Un espectrómetro de masas, – sofisticado instrumento que permite identificar los diversos metales contenidos en un embarque de mineral – , posee un valor estimado en 60.000 dólares cada uno. Si las autoridades de Chile se inquietasen de qué se exporta como “concentrado de cobre” a través de cinco puertos principales del norte y centro del país, bastaría destinar unos 300.000 dólares para comprar cinco espectrómetros.
Distribuyéndolos uno por cada puerto de embarque, evitaríamos la salida de una inmensa cantidad de otros metales, infinitamente más valiosos que el cobre o la plata con que suelen ir mezclados, bajo el rótulo de “concentrado”. Los metales en bruto contenidos en los embarques, – que cubren casi toda la tabla periódica de elementos que conocemos en la química –, en su mayoría poseen un valor mercado muy superior al del cobre.
Así, procediendo de la manera descrita, vendemos a bajo precio una carga valiosísima que nuestros compradores luego refinan, obteniendo una utilidad práctica y ganancias infinitamente superiores a las que obtenemos del sueldo de Chile.
El cobre refinado, vendido en barras o cátodos, es el que emana de las antiguas refinerías de Codelco, empresa estatal generada luego de la Nacionalización del Cobre materializada por el Presidente Allende en 1971, ejerciendo un derecho que la Organización de Naciones Unidas reconoce en su Resolución N° 1803 de 1962.
Por el contrario, son las numerosas empresas mineras privadas, generadas a partir de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras impuesta por la dictadura militar-empresarial en 1982, las que a precio vil regalan la riqueza minera del país a los países compradores con el rótulo ideológicamente falso de concentrado de cobre, lo que después de su refinado les permite vender a muy buen precio en el Mercado Mundial los metales no detectados en el país de origen.
Expuesto de otro modo, podemos ratificar que, como economía complementaria y subordinada a los intereses de las grandes potencias, contribuimos a su mayor capitalización descapitalizándonos, es decir, asumiendo un triste rol de colonia.
En un país donde no se llama a concurso público bajo condiciones impuestas por un Estado verdaderamente soberano, la explotación del litio por ejemplo, se negocia entre conocidos para finalmente dejar este recurso, contrariando el interés nacional, en manos del gran corruptor y financista de la política Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet.
Ponce Lerou, desde los tiempos dictatoriales dueño de Soquimich y luego del Banco Penta, el “banco de empresarios para empresarios”.
En síntesis, los bienes públicos, minerales, la fauna marina, el agua, forestales o energéticos y entre ellos también el de la información, pierden ese carácter al quedar – una vez privatizados –, a merced de los vaivenes del libre mercado, convertidos todos en mercancía rentable para privados del país y de las empresas trasnacionales.
Estamos ante una tremenda falta de probidad de nuestro Estado Nacional, que sometido a la Constitución impuesta por la dictadura permite el libre juego del mercado, la desregulación y las limitaciones de la subsidiariedad, permitiendo la mantención de un expolio de recursos, derechos y beneficios, de sumas infinitamente más elevadas que la calculada por la emisión de licencias médicas fraudulentas.
Otro tema real parece sacado del teatro del absurdo: las denuncias hechas desde Contraloría General de la República respecto del abuso de 25.000 licencias médicas, muchas compradas y por ello fraudulentas, para destinarlas a encubrir salidas al extranjero que incluyen pasantías, cursos completos y, por cierto, turismo.
Muchas de ellas empleadas por funcionarios de confianza, en cargos administrativos de nivel
superior o medio, en ministerios, superintendencias o municipalidades y hasta en cuerpos policiales, militares y del Poder Judicial.
El resultado es la creciente indignación de un sector de la ciudadanía aún atento, frente a la desidia para combatir estos abusos, dado que el propio Ministro de Hacienda señaló que esta tendencia crecía desde hace varios años y hay cifras contundentes de su especial crecimiento en los años 2023 y 2024.
Todo lo que se hace mal, siempre es útil al enemigo. 
La derecha, principal corruptora de nuestra institucionalidad, de manera oportunista, habla desde un falso nivel de moralidad, aprovechando para promover la continuidad de su política de desmantelamiento de las instituciones, capacidades y responsabilidades del Estado que iniciara durante la dictadura.
Sus candidatos, admiradores de Milei y de Donald Trump, hablan de reducir el número de funcionarios públicos, eliminar o fusionar ministerios, o sea reducir la capacidad fiscalizadora para atacar los abusos a tiempo y castigar a los abusadores.
Los abusadores no son los trabajadores modestos que hacen el trabajo de los ausentes, cuya responsabilidad hace funcionar las instituciones, recibiendo remuneraciones magras que jamás, aún con una licencia médica justificada, les permitirían siquiera vacacionar dentro del país.
El tema ha puesto también en evidencia que en este escenario nacional absurdo y neoliberal, hay Subsecretarios, Jefes de Servicio o asesores que perciben del Estado sueldos superiores a los de un Ministro de Estado o del propio Presidente de la República.
Esto es el resultado de la corrupción moral de aquellos que en vez de asumir una función pública para servir al país, la ocupan para servirse del país. Para el derroche personal de recursos públicos destinados a servir a sus legítimos dueños, es decir a todos los chilenos.
Buena parte de este fenómeno tiene su origen en el casi olvidado Caso MOP-Gate, en el que se descubrió que altos funcionarios de Gobierno, especialmente asesores, recibían sueldos extras, entregados en sobres. No declarados, dejaban esas cantidades exentas del pago de impuestos a que está sujeto el conjunto de trabajadores del país.
Antes de que ese delito hiciera caer al gobierno, acudió – raudo – a La Moneda, Pablo Longueira para negociar con el Presidente Ricardo Lagos (socialista “democrático” amado por los empresarios y respetado por toda la alta dirigencia de la derecha, desde el finado Agustín Edwards), una solución.
La “solución” consistió en duplicar esos sueldos, a fin de retener a los profesionales más capaces, equiparando sus rentas con las que pudieran percibir en el sector privado. Así se fomentó mucho más esa vocación de servicio público que atrae a tanto joven talentoso en nuestros días.
Hace quince años que conocemos el avalúo, en pesos chilenos, de las dietas parlamentarias y de mandatarios de América Latina, de modo que haciendo la debida comparación: en Chile disponemos de los legisladores más caros de todo el continente. 
A diferencia de aquellos que ejercieron antes del golpe de Estado… se trata de personas rodeadas de una tremenda corte de aduladores que fungen bajo el nombre de asesores, carentes de experiencia y elevados a esa función por nepotismo o amiguismo.
En síntesis, hay despilfarro de recursos no solo en el bullado tema de las licencias médicas fraudulentas, sino en la contratación de un personal innecesario, mientras faltan funcionarios que atiendan consultorios, policlínicos y hospitales públicos, fiscalizadores en la Inspección del Trabajo, en Impuestos Internos, Aduanas, Contraloría General de la República, Superintendencia de Salud, SERNAGEOMIN o policía suficiente para garantizar la protección de la población ante el creciente aumento de la violencia delictual.
El absurdo se hace presente una vez más cuando Javier Etcheverry, el saliente e impresentable ex Director del Servicio de Impuestos Internos SII, se queja de que “el Estado no tiene el monopolio de la fuerza” y menciona la presencia de mafias en sectores como Lo Valledor, inmediaciones de la 
Vega Central y del Terminal Pesquero, donde se “comercializan grandes cantidades de productos” y “…todo es negro”.
Etcheberry lamenta que a esos lugares no puedan presentarse los fiscalizadores del SII porque los corretean a balazos, empleando este hecho como fundamento para afirmar que “el Estado no tiene el monopolio de la fuerza”.
Estas opiniones, provenientes del Jefe de un Servicio Público, provocan un inevitable debate entre parlamentarios que atacan al gobierno y los que tratan de excusarlo. Olvidando que las denuncias de los representantes de gremios de funcionarios de esa y otras instituciones fiscalizadoras fueron ignoradas por largo tiempo.
Este es otro caso de la desfachatez con que suelen actuar quienes formando parte de la casta, una vez descubiertos en sus faltas comienzan a descargarlas en la institución que les tocara dirigir.
Estamos pues, ante otro ejemplo de Estado fallido, que permitirnos comprender que aquí no se trata de unas superficiales “reformas al sistema político”, como las que se intenta implementar con el concurso de la derecha, del centro político y parte de la pseudo izquierda y que no pasan de ser un intento de reformas con objetivos electorales.
Se trata de agilizar los trámites empresariales para iniciar explotaciones que vulneren las actuales normas de impacto medioambiental; bautizándolas con el ridículo nombre de “permisología”.
Por esas razones emplazamos a la señora Contralora General de la República a extender su función fiscalizadora al Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y COCHILCO, para controlar las exportaciones de concentrado de cobre y salmuera de litio.
Para conocer la composición de los embarques mineros que salen de nuestro país y el real avalúo de lo que exportamos. Evitando el saqueo – por pérdida fraudulenta – de una riqueza que se estima en montos cifrados en cientos y aún miles de millones de dólares anuales, que podrían mejorar la vida de todos los chilenos y financiar debidamente tantas instituciones carentes del financiamiento adecuado.
La falta de control acerca de los recursos mineros exportados, representa montos muy superiores a la cantidad defraudada al país por el no pago de contribuciones o el uso doloso de horas de licencia médicas que escandaliza, con toda razón, al país en su conjunto.
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