“Tenemos que servir a los valores en los que realmente creemos, aunque solo lo podamos hacer en un ámbito pequeñísimo”.
(Hermann Hesse).
Toda institución pública ha sido creada con una concepción humanista y con un espíritu solidario. Su propósito ha sido responder a necesidades de los habitantes de nuestro país, para mejorar sus condiciones de vida, especialmente para quienes tienen menos recursos económicos. Su propósito esencial es servir.
Todos, de una u otra manera, hemos contribuido a su desarrollo y nos pertenecen a todos.
Desde hace 33 años, en nuestro país, el número de instituciones y empresas del Estado ha disminuido. Se han vendido o han desaparecido sin jamás haber consultado a la nación. Eran cerca de 850. Durante el gobierno dictatorial se enajenaron irregularmente 725 empresas con una pérdida para los chilenos de 6.000 millones de dólares.
El proceso de privatización ha continuado. Se han privatizado, o se les ha privado de los medios para invertir, se les ha impedido reinvertir sus propias utilidades. Incluso se les ha impedido extender sus actividades.
Chile es uno de los países que tiene un Estado más pequeño.
Todos los funcionarios de las empresas e instituciones del Estado y del gobierno son servidores públicos. Deben estar muy bien capacitados, con amplio conocimiento en el rubro de la entidad correspondiente. Las funciones deben ser realizadas con probidad. Esto implica el empleo eficaz e idóneo de los recursos y un recto ejercicio de su autoridad y responsabilidad.
Los servidores públicos no deben vender las empresas públicas sin la autorización de sus propietarios. Tienen el deber de informar periódica y completamente de las remuneraciones, gestión y administración de la institución pública que les corresponde. Todo ello sobre la base del privilegio del bien común.
El Estado cuenta con un reducido sector de empresas que son rentables y no constituyen carga para el erario fiscal. La producción en nuestro país es generada en el 80% por el sector privado y sólo el 20% por el sector público.
La incidencia e influencia del sector público en los países desarrollados es fundamental. Así fue también en la historia de Chile: empresas de acero, FFCC, cobre, puertos, agua potable, de electricidad, edificios y puentes que han perdurada más de un siglo, sistemas de salud, educación, de previsión…
En los países de Europa y Norteamérica se les protege. El Estado se reserva numerosas empresas para desarrollar una política social, por ser vitales, por que son monopolios y estratégicas para su progreso. Ello es causa y efecto del mayor desarrollo y mejores condiciones de vida.
No es admisible la privatización de los sistemas de previsión, salud, educación. Tampoco de Instituciones como la Universidad de Chile, Banco del Estado, CODELCO, ENAP, TVN. Y el Metro, el mar, bosques…
Todas ellas son parte de la Cultura y el Patrimonio Nacional.
Al vender o privatizar el patrimonio nacional se disminuye y se daña. También se afecta al no asumir la responsabilidad de su administración, al disminuir sus inversiones, su importancia y sus actividades.
Otro procedimiento es favorecer el desarrollo de iniciativas privadas paralelas que compiten con las empresas del Estado en condiciones más favorables que las empresas públicas. Es el caso del cobre: en el año 1990 la producción y exportaciones de las empresas nacionalizadas era más del 90 % del total y la privada el 10%.
En el año 2006 –habiendo aumentado en términos absolutos– la producción estatal cambia al 30% del total y 70% es controlada por empresas privadas. A pesar de ello CODELCO aporta mucho más recursos económicos al Estado de Chile que la suma de las empresas privadas.
En Chile ahora se concentra enormemente el poder económico; el ingreso y se acrecienta o se constituye el oligopolio y el monopolio. A tal punto que, en ocasiones, se independiza y tienen más poder que las estructuras del Estado.
Ejemplos:
– Dos grupos económicos controlan en la práctica el 100% de la prensa escrita de cobertura nacional.
– Tres cadenas de Farmacias controlan el 90 % del mercado de Fármacos.
– Dos empresas controlan el 70% de los cines de Chile.
– Las empresas del agua potable privatizadas controlan al 97% de todos los usuarios de Chile.
– Dos empresas de generación eléctrica, el 80% del mercado.
– Cuatro empresas de salud privada controlan el 75%.
– Cinco A.F.P. más del 90% de los fondos de pensiones.
Similar situación se produce con los supermercados, seguros, teléfonos, mercado lechero, empresas forestales, de celulosa y papel, transporte aéreo y terrestre, etc.
Manteniendo el Estado el control mayoritario de sus empresas, y por tanto su influencia en las decisiones determinantes, puede incorporarse capital privado.
Al disminuir unilateral y exageradamente los aranceles se ha desprotegido la producción y patrimonio nacionales. Con ello paralelamente se ha disminuido el ingreso fiscal.
Debe ser una política permanente del Estado, sus gobiernos y de todos los ciudadanos proteger y promover las artes, la industria y los productos chilenos tanto de la ciudad como del campo.
Debe ser iniciativa fundamental del Estado y sus gobiernos apoyar y promover a las empresas privadas: familiares, micro, pequeñas y medianas tanto rurales como urbanas (MIPYME), que proporcionan el 79,4% de los puestos de trabajo. Pero producen solamente el 17% de las ventas y menos del 2% de las exportaciones.
La protección y desarrollo del patrimonio cultural debe realizarse descentralizada y desconcentradamente. El gobierno puede privilegiar a las regiones para superar el centralismo santiaguino. Somos una nación constituida por muchos pueblos.
El propósito de este Comité Nacional es defender nuestro patrimonio natural y cultural, nuestras instituciones públicas, nuestras riquezas naturales de manera democrática, respetuosa y tolerante. Defenderlas con la participación activa de los ciudadanos. Un ejemplo lo constituye el plebiscito o consulta organizada por los ciudadanos sobre el intento de privatizar el agua potable, realizado en la Región del Bío-Bío donde participaron 136.783 personas. Consultas ciudadanas que ya abarcan 30 comunas del país: Santiago, Viña del Mar, Chillán, Los Angeles…
Creemos que con ello se interpretará el sentir y el derecho de las grandes mayorías del país.Todos los ciudadanos somos dueños de la riqueza natural y de las instituciones del Estado –que constituyen el patrimonio y cultura nacionales–; todos los ciudadanos debemos decidir qué se hace con nuestras propiedades.
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* Presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos.
econdeza@entelchile.net.
Addenda
Lista parcial de adherentes
Enrique Accorsi Opazo, ex presidente de la Asociación Médica Mundial; diputado
Héctor Acevedo Almonacid, académico U. Técnica Federico Santa María
Jorge Alarcón Méndez presidente. Centro de Orientación al Consumidor de Concepción
José Aldunate Lyon, sacerdote jesuita, profesor de Moral
Luis Aránguiz Gálvez, músico, folclorista
Neftalí Aravena Bravo, pastor, obispo Iglesia Metodista
Danilo Aravena Orellana, geógrafo
Danilo Aravena Ross, sociólogo
Marco Antonio Arriagada, médico cardiólogo
Mario Artigas, editor y escritor
María Isabel Arthur Nogueira, secretaria ejecutiva
Carmen Azócar, Galería El Caballo Verde
Andrés Aylwin Azócar, abogado
Marta Baldín Fernández, cientista política
José Balmes Parramón, Premio Nacional de Arte
Aníbal Barrera Ortega, periodista
Virineya Bertin Mardel, profesora UAM
María del Pilar Blanco Valencia, profesora,
Graciela Bórquez Kesler, orientadora
Emilio Bocazzi Campos, arquitecto
Roser Bru Llop, pintora
Patricio Búnster Briceño, coreógrafo
André Cabrolier Sanhueza, fotógrafo
Magaly Cabrolié Vargas, asistente social
Carlos Camus Larenas, ex obispo de Linares
Juan PabloCárdenas, director Radio Universidad de Chile
Edelmira Carrillo, asistente social
Luis Casado, profesor INT, Francia
Fernando Castillo Velasco, Premio Nacional de Arquitectura
Silvio Caiozzi García, director de Cine
Jorge Cisternas Zañartu, Agrupación Defendamos la ciudad
Nilda Correa Vives, escritora
René Cortázar Samaniego, Premio Nacional de Ciencias
Luis Cruz Salas, profesor
Juan Cuenca Berger, doctor en Filosofía
Jacques Chonchol Chait, profesor emérito, Universidad de la Sorbonne, París
Carmen Diaz Amigo, bióloga
Jorge Donoso Pacheco, periodista
Sergio Donoso Salgado, ingeniero
Alejandro Dorna, profesor, Universidad de Caen, Francia.
Ariel Dorfman, escritor
Patricia Dueñas, artesana
Humberto Duvauchelle, actor
Aristóteles España, escritor
Guido Eytel, escritor
Antonio Elizalde Hevia, rector de la Universidad Bolivariana
Myriam Espinoza Vergara, directora de Teatro
Hugo Fazio, economista
Mario Ferrada Aguilar, arquitecto
Patricio Figueroa, sociólogo
Emilio Filippi Muratto, periodista
Hernol Flores, dirigente sindical
Mario Galetovic Sapunar, contador
Roberto Garretón, abogado
Oscar González, economista
Angélica Gimpel Smith, economista
Rebeca Godoy, cantante
Lorenzo González Cabrera, escritor
Patricia González, profesora
Sergio Grez Toso, historiador
Alejandro Goic Karmelic, sacerdote, obispo
Jorge Gómez Aracena, profesor, Universidad de Málaga
Mario Gómez López, periodista
Jorge Gonzalorena Döll, sociólogo
Tomás González, sacerdote, obispo de Punta Arenas
Victor Gubbins Browne, Premio Nacional de Arquitectura
Pedro Guglielmetti, abogado
Isaías Gutierrez Vallejos, pastor metodista, obispo
Miguel Hechenleitner Hidalgo, licenciado en Arte
Martin Henríque Sauterel, ingeniero de investigaciones
Patricio Herman Pacheco, Agrupación defendamos la Ciudad
Pedro Holz, ingeniero
Adriana E. Hoffmann, presidenta Defensores del bosque chileno
Juan Imalín Paisil, dirigente sindical
Inti Illimani, músicos
Ramiro Insunza Figueroa, arquitecto
Jenia Jofré Canobra, educadora ambiental
Jorge Kaplán Meyer, médico
Milovan Kegevic, coordinador nacional de Sensibilízate
Ruth Kries, pediatra
Ricardo Larraín, director de cine
Rodrigo Larraín Contador, sociólogo
Marta Pilar Latorre, asistente social
Beatriz Levi, Premio Nacional de Geología
Miguel Littin, cineasta.
(Siguen los nombres).
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