Chile entre la corrupción y el circo: decididamente, algo no funciona
Lagos Nilsson
La herrumbre que se advierte en la acción de algunos oficios del Estado chileno y en la actividad empresaria y municipal parecen los espasmos de un cuerpo que se pudre sin remedio más que el desgano de funcionarios y particulares sin mística y ni ganas de hacer su trabajo. Las frases grandilocuentes transparentan el aura secreta de la corrupción irremediable y no convencen de que todo sea nomás por la ambición desviada de algunos pocos.
El primer ejemplo de la impudicia no se relaciona, en forma directa, con las ganas de tener más de quienes perpetran actos repugnantes; nos referimos a las agresiones que padecen las comunidades mapuche. Golpeados, apresados, faltos del necesario "apoyo logístico" en el campo tribunalicio, sobre grupos y familias se esgrimen las armas y los abusos.
Allanamientos no siempre legales –pero siempre impulsados por empresas y terratenientes y refrendados por las autoridades– han dado como resultado en los últimos años que mujeres pierdan dientes y sus bebés a patadas, que muchachos se vean forzados a pedir asilo en otros países, que jóvenes deban huir de las manos de la justicia que debía protegerlos porque otros de su estirpe no fueron considerados dignos –por ser mapuche– de la presunción de inocencia con la que se llenan la boca subsecretarios y otros aferrados a la teta fiscal cuando se trata de personas "blancas, cristianas y decentes", y que algunos conciban que la única manera de ser escuchados por el gobierno sea armando conspiraciones provincianas sin destino.
Podría argüirse que está en marcha una campaña genocida cuya primera fase es agotar la paciencia de las futuras víctimas para poder –como en el pasado– arrebatarles la tierra que (todavía) poseen y, también como en el pasado, dejar "que hable el máuser".
La desidia corrupta de los aparatos del Estado y los amos del país, sin embargo, no se agota con la feroz represión en el Wallmapu; se supo hace pocos días que un matrimonio murió de sida en un puerto del norte –Iquique– sin habérsele jamás informado a los cónyuges de que estaban infectados por el virus. Un mínimo de 25 personas en ese mismo hospital tampoco fueron tratados como lo mandan los reglamentos de salud; y esa pareja no conforma los únicos muertos.
En otro terreno, más de una decena de personas, entre funcionarios policiales, de tribunales, abogados, en fin, fueron descubiertos en perfecta connivencia con bandas criminales: ladrones, asaltantes, narcos, e incluso contraventores a las normas del tránsito automotor.
Sin faltar a ley alguna, dicen, víctimas de femicidio fueron asesinadas por ex convivientes o amantes porque los juzgados no cursaron las órdenes necesarias para mantener a los asesinos lejos de esos cuerpos que, inútilmente, pidieron a tiempo protección.
Al parecer decenas de departamentos en edificios de construcción relativamente nueva y para vivienda son usados como bodegas comerciales o para perfeccionar el ejercicio de la prostitución incluso por mujeres menores de edad; esos edificios se levantaron con ayuda de subsidios municipales y del Estado en el centro de la capital del país –aunque son administrados por "emprendedores" varios.
También en Santiago se impone la moda de seudo, cuasi o directamente prostíbulos disfrazados de lugares de recreo y diversión que funcionan a media tarde, religiosamente, de lunes a viernes. Menores son algunas de las "adeptas" a las caricias por paga.
Dos o tres policías –carabineros, el orgullo de Chile– fungían en sus horas libres como asaltantes de viviendas; soldados a cargo del Registro Nacional de Armas cautelaban que nadie con el dinero suficiente tuviera dificultades para comprarlas y registrarlas en forma legal. Los dueños o encargados de las armerías aullaron su ignorancia de tales hechos.
Empresas constructoras –ah, el capital privado y la libre empresa– venden casas y departamentos más pequeños que lo convenido, sin terminaciones adecuadas y juntan edificios-torre como si fueran panales.
En la embajada de Chile en Lima algún pillastre funcionario –¡desde 1994!– se hizo un "pequeño" sobresueldo a costa de la restauración y amoblamiento de la casa donde vivió el libertador O’Higgins. No hace mucho dos ex agregados militares en la de Buenos Aires fueron acusados de comprar y vender fraudulentamente automóviles que, por sus emolumentos, jamás habrían podido razonablemente adquirir.
Ciertos dirigentes políticos ahorman su prestigio con la "lucha contra la delincuencia", repugnantes seres de la derecha ex dictatorial que nunca –escribí nunca– han dicho una sola palabra sobre las condiciones de vida en los extramuros de los barrios donde se levantan sus residencias; el combate al narco es básicamente contra el micro vendedor; a los "capos" de la distribución los apresan por sus errores y ostentación; muchos aprenden a llevar vidas recoletas…
Alcaldesas de pronto descubren que no disponen de los antecedentes educacionales exigidos por la ley para el desempeño de sus cargos: consiguen las licencias de educación en lugares remotos y, por lo que trasciende, sin haber dado los exámenes correspondientes; otra alcaldesa solía pasear en su automóvil borracha como un villano del cine de Hollywood. En honor a la verdad no son de la coalición de gobierno.
Este domingo 26 de octubre, pesarosamente, la ciudadanía –los inscritos en los registros electorales– deberá votar en todas las comunas del país por un montón de cientos de candidatos a concejales o regidores y alcaldes, muchos de los cuales, quizá la mayoría, ocultó durante la campaña su filiación política y todos la fuente de sus recursos financieros. Los más optimistas piensan que algunos de los candidatos pueden ser "buenas personas".
Cerradas las urnas, conocidos los resultados, comenzará otro circo electoral. Y la nave va…