Chile: educación pública – NECESIDAD DE UNA DISCUSIÓN NACIONAL

De acuerdo al presidente del Magisterio, Jorge Pavez, «si bien los miembros del consejo expresaron sus críticas respecto al modelo educacional», sus argumentos no fueron considerados en el documento final. Señaló Pavez: «Esto demuestra que existen personas que no están dispuestas a modificar la administración y financiamiento de la enseñanza, ni menos asegurar el derecho a la educación, ya que tendrían que tranzar con la libertad que impone el actual sistema económico».

Para Luis Toro, representante de los secundarios no fue un acto de irresponsabilidad dejar el Consejo. «Sería inconsecuente –puntualizó– continuar en este proceso, sobre todo cuando no hay voluntad política y académica para asumir los cambios estructurales que Chile necesita en esta materia». –Ni capricho, añadió Nicolás Grau, ex presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, que agrupa a los universitarios.

El documento del Bloque Social

Los representantes de las organizaciones ciudadanas puntualizaron que entregaban a la opinión pública –e instrancias de gobierno– un «documento preliminar» a modo de primer paso hacia la democratización del debate educativo, donde la participación ciudadana se convierte a su vez en parte fundamental de las soluciones a la actual crisis del sistema educativo.

Por qué. Indican que resulta de «vital importancia construir el Congreso Nacional de Educación Pública –para 2007– donde podamos profundizar nuestros análisis y propuestas. Se reconoce que la instalación de estas propuestas es un proceso gradual, derivado de la profunda transformación requerida».

Seálan que la ley orgánica constitucioinal de educaci´on –dictada por la dictadura y sostenida a lo largo de todos estos años por los sucesios gobiernos de la Consertación, «no sólo carece de legitimidad deliberativa, sino que además concretizó y validó el desmantelamiento de la educación pública (…) instalando una lógica donde ha primado la libertad de empresa en educación.

«La Reforma educativa en curso desde mediados de los años 90, también se caracterizó por procesos de exclusión ciudadana. Esta vez la visión técnica anuló las esperanzas y expectativas de participación de diferentes sectores de la sociedad. Por otra
parte, las autoridades pol’ticas no cuestionaron la legitimidad ni los efectos perversos de la LOCE ni de la Constitución Política dictadas durante la dictadura.

«La municipalización del sistema de educación pública significó el traspaso de los establecimientos a entidades sin competencias para la administración educativa, desligando al Estado de su responsabilidad histórica, lo cual implicó la segregación del
sistema. Del mismo modo, la provisión pública quedó sometida a la voluntad de la autoridad política local de turno».

Dicen, además: «El Estado chileno ha impuesto una desigualdad de trato al favorecer claramente a la educación privada, la cual sólo está sujeta a la regulación del mercado. Lo que es más grave aún, el Estado ha ayudado a financiar como parte de su gasto público a instituciones fundadas bajo el principio de lucro, lo cual es ajeno a la lógica de la educación pública».

Diagnóstico. «En los hechos, el debilitamiento de la educación pública –que permitió que surgiera un alto número de escuelas y liceos privados subvencionados por el Estado, que atienden ya a más del 40% la población escolar– agudizó la desigualdad educativa.

«Ha significado la existencia de diferentes calidades de enseñanza en función de los estratos socioeconómicos y, más aún, en la misma educación municipal, dependiendo de si se trata de municipios ricos o pobres.

«Se han transformado profundamente, también, lo que es aún más grave, los objetivos mismos de la educación de nuestro país, para responder a las necesidades de formación de recursos humanos para ese mercado.

Hoy la educación tiene una función meramente utilitarista, lo que ha significado que se haya ido instalando un nuevo concepto de calidad de educación, restringiéndose éste a una capacitación eficiente para producir los diversos tipos de capital humano con
capacidad para consumir y competir en la actual sociedad de mercado».

Agregan: «Las reformas curriculares y programas especiales desarrollados por los gobiernos de la Concertación para generar una educación de calidad no han tenido éxito. Lo objetivo es que hoy no existe una educación integral, y que la supuesta calidad
se establece sólo a partir de los peores o mejores resultados del SIMCE, que sólo dan cuenta de los rendimientos en determinados contenidos y competencias de algunas áreas del Currículo».

Un dato puntualiza la gravedad de la situación planteada: De esta manera, podemos concluir que: Dos tercios de los recursos gastados en educación en Chile, son administrados por instituciones privadas o provienen de fuentes privadas.

El cuadro, referido a dos sistemas de evaluación de uso internacional, habla por sí mismo.