen que abre esta nota, a su izquierda, debajo del título.

Ni esa publicación –ni ninguna otra que hayamos leído– sitúa a la presidenta en medio del desaguisado. Fuera una idiotez responsabilizar de cualquier modo a la doctora Bachelet por este escándalo, acaso el mayor desde el pacto que permitió transitar de los días en que ni una hoja de movía sin conocimiento del procesado ex dictador, a la tutelada democracia que inauguró –es un decir– Patricio Alwyn elegido Presidente de la República.

La presidenta y los símbolos

Los labios apretados, el ceño adusto, la voz lenta, forzada para oírse normal de la primera mandataria al dar cuenta de los pasos a seguir permanecerán –deberían permanecer– como la imagen más significativa de los valores republicanos que se dijeron reconquistados al entregar Pinochet el mando. Como un símbolo.

Sólo que los actos pueden convertirse en símbolo cuando reflejan convencimientos y decisiones que circunvalan el ideario social. Salvador Allende es un símbolo porque su muerte –suicidio o no– expresa y encarna casi a 33 años de decidida, pese al silencio y la negación que rodea y pretende encarcelar su labor –ya no sólo como presidente, sino toda su tarea política como dirigente y parlamentario–, el arquetipo social que debe representar un conductor de pueblos.

El rictus serio de Bachelet, su tono grave

«Es mi decisión desarrollar un programa especial con el fin de saber exactamente la situación de las personas encontradas en el patio 29. Por eso he nombrado a una representante especial que va a responder ante mí, que lleve a delante y garantice tanto el apoyo a los familiares como el fortalecimiento y el desarrollo del Instituto Médico Legal…”

indica precisamente la capacidad de reacción que la ciudadanía sin duda esperaba y que es lo menos a que tienen derecho los asesinados y sus familiares sobrevivientes, convertidos hoy también en víctimas de un presunto «error técnico» del mencionado Instituto Médico Legal a cargo por ley de proceder a esas identificaciones.

María Luisa Sepúlveda, que trabajó en otros tiempos en la Vicaría de la Solidaridad –y cuya personalidad y actuaciones la hacen acreedora de confianza– fue designada por la presidenta para supervigilar y coordinar la investigación abierta.

El domingo 23 de abril el diario del Estado chileno La Nación publica un artículo referido a un filme de 1998, Fernando ha vuelto, de Silvio Caiozzi. En él se cuenta el proceso para averiguar la identidad de uno de los NN enterrados en el Patio 29 del Cementario General de la capital chilena, que resultó ser –se dijo– Fernando Olivares Mori.

A ocho años del estreno de la película se descubre que esos huesos no son de Olivares. Fernando ha vuelto a desaparecer. La primera desaparición fue en octubre de 1973, la segunda en abril de 2006.

Que el periódico del Estado haya publicado semejante crónica es un buen signo: el diario no lo es del gobierno de turno y si su responsable periodístico –Rodrigo de Castro, subdirector: La Nación carece de director– así lo entendió y las a veces evanescentes autoridades que «velan» –o celan– el quehacer informativo de los aparatos del Estado también, es algo digno de destacarse.

Una larga historia triste

No basta una nota periodística, empero, es necesario hacer luz sobre otros hechos que rodean el ¿error? del Servicio Médico Legal. En 1994 este organismo envió algunas muestras óseas a la Universidad de Glasgow, en Escocia, la que dos años después evacuó un informe puntualizando que por menos tres identificaciones no correspondían a los restos. Hoy se sabe que dicho informe o se ocultó o fue un fiasco del que el Instituto resulta cómplice.

Pamela Pereira, abogada e hija de un detenido-desaparecido presentó una denuncia ante la Corte Suprema por estos hechos en 2002. En julio de 2003 la Fiscalía Judicial de la Corte entregó los resultados de la investigación realizada. En ese documento se dice que si bien lo hecho por los peritos escoceses de la Universidad de Glasgow no fue concluyente, el Servicio Médico Legal tampoco actuó con la seriedad que correspondía.

En la época no existía en el país otro medio para lograr la identificación de restos óseos que análisis antropométricos y dentales, la tecnología del ADN no se había desarrollado; la razón de enviar 27 muestras de otros tantos cadáveres a Escocia se tomó en razón de que allí sí podían hacerse esos estudios. Para ello se pidió a los familiares directos –hermanos, hijos, padres– muestras de sangre y otras.

Recién en 1998 comenzó en Chile a implementarse un banco de muestras biológicas y en 2001 se firmó un convenio entre la Universidad de Granada, España, la Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Organización Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y el Servicio Médico Legal de Chile para proceder, desde marzo de 2001, en el Laboratorio de biología molecular del SML a realizarse exámenes de ADN mitocondrial.

Resulta cuando menos curioso que no se haya intentado –así lo indica al menos la información conocida– trabajar con peritos forenses argentinos. En ese país y desde hace largos años se realizan estudios de ADN precisamente para identificar cadáveres de detenidos/as-desaparecidos/as y la filiación de personas que, cuando niños o recién nacidos, fueron apropiados pos esbirros de la dictadura y crecieron convencidos de que los asesinos de sus padres eran sus progenitores.

El total de restos exhumados en el Patio 29 del Cementerio general ascendió a 128 cuerpos. El número de asesinados por personal de la dictadura –sea por tortura, fusilamiento, aplicación de la «ley de fuga» u otra causa– y el destino de sus cuerpos es todavía una nebulosa. Tampoco ha habido por parte de quienes fueron o son responsables de las investigaciones iniciadas a raíz del Informe Rettig mayor precisión sobre los nueve casos conocidos de mujeres que, al momento de ser detenidas, esperaban descendencia.

Uno de esos casos corresponde a Gloria Esther Lagos Nilsson, embarazada de tres meses cuando fue detenida en su hogar, asesinada en un centro de detención y torturas –todo indica que Cuatro Álamos– por Osvaldo Romo Mena y cuyo cuerpo aun no aparece.