Ernesto Carmona

Disculpas de los grandes medios como Canal 13 y Televisión Nacional (TVN) por sus noticias falsas sobre el inexistente enfrentamiento de la Rinconada de Maipú, que en 1975 encubrió seis asesinatos, y mayor celeridad de la justicia en los procesos de crímenes de lesa humanidad, exigieron familiares y cercanos de las víctimas.

Veintisiete años tardó el procedimiento de la justicia chilena para dictar sentencia de primera instancia en este caso, después de 39 años y 8 meses del asesinato de los hijos, hijas y amigos del entorno del tornero Alberto Recaredo Gallardo Pacheco y de su esposa Ofelia Moreno, cuya familia fue diezmada durante la noche del 18 al 19 de noviembre de 1975 por un equipo de exterminio de la dictadura cívico militar. El jefe de hogar, Alberto Recaredo, entonces de 63 años, pereció en la madrugada del 19 de noviembre pero aún hoy lo sobrevive su esposa Ofelia, de 90.

La sentencia podría marcar un comienzo de justicia y reparación al sufrimiento de los sobrevivientes de esta familia, cuyos miembros valoran el fallo del juez especial Leopoldo Llanos Sagristá “como fruto del arduo trabajo de diversos jueces, abogados y testigos”, y “por sobre todo … el empuje y valentía de nuestra amada madre y abuela Ofelia, hoy de 90 años, quien hace 24 días se debate entre la vida y la muerte internada en el hospital”.

Victimarios mueren de viejos
Sin embargo, la justicia parece estar llegando con notorio atraso. Muchos creen que la justicia demora deliberadamente, esperando que mueran los victimarios y las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de 40 años. “Para que la Justicia sea plena debe ser oportuna y proporcional al daño causado”, dijo Alberto Rodríguez Gallardo, portavoz del grupo, también detenido en 1975 junto a su madre Catalina Ester Gallardo Moreno, aunque sólo tenía seis meses. Las familias y amigos de las víctimas hicieron una demostración el viernes en la sede del Poder Judicial, Palacio de Justicia, para llamar la atención ante la escasa cobertura de prensa que ha tenido la sentencia de 95 páginas emitida el 27 de julio.

“Esta tardanza de los tribunales nos parece inaceptable, ya que vemos como nuestros familiares y los propios asesinos se mueren en medio de tanta demora. No estamos culpando a los jueces que han llevado el caso, sino el andamiaje institucional heredado de la dictadura cívico militar y los intereses mezquinos y fácticos que éste contiene”, añadió.

El “andamiaje institucional” incluye también a los grandes medios de información, en particular a la televisión del Estado (TVN) y Canal 13 de la Universidad Católica, propagandistas activos de la puesta en escena del falso enfrentamiento en terrenos agrícolas de la periferia oeste de la ciudad, el predio Rinconada de Maipú, inventado para encubrir el asesinato múltiple perpetrado en el extremo opuesto de la urbe, al este y al pie de la Cordillera, en el campo de torturas y exterminio conocido como Villa Grimaldi.

En 1975, periodistas de todos los medios hicieron vagos “reportajes” a la maleza y los arbustos rurales e incluso pergeñaron supuestas entrevistas a “testigos”, principalmente menores, para ilustrar el pretendido escenario del “enfrentamiento” y adornar el texto oficial que la dictadura ordenó redactar a los periodistas de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos). La utilería y el guión para la tele lo aportó la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), dirigida por Manuel Contreras.

El periodista conductor de noticias de TVN Julio López Blanco, con un impecable traje de calle, mostró en cuclillas sobre el pasto de La Rinconada un puñado de cápsulas vacías de proyectiles percutados (”vainillas”, en el lenguaje chileno) como prueba suficiente de que allí hubo un reciente enfrentamiento de la Dina con “terroristas”, mientras su jefe Roberto Araya describía cómo ocurrieron las supuestas acciones y daba a conocer la lista de “extremistas muertos” en el “enfrentamiento”, que eran precisamente las víctimas asesinadas esa misma madrugada en Villa Grimaldi.

La tríada Dinacos, Dina y periodistas de la dictadura incluso reportó un “herido” entre sus filas, con nombre y apellido, pero que nunca fue mostrado. Mirando las noticias de televisión, los familiares se enteraron que sus hijas, hijos, hermanos y hermanas no sólo estaban muertos, sino que además todos eran “delincuentes, extremistas, terroristas…”, en vez de profesoras, vendedores, torneros, gente de trabajo… Todavía hoy sienten que la familia fue escarnecida por los medios que alteraron la verdad y, de paso, difamaron e hicieron víctima de calumnia e infamia a todos sus miembros.

El burdo recurso del falso “enfrentamiento” fue tan recurrente como “el intento de fuga” en el encubrimiento de cientos de asesinatos a lo largo de los 17 años de la dictadura militar-civil implantada por la clase propietaria de Chile que utilizó a los militares para derribar a Salvador Allende en 1973.