Chile: Fuerza social frena a supuestos expertos

Sin salir esta vez a la calle ni convocar a nuevas multitudinarias marchas de protesta, las fuerzas sociales han vuelto a frenar, doblar la mano y poner en su lugar a los presuntos «expertos» que pretendían  alzar desmedidamente las tarifas de un servicio vital para la población de a pie como es el transporte público.

Silente pero presente, ha bastado con el recuerdo imperecedero de las formidables manifestaciones del estallido social – octubre de 2019 – para dejar sin efecto este nuevo abuso que quiso instalar un panel apatronado  contra las clases populares desprotegidas que cada día se esfuerzan por salir adelante en un modelo socioeconómico adverso.

En ese tiempo las muchedumbres irrumpieron repletando calles y avenidas de Santiago, Valparaíso y del norte y sur del país en demanda de justicia, igualdad y dignidad, y en rechazo a las mezquinas exigencias del empresariado, lo que pudo haberse repetido ahora considerando que desde entonces nada ha cambiado. Los llamados paneles de expertos constituyen una instancia nefasta de la vida nacional que nadie echaría de menos si no existieran. Desde sus confortables oficinas solo se observan y favorecen los intereses empresariales ávidos de más ganancias y utilidades, pero ni siquiera se advierten a lo lejos las necesidades del pueblo que en sus precarias condiciones económicas no tiene capacidad para afrontar los gastos por sucesivos reajustes tarifarios de todo orden.

Estos paneles no sólo son innecesarios, sino que se desenvuelven fuera de la realidad. Lo peor es que los gobiernos, que confían en sus criterios técnicos, llegan a tomar resoluciones incorrectas en las políticas públicas que aplican de acuerdo a sus informes y propuestas que se llevan a cabo sin tomar en cuenta las penurias de la gente desposeída.

Para esta sociedad que se encuentra entre las más desiguales del mundo no es novedad que las citadas instancias operen bajo la lógica de la inequidad. Tras aparentes acabados estudios invariablemente sólo se recogen las pretensiones del ámbito empresarial, en contraposición a los problemas como la pobreza, la cesantía y la falta de oportunidades que afligen a las mayorías que no logran ser consideradas.

Hace 5 años los «expertos» recomendaron al gobierno entonces encabezado por Piñera, elevar las tarifas del transporte de pasajeros en 30 pesos, lo que a todas luces era algo desproporcionado. Ello provocó la inmediata reacción de estudiantes de los diversos niveles que se manifestaron  protestando enérgicamente en las estaciones del Metro de Santiago. «No son 30 pesos, son 30 años»,  fue la frase que más se repetía  en medio de esas movilizaciones. Fue el punto de partida del estallido popular, que hizo historia.

A mediados de este año reapareció el «panel de expertos del transporte público» que existe por ley 2.378 que les otorga diversas facultades. Obviamente estos cargos deben ser ejercidos  con criterio suficiente, el que en este caso no se advierte.  En realidad su existencia no se justifica, porque en el Ministerio de Transportes hay profesionales y técnicos con los conocimientos y la información pertinente para asumir esta tarea.

El ente que encabeza Claudio Agostini propuso desde julio en la Región Metropolitana un reajuste de 20 pesos para el público usuario en general y 10 pesos para adultos mayores y estudiantes. Sin embargo el Ejecutivo reaccionó con cautela, temió una ola de protestas y aparecieron por instantes las manifestaciones del estallido social -que podrían volver a producirse- y terminó desestimando esa recomendación. En definitiva el pasaje en Santiago y comunas  del Área Metropolitana quedó con un moderado aumento de 10 pesos y no se registró ninguna variación para la tercera edad y escolares. Los mismos valores se establecieron para la locomoción  colectiva en Valparaíso y Viña del Mar.

Esta vez La Moneda actuó con habilidad  y se sacó de encima un serio problema que podía haberse presentado. La gente sin recursos no está para seguir recibiendo sucesivos castigos alcistas, en medio de un proceso inflacionario que no decae. Nunca son buenas para el pueblo las alzas de servicios básicos principalmente porque están en manos de empresas privadas o consorcios transnacionales que lucran sin control. Además, acaban de producirse fuertes incrementos en las cuentas de la luz, se vive un periodo de altos precios de los combustibles y la carestía de los alimentos es generalizada,  con los mismos salarios y las mismas necesidades de las mayorías.

Si los recorridos de microbuses urbanos y buses interprovinciales fueran estatales, no se vivirían situaciones como esta porque el transporte público expedito con un pasaje adecuado es un derecho ciudadano que no puede dejarse de lado porque la ciudadanía no puede continuar cargando con tantos reiterados aumentos de precios. Por de pronto el mundo social que permanece atento vería con buenos ojos la derogación del mencionado cuerpo legal, bajo el cual operan estos supuestos «expertos» que no conocen la realidad, le hacen el juego a los patrones y suelen  -cómo en este caso- proponer tarifas desmesuradas que gran parte de la población no está en condiciones de seguir soportando.