Chile fue sacudido por las movilizaciones estudiantiles. Sus principales reclamos son que el Estado brinde una educación pública gratuita y de calidad y que se prohíba el lucro en la educación privada. Una amplia mayoría de los chilenos apoyan estas reivindicaciones lo que permite mantener la masividad de sus movilizaciones.| JUAN GUAHÁN
El Chile actual registra que las tres cuartas partes del sistema educativo son financiadas por el aporte de los estudiantes, siendo gratuito solamente el nivel básico. La calidad educativa en este nivel y en las escuelas secundarias públicas, financiadas por los estados municipales, es muy baja respecto a las instituciones privadas. Esa situación y el hecho que las universidades, públicas y privadas, sean aranceladas (con cuotas que van desde 300 a 1.500 dólares mensuales) hacen que la educación no solo no sea un factor de movilidad social, sino que ella contribuye a fortalecer las desigualdades existentes.
Este régimen, creado por el gobierno del dictador Augusto Pinochet, obliga a la mayor parte de los estudiantes universitarios a tomar créditos del Estado, si van a universidades públicas, o de entidades bancarias, si lo hacen en alguna universidad privada. Un 70% de los estudiantes toma esos créditos. Al terminar su carrera una gran parte de ellos no tiene los ingresos suficientes para cubrir las cuots de su devolución, por lo cual son incorporados a una especie de “Veraz” que hace aún más difícil conseguir trabajo.
Hasta hace –relativamente- poco tiempo Chile era la mejor cara que podían exhibir los grandes medios del sistema para mostrarnos los beneficios de un “modelo” exitoso. Todavía hay una serie de datos que no hacen más que corroborar esos dichos.
Según un informe del Banco Central, de ese país, el crecimiento del primer semestre de este año (8,5%) es el mejor desde 1995. Después de la dictadura pinochetista, su “democracia” funciona a la perfección, incluyendo un cambio de orientación en la sucesión de un gobierno de “centroizquierda” a otro de “centroderecha” sin ningún trauma, ni conflicto.
Cuando el gobierno de la socialista Michelle Bachelet terminaba su mandato, un sismo sacudió no solo a la geografía chilena. Allí quedaron al desnudo varias situaciones. La corrupción de un Estado que había construido viviendas que sucumbieron ante el fenómeno natural, donde otras de mayor antigüedad habían resistido. La desigualdad de una sociedad, que no aparece en la folletería turística, que se lanzó a las calles saqueando negocios para procurarse comida.
Un año después cuando se produjo el rescate de los mineros, a pesar de haber sido atrapados por un sistema de explotación inhumana, todo parecía “volver a la normalidad”. Un exultante Presidente, Sebastián Piñera, mostraba al mundo la “eficiencia de su gobierno”. Pero la realidad chilena no aceptaba tantos maquillajes y volvió a reaparecer con toda la fuerza de una sociedad que demanda algunos cambios profundos.
El sistema económico social es exageradamente concentrador y promueve una fuerte desigualdad, al mismo tiempo vastos sectores sociales parecen no ser escuchados por el sistema político. El conflicto estudiantil y la huelga general de 48 horas que terminó con una movilización de más de medio millón de personas y –por lo menos- con un muerto lo están probando.
*Analista de Question Latinoamérica
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