Chile: el cónsul rebelde y a mucha derecha –como Piñera

Magalí Silveyra.*

Giulio Andreotti, siete veces Primer Ministro de Italia, hoy senador vitalicio, solía decir que “al pensar mal se comete pecado, pero se acierta” y es justamente esa frase la que viene a la mente tras conocer la actitud del cónsul italiano en Santiago, Pasquale Centracchio (izq.), que se negó en forma airada a entregar el certificado de ciudadanía del profesor de la Universidad Católica de Temuco Omar Venturelli Leonelli, asesinado en Temuco en 1973, pocos días después del golpe de Estado.

La importancia de tal certificado tiene que ver con el proceso que empieza esta semana en Roma contra el abogado y ex fiscal militar de Temuco, Alfonso Podlech Michaud (abajo, der.), acusado de haber firmado un documento en el que se establecía que el ítalo chileno Omar Venturelli, arrestado en 1973, había sido dejado en libertad. Sin embargo desde la detención se perdieron sus huellas y hay numerosos testigos que lo vieron torturado en la fiscalía militar.

Para la estrategia del abogado defensor de Podlech, Mauro Cusatelli, es fundamental negar la ciudadanía italiana de Venturelli: de este modo se objeta la competencia territorial de Italia para realizar un proceso por un crimen contra un ciudadano italiano. Y dado que los abogados deben recurrir a todas las artimañas legales para tratar de salvar a sus clientes, no se cuestiona el hecho de que el abogado prefiera no correr el riesgo de un juicio.

El profesional –y así lo ha expresado textualmente a diversos medios de prensa– teme el proceso porque “aparecerán torturas y eso, y los jueces populistas como se sabe, son impresionables y corro el riesgo de que me lo condenen”.

En caso de ser declarado culpable Alfondo Podlech podría ser condenado a cadena perpetua acusado de los delitos de “masacre, homicidio con agravantes y secuestro con el fin de extorsión”, como se lee en los documentos judiciales. Arrestado el 29 de julio del año pasado en España gracias a una orden de captura internacional en el ámbito de la Operación Cóndor, desde esa fecha es “huésped” de la principal cárcel de la capital italiana.

Por lo tanto, si la estrategia del abogado de Podlech se entiende, lo que no logra entenderse (o más bien, se entiende demasiado bien) es la actitud del cónsul italiano en Santiago, Pasquale Centracchio que ante la solicitud del certificado de ciudadanía hecha oficialmente en la capital chilena, por el responsable del patronato de la Confederación General de Trabajadores de Italia (Inca CGIL), Mario González (por petición expresa de la viuda de Venturelli, Fresia Cea) no solamente se negó a entregar dicho certificado, sino que, furibundo señaló que la documentación de Venturelli Lionelli “no se mueve de mi oficina por ningún motivo” y que, para hacerlo “tendría que recibir una orden personal del ministro del Interior italiano”.

Esta frase asimismo denota poco conocimiento de la institucionalidad del país que representa, ya que si bien Centracchio, no es un diplomático de carrera, sino un funcionario administrativo –porque al parecer el gobierno italiano considera la Embajada de Italia en Chile de segunda categoría–, debería saber que si necesita autorizaciones especiales (¿para un documento público?) éstas jamás provendrían del ministro del Interior, sino del de Justicia, a través de los organismos oficiales de la Cancillería.

¿O será que la actitud del cónsul se mueve en línea con la del candidato Sebastián Piñera que en una reunión con unos 500 militares en retiro había manifestado que "en nuestro gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes están en servicio activo o en retiro, sin arbitrariedades, en forma oportuna, sin mantener procesos ad aeternum que nunca terminan".

Olvida, probablemente el “Belrusconi chileno” que hubo un periodo en que ciertamente los procesos no eran eternos. No existían y se asesinaba sin más ni más.

Alfonso Podlech Michaud es el primer chileno juzgado en el extranjero por delitos contra los derechos humanos en un proceso que pretende enjuiciar a ciento cuarenta militares de diversos países latinoamericanos. Entre los acusados hay otros 22 chilenos –civiles y militares– considerados responsables de los asesinatos de Juan Bosco Maino Canales, Juan José Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.

El sumario se abrió a partir de la denuncia, en 1998, de algunos familiares de desaparecidos, y como a la denuncia original se fueron agregando otras, se investigaron muchos otros episodios. Durante estos años el fiscal Giacarlo Capaldo no solamente ha recogido centenares de testimonios de víctimas de la represión en los países latinoamericanos señalados en el sumario (Chile, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia), sino también ha estudiado el material de los diferentes procesos que se han realizado en otros países tanto latinoamericanos (Chile, Argentina, Uruguay), como europeos (Italia, Francia y España).

En numerosas entrevistas, el fiscal ha aclarado que las responsabilidades comprobadas se refieren a los militares encargados de tomar las decisiones, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, por ejemplo los responsables de los centros de detención clandestina, es decir las personas que de un modo u otro podían decidir el destino final de los prisioneros, y también quienes participaron personalmente en las operaciones de represión.

Dicha responsabilidad, y este sería el caso de Podlech, abogado y fiscal en Temuco, no deriva solamente del rol que estos miembros de las Fuerzas Armadas tenían al interior de los aparatos de seguridad del régimen militar, sino de las responsabilidades específicas demostradas gracias a declaraciones de torturados que se salvaron y pudieron rendir importantes testimonios.

El juez Capaldo está convencido de que el “sistema” como denomina a la Operación Cóndor se creó en 1974, y se estructuró definitivamente en 1975 cuando se realizó la primera reunión propiamente tal, que tuvo lugar justamente en Chile. Según las pesquisas realizadas en diversos países latinoamericanos, dicho “sistema” se habría desarrollado prácticamente sin interrupciones, aunque en modo diverso y con estrategias diferentes hasta la segunda mitad de la década del 80.

* Informe desde Roma de Nicolò Aldobrandini.