Chile: las radioemisoras comunitarias son el enemigo

Paulina Acevedo*

Sufren los demócratas porque en Venezuela vencen las frecuencias de unas y se clausuran otras radios golpistas. En el sur del continente, entretanto, comenzó en la noche del vienes 31 de julio el operativo para silenciar las emisoras comunitarias de la región de Valparaíso. "Patrocina" la embestida un concejal amigo de Sebastian Pîñera –de derecha, claro.

El operativo, a cargo del comisario de la Brigada Investigadora del Ciber Crimen, Marcos Olivari León, obedece a una querella interpuesta por el Concejal Eugenio González (RN), quien además de ser propietario de Radio Congreso y Presidente Regional de ARCHI, es amigo personal de Sebastián Piñera.  De acuerdo con las primeras informaciones, serían cerca de 40 las radios que podrían verse afectadas, desconociéndose los cargos y el tribunal del que emanaría la orden para los allanamientos.

Tensa es la situación en la ciudad de Valparaíso, ante informaciones que dan cuenta de un operativo de la Brigada Investigadora del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que comenzaba a las 21 del viernes a cargo del comisario Marcos Olivari León, y cuyo objetivo sería el cierre de al menos 40 radioemisoras comunitarias que realizan labores informativas y culturales en la ciudad portuaria.

De acuerdo a informaciones entregadas por periodistas que participaron en la conferencia de prensa convocada por la Policía de Investigaciones para exhibir los equipos entregados voluntariamente por las radios UV15 de Cerro Las Cañas y 2000 de Cerro Montedónico, la acción responde a la querella interpuesta por el Concejal Eugenio González (RN), quien además de ser propietario de Radio Congreso y Presidente Regional de ARCHI, es amigo personal de Sebastián Piñera.

Los periodistas fueron además invitados a participar del operativo en el que la PDI desmantelará radios que, según señalan, serían “ilegales”, desconociéndose hasta ahora los cargos y el tribunal del cual emanarían las órdenes de allanamiento.  Pero confirman que existe un listado con cerca de 40 radios que podrían verse afectadas con el procedimiento, y que permanecen en vigilia para defender su derecho a emitir información y opinión.

Cabe destacar que este procedimiento se produce precisamente en momentos en que el Congreso discute un proyecto de ley para la regulación de las radios comunitarias del país; y que si bien las distintas radioemisoras han buscado por múltiples vías acceder a una licencia de transmisión, en más de una década no han sido abiertas nuevas licitaciones, obligándoles a transmitir sin estos permisos.

Vacío legal y uso distorsionado de la ley

En la actualidad no existe en Chile una ley que impida a una persona o colectivo hacer transmisiones radiales, por lo que ello no constituye delito.  Sin embargo, quienes se obstinan en mantener la cada vez más concentrada oferta radial, utilizan figuras como la de la piratería para dar una batalla frontal contra medios que, por su carácter local, cumplen un rol fundamental e irremplazable de cara a la población.

Este es el caso de la acción interpuesta por el Concejal RN Eugenio González, quien además tiene intereses económicos personales para iniciarla, dado que precisamente uno de sus negocios es radial.

Finalmente, respecto del proyecto de ley que se discute en el Congreso, cabe señalar que a diferencia de las normativas que ya existen en otros países de la región y algunas que se encuentran también en tramitación, no contempla y por tanto no garantiza una distribución equitativa del dial en tres tercios: de los que uno será para emisoras comerciales privadas y otro para emisoras comunitarias de carácter local, reservándose el Estado el tercero.

Defender el derecho a la información 

En comunicación con parte del equipo de Radio Placeres, que lleva 20 años al servicio de la comunidad, señalaron que ellos “no bajarán sus antenas”, pues tienen un deber ético con la construcción de una democracia realmente participativa, que de cuenta de las distintas identidades de los pueblos que existen en el país.

 “Estamos ejerciendo nuestro derecho a informar, y eso es algo que aquí no se transa, pues hablamos no de una concesión, sino de un derecho que el Estado debe resguardar.  Un derecho que, por lo demás, está garantizado por la Constitución y por tratados internacionales a los que Chile se ha obligado”, señalan categóricos.

    
* Periodista.
El Ciudadano – Red de medios de los pueblos
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