Chile: El imperio de la estafa y el cohecho/Colusión contumaz del Grupo Matte

Paul Walder - Manuel Salazar Salvo

Paul Walder afirma que 2016 fue un periodo de confirmación y consolidación de la crisis de las elites que controlan las decisiones y el curso de las vidas de los chilenos, mientras Manuel Salazar investiga sobre la colusión por los pañales desechables autodenunciada el año pasado por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), que ha expuesto una vez más la desmesurada voracidad del Grupo Matte. Ambos informes de Punto Final.

El imperio de la estafa y el cohecho

Paul Walder| El año 2016 es un año para olvidar desde los espacios políticos, económicos y sus nefastos efectos sociales. Es también un periodo de confirmación y consolidación de la crisis de las elites que controlan las decisiones y el curso de nuestras vidas. El modelo de mercado, cuyas luces comenzaron a apagarse ante una ciudadanía inicialmente encandilada en las décadas pasadas, hoy es un orden cristalizado y fracturado que ha instalado una atmósfera crepuscular.

No sólo han sido condiciones para su deterioro y desprestigio las estadísticas y la visión de la desigualdad en el reparto de la riqueza, el poder y los placeres, sino, por si todavía quedaran dudas, la profusión de trampas y delitos de rufianes perfumados de cuello y corbata. Este proceso, que emergió desde finales de la década pasada, ha decantado hasta confundirse como parte estructural de un orden cuyo rechazo sólo es superado por el desprecio a la clase política. Las elites, que se cruzan en una trenza entre economía y política, marcaron durante el año pasado nuevos hitos históricos de repudio.

Tras el escándalo de colusión de los pañales para guaguas, que cerró el año tal como el papel tissue hizo lo suyo en 2015, la percepción hacia las empresas y sus gestores continúa marcando niveles mínimos. Un sondeo de Cadem publicado el 26 de diciembre reveló que el 84 por ciento de los consultados estima que las grandes empresas privadas abusan de los consumidores, proporción mucho mayor a la atribuida al sector público o a las pymes. A la pregunta de si el abuso es aislado o una práctica habitual, un 87 por ciento considera que es algo constante.

Una serie de otras preguntas nos confirma esa percepción de habitualidad que tiene la ciudadanía ante un abuso que cruza desde la economía a la política. Porque se trata de una continuidad que no da tregua. Pero hay, sin duda, algunos que han permanecido intactos en la memoria: de todos los casos que han afectado la confianza ciudadana en las empresas, el más grave para las personas es el cartel de las farmacias, con un 38 por ciento de las menciones, evento seguido por la serie de episodios de corrupción política y empresarial. Tras el cartel de los medicamentos, las personas espontáneamente mencionaron el caso Caval, SQM y Penta.

De los pollos a los pañales

El año 2016 se inició en la escena económica con el escándalo de la colusión entre las tres grandes cadenas de supermercados para acordar los precios de la carne de pollo. Durante los primeros días de enero pasado saltó a la luz pública un nuevo acuerdo ilegal en el mercado de la carne de ave, una continuidad al cartel de los productores detectado un par de años antes que confirma la percepción de la ciudadanía en cuanto a que estos abusos son una práctica habitual. En esta oportunidad, las tres principales cadenas de supermercados, que concentran el 90 por ciento de estas ventas, se concertaron para manipular los precios de la carne de pollo durante al menos cuatro años, delito por el que la Fiscalía Nacional Económica pidió una multa superior a los 22 millones de dólares. Un año atrás la autoridad del rubro había condenado a las tres principales empresas productoras de este alimento a pagar una multa superior a los 50 millones de dólares.

2015 terminó con la gran colusión del papel higiénico, un escándalo de proporciones en el núcleo oligárquico-empresarial que detonó la renuncia de un cabizbajo Eliodoro Matte a la presidencia del CEP y de la Papelera. Tras una gran pirotecnia comunicacional, porque el tiempo en Chile es capaz de esconder y conducir al olvido aberraciones y delitos de grandes proporciones, vestiduras rasgadas y toda gama de lamentaciones y condenas, todavía no se sanciona con cárcel efectiva los delitos contra los consumidores.

Así fue como en junio pasado un juzgado de Santiago rechazó admitir a tramitación la querella interpuesta en contra de las empresas papeleras CMPC y SCA Chile por colusión en el mercado del papel tissue, hecho que se extendió, según las investigaciones, por más de diez años con una grave lesión económica para toda la población. En la resolución, la magistrada rechazó admitir a tramitación la causa por considerar que los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica “no son constitutivos de delitos, al no existir en el ordenamiento penal chileno una sanción específica para conductas colusorias”.

La colusión no está penalizada en Chile. Sólo hay multas y otras sanciones menores. La Fiscalía había recurrido, tal como lo hizo en el caso farmacias, al artículo 285 del Código Penal para penalizar a los ejecutivos que urdieron esta nueva estafa masiva, obteniendo sin embargo los mismos y nulos resultados. Aquel texto, que sanciona a quienes por “medios fraudulentos” alteren el “precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación” no corresponde aplicarlo en este caso.

Tras este contundente dictamen, nuestra conclusión y la de los millones de consumidores es que en Chile las empresas pueden acordar las cuotas de mercado y precios impunemente. Las ganancias serán siempre mayores a las multas. Una gran noticia para las grandes corporaciones y una pésima señal para los consumidores. La colusión, y esto lo piensa todo el país como registra el sondeo de Cadem, no es un hecho aislado sino una práctica habitual estimulada por su impunidad.

Pirámides, estafas y otras innovaciones

2016 tuvo una innovación en los fraudes y estafas cometidos por el sector privado. No todo este espacio estuvo copado por grandes corporaciones, sino que se extendió a especuladores y truhanes de poca monta. Las estafas piramidales, un poco olvidadas, regresaron a la agenda noticiosa con intensidad y profusión. A la inicial de AC Inversions se le sumaron durante el año los fraudes de Alberto Chang y Rafael Garay, ambos casos en pleno desarrollo.

Estos tres lances reproducen un fenómeno en alza, que es propio de nuestros tiempos extremos. Los montos involucrados, la cantidad de personas afectadas, su perfil social, el mecanismo para captar ilusos y el destino de sus ahorros son factores que no pudieron haber ocurrido en otras épocas. El fuerte crecimiento de estas sociedades ilegales, que actúan ante una autoridad que hace la vista gorda, sólo pudo haber ocurrido en nuestra actual realidad. No sólo por la masificación de las tecnologías de la información y las redes sociales, sino por la financierización de la sociedad, el acceso a créditos fáciles y la fruición por el dinero rápido. La estructura piramidal de este negocio es también una metáfora del modelo neoliberal que aplasta y comprime a la sociedad chilena. Arriba la concertación del poder, la crema del negocio y timadores disfrazados de emprendedores. En la base, los productores, trabajadores, consumidores y otros exprimidos.

En esta línea, la estafa de Rafael Garay tuvo características especiales como fenómeno mediático y también como pieza de la educación privatizada. Pudo ser el crimen perfecto, si los números lo hubieran acompañado, apoyado en piezas clave de nuestra sociedad neoliberal: las finanzas, los medios y las universidades privadas, donde el estafador era un connotado profesor con tribuna abierta en la televisión.

Corpesca en el corazón de la DC

La trenza política y económica está contaminada. Los fraudes y estafas no corren por carriles separados, sino se cruzan y fusionan. El caso SQM de boletas falsas ha seguido su curso, una pista hedionda en la que compite Corpesca, que desde el financiamiento ilegal de parlamentarios de regiones del norte del país, representados en la figura del senador formalizado Jaime Orpis, se expande al sur hasta la región de Aysén y al corazón de la Democracia Cristiana por la vinculación del senador Patricio Walker con pagos ilegales provenientes de la industria pesquera a la candidatura del diputado Iván Fuentes.

El fiscal que lleva esta causa ha buscado vínculos entre el ex gerente de Corpesca, el procesado Francisco Mujica, con el imputado en este mismo proceso, Luis Felipe Mondaca, de Asipes, a raíz de la tramitación de la Ley de Pesca. En las investigaciones los vínculos con la pesquera también han llegado al ex senador DC del Bío Bío, Hosain Sabag, imputado igual que el dirigente de Asipes.

Pero el caso sigue más al sur y hacia el fondo y núcleo oligárquico de la DC, con investigaciones contra Fipes (la agrupación de empresas de pesca austral) que indaga pagos solicitados a un empresario por el senador DC Patricio Walker en beneficio del ex dirigente pesquero y hoy diputado cooptado Iván Fuentes.

Walker quiere cerrar este capítulo a toda costa, un evento que de paso derribó las aspiraciones presidenciales de su hermano Ignacio. Junto con alegar que ha olvidado números, encuentros y perdido todos sus emails, a comienzos de diciembre a través de su abogado, el influyente Jorge Bofill, solicitó el sobreseimiento definitivo del proceso, el que fue rechazado el 22 del mismo mes por el Juzgado de Letras y Garantía de Coyhaique. La última semana del año, el mismo letrado solicitó a la Corte de Apelaciones de Coyhaique revocar el rechazo al sobreseimiento. Esta resolución mantiene la investigación sobre la responsabilidad del senador DC en la gestión de aportes irregulares de las empresas Friosur y Desarrollo Pesquero de Chile a la campaña de Iván Fuentes. Tal como SQM, que expande sus detritus a figuras fuera de la NM como Marco Enríquez-Ominami, o Caval, que aúna nuevos antecedentes a casi dos años de su estallido, Corpesca también llevará su putrefacción hacia 2017.

TAG, salmones y el inefable Ejército de Chile

Hacia el tercer trimestre del año las cifras oficiales de rentabilidad de las empresas concesionarias de las autopistas lograron dar otro golpe a la credibilidad en el modelo de libre mercado. De paso, se conocieron contratos con seguros a todo riesgo firmados por las grandes corporaciones durante los gobiernos de la Concertación. En suma, las carreteras privadas inauguradas desde las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en adelante han otorgado a sus felices dueños rentabilidades de hasta catorce veces sobre el capital invertido, todo a cargo de los usuarios, que pasan cual borregos diariamente por las plazas de peaje y los portales del TAG.

Estos contratos, firmados bajo gobiernos entregados a las grandes corporaciones son, además, indelebles. Nada puede cambiarlos. Ello fue ratificado durante noviembre por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, al admitir que pese a las exorbitantes ganancias de las autopistas concesionadas, el Estado de Chile, representado por los gobiernos de turno, no puede hacer nada por modificar las condiciones en las cuales los gobiernos pasados, en especial de Frei y Lagos, ataron unos convenios bien coimeados, ya se sabe, entre inversionistas internacionales y los millones de obligados usuarios.

La industria salmonera, regalona de los distintos gobiernos de la Concertación, cometió el año pasado uno de sus peores crímenes contra el medioambiente y las comunidades. Tras sufrir la mortandad de millones de peces, descargó los residuos al mar frente a las costas de Chiloé, provocando una crisis sanitaria y social de grandes proporciones desatendida por el gobierno. Es un simple botón de muestra de los desequilibrios del poder y de la magnitud ilimitada de los abusos.

La guinda de esta torta tóxica la puso Codelco, como víctima de la Ley Reservada del Cobre. Tras el Milicogate, revelado hace ya más de un año a través de los multimillonarios recortes a las ventas de cobre que han ido a parar a los bolsillos de oficiales y tropas y al casino Monticello y moteles en Miami, la factura la ha pagado Codelco, que reveló tener sus arcas vacías de tanto pasarle dinero a las Fuerzas Armadas. La cuenta final la hemos pagado todos. Durante diciembre se acordó un aporte fiscal a Codelco para equilibrar sus pérdidas por Ley Reservada.

Esta es una pequeña reseña de un país que se dirige de forma veloz, directa y muy dedicada a su destrucción. La clase política, absolutamente enredada en estos escándalos, nunca se enfrentará a sus propios amos.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 868, 6 de enero 2017.

Anexo 1

Colusión contumaz del Grupo Matte

Manuel Salazar Salvo|La colusión por los pañales desechables autodenunciada el año pasado por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) ante la Fiscalía Nacional Económica, y conocida recién a mediados de diciembre de 2016, ha expuesto una vez más la desmesurada voracidad del Grupo Matte, uno de los más influyentes del país y que hoy extiende sus tentáculos por todo el continente.

Varios de los principales miembros de la familia Matte integraron el directorio de CMPC Tissue, filial de la Papelera -que participó anteriormente en la colusión del papel higiénico y ahora de los pañales-, en conjunto con uno de sus competidores en el negocio, la estadounidense Kimberly Clark.

El empresario Eliodoro Matte Larraín presidió el directorio de CMPC Tissue casi desde su formación en 1999, manteniéndose en el cargo hasta 2010, cuando fue reemplazado por el ex gerente general de las empresas CMPC, Arturo Mackenna Iñiguez, quien dirigió la emblemática compañía de los Matte durante 24 años.

El directorio de cinco miembros de CMPC Tissue, dueña de las marcas Confort, Nova, Ladysoft, Babysec, Noble y Elite, estuvo integrado por varios de los más conspicuos miembros del Grupo Matte: Bernardo Matte Larraín, Bernardo Larraín Matte, Arturo Mackenna, Gonzalo García -ex secretario general del holding-, Hernán Rodríguez Wilson -gerente general del Grupo- y Jorge Hurtado Garretón.

La Fiscalía Nacional Económica ha sostenido que la colusión por el papel higiénico entre CMPC Tissue y la ex PISA, actual SCA Chile, partió en 2001 y se mantuvo hasta 2011. En tanto, la de los pañales se prolongó entre 2002 y 2009.

En la autodenuncia ante la FNE, la CMPC afirmó que en la gestación y desarrollo de la colusión por los pañales cumplió un rol determinante Gonzalo Eguiguren Correa, gerente general y accionista menor de Kimberly Clark Chile. Eguiguren presidía desde 2012 la administradora general de fondos LarraínVial Asset Management, cargo al que se vio obligado a renunciar a fines de diciembre ante el escándalo producido por la colusión de los pañales. Eguiguren también había sido, entre el año 2002 y el 2008, parte del directorio de la ex D&S, matriz de los supermercados Líder, propiedad del grupo Ibáñez. Además participó en el directorio de Películas Metropolitanas S.A., donde compartió en 2005 con Gonzalo Lira, José Miguel Barros y Nicolás Ibáñez y también en Magallanes S.A., donde integró directorio en 2004 con Nicolás Ibáñez, Fernando Larraín, Cristóbal Lira y Juan Pablo Vega.

Familias “ilustres”

Eguiguren Correa pertenece a una de las familias más connotadas de la alta sociedad criolla. Su padre, Gonzalo Eguiguren Hodgson, fue dirigente del partido Renovación Nacional y durante décadas el consejero más cercano de Sergio Onofre Jarpa, líder de la derecha desde fines de la década de los 60, furibundo opositor de la Unidad Popular y del presidente Salvador Allende, y ministro del Interior de la dictadura militar a mediados de los años 80. Eguiguren Hodgson está casado con Consuelo Correa Saavedra, vicepresidenta de la Fundación Paternitas, dedicada a la rehabilitación de personas que han cometido delitos, y a quien en julio pasado el cardenal Ricardo Ezzati condecoró con la Cruz del Apóstol Santiago. El matrimonio Eguiguren Correa tiene 11 hijos, 49 nietos y doce bisnietos.

Una de sus hijas, Consuelo Eguiguren Correa, está casada con Cristóbal Lira Ibáñez, ex subsecretario de Prevención del Delito en el gobierno de Sebastián Piñera, y compañero habitual de Gonzalo Eguiguren Correa en directorios de los negocios de la familia Ibáñez. Tanto los Matte como los Eguiguren son católicos fervientes y ayudan a financiar las actividades en Chile de los Legionarios de Cristo.

Los Eguiguren son, además, integrantes de la Fundación Arturo Irarrázaval Correa, creada en 1920 para ayudar a los liceos técnicos profesionales y que en la actualidad es la más rica del país, con un patrimonio cercano a los 300 millones de dólares. En los últimos cuatro años, los resultados de la fundación variaron entre los cinco mil millones y los siete mil millones de pesos. Los siete directores son Juan de Dios Vial Larraín, ex rector designado de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales; su hijo Aníbal Vial Echeverría, ex rector de la Universidad Santo Tomás; Arturo Yrarrázaval Covarrubias, ex decano de Derecho de la UC y antes de la Universidad de Los Andes; Bruno Philippi Irarrázaval, ex presidente de la Sofofa; Manuel José Zegers Irarrázaval, socio de la corredora de seguros Finco; Juan Hurtado Vicuña, accionista de Entel, Consorcio y Pucobre; y Felipe Astaburuaga Echeverría. Todos son descendientes del fundador o están casados con sus parientes. Tres son vitalicios: Vial Larraín, su hijo Aníbal y Arturo Yrarrázaval, quienes reciben dieta de por vida.

Estos vínculos familiares y sociales ayudaron a Gonzalo Eguiguren Correa a llegar a la presidencia de una de las filiales de la corredora de fondos VialLarraín, compañía que en septiembre de 2014 fue multada por la Superintendencia de Valores y Seguros con 8,18 millones de dólares por transar acciones de las sociedades “cascadas” de Julio Ponce Lerou, propietario de Soquimich, mediante mecanismos engañosos o fraudulentos.

El caso de los pañales

En 2013 se vendieron en Chile más de 858 millones de pañales de niños, tres por ciento menos que lo transado en 2012. Ese mismo año se comercializaron unos 93 millones de pañales para adultos. Todos estos productos son fabricados por CMPC, Kimberly Clark y SCA. Se espera que en los próximos años siga bajando la venta de pañales para niños porque las tasas de natalidad están disminuyendo, y que suban las de pañales para adultos pues el país envejece rápidamente. Desde 2008 estos pañales se encuentran en supermercados e hipermercados, canales que reportan más de la mitad del total de ventas. Hasta hace poco los pañales para adultos se encontraban sólo en farmacias y tiendas especializadas. El volumen de ventas da cuenta de la magnitud de las ganancias obtenidas por la colusión de CMPC y Kimberly Clark.

CMPC Tissue S.A esta dedicada a la elaboración de productos de papel para el mercado de consumo masivo e institucional. Vende estos en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia y México, países donde dispone de instalaciones industriales propias. Exporta, además, hacia Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Panamá y otros países de Centroamérica.

En los mercados de tissue en Chile, Argentina y Uruguay, CMPC se ubica como la empresa líder, en tanto que en Perú se ubica en el segundo lugar del mercado.

En Chile, la planta de Puente Alto fabrica papel tissue y los papeles higiénicos Confort, Noble y Preferido. También se elaboran pañales desechables marca Babysec. Una planta en Talagante produce papel tissue, papel higiénico, toallas de cocina, servilletas, sabanillas y pañuelos.

En Argentina, CMPC tiene dos plantas de producción: la Planta Zarate, al norte de Buenos Aires, donde se fabrica papel tissue, papel higiénico, toallas de cocina y servilletas, con una capacidad de producción de cien mil toneladas anuales; y la Planta Nachel. En Perú tiene la planta Protisa que se ubica en el segundo lugar del mercado peruano de estos productos. En Uruguay mantiene la planta Papeles Industriales Uruguay S.A. que representa al 70% del mercado local. En Ecuador CMPC participa en los mercados de ventas en productos como manteles, servilletas y toallas. En Brasil, CMPC posee la empresa Melhoramentos Papeis, con plantas procesadoras diversas. En Colombia tiene la empresa Drypers Andina, con plantas y centros de distribución.

Líder en la región

La CMPC lidera la producción de celulosa en América del Sur y desde 2015 busca convertirse en la principal vendedora de pañuelos y pañales. En una presentación efectuada el año pasado por ejecutivos de la empresa ante inversionistas de Santander GBM, se afirmó que consideran esto posible tras la puesta en marcha de la planta Guaíba II en Brasil, que produce celulosa y papel, y que significó una inversión de 2.100 millones de dólares. La ambición del Grupo Matte es introducirse y crecer también en los mercados norteamericanos en los próximos cinco años, donde incursionará con productos de embalaje. Por ahora, está concentrado en afianzar su posición en México, Colombia y Brasil.

Entre 2009 y 2015 el Grupo Matte ha invertido más de 7.300 millones de dólares en su expansión continental y en los últimos dos años las acciones de la compañía se han posicionado entre las favoritas de los fondos mutuos. No obstante, el Grupo quiere seguir creciendo y para ello -aparentemente- sus ejecutivos no dudan a la hora de recurrir a mecanismos engañosos o fraudulentos. En vísperas del Año Nuevo, la Fiscalía Nacional Económica cerró la investigación por colusión en la venta de pañales. ¿La razón?: los delitos estaban prescritos. Esta decisión de la FNE ha levantado una ola de protestas que motivó al Ministerio de Economía a exigir que se dieran a conocer los antecedentes acumulados en la investigación.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 868, 6 de enero 2017.