Cuando Ken Inomoto llegó a Chile, en noviembre de 2005, de inmediato se supo que su presencia aquí sería incómoda. No bien se conoció la noticia, el gobierno de Lima pidió su extradición. Ken Inomoto –el ex presidente peruano Alberto Fujimori o Kenya Fujimori o Albert Fujimori–, era acusado de dos delitos de lesa humanidad: asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, y de diez casos de corrupción. Todos perpetrados durante su administración, que se prolongó entre los años 1990 y 2000.
El 7 de junio de 2007, la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó extraditar a Fujimori. A su juicio, los antecedentes presentados en su contra eran “demoledores”. Sin embargo, el ministro encargado de la causa, Orlando Álvarez, falló en contradicción absoluta respecto de la sugerencia de la fiscal. Denegó la extradición. La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema tiene un plazo máximo de dos meses para pronunciarse definitivamente.
La carrera política de Fujimori ha estado plagada de sorpresas, casi como las que provoca su carácter impredecible. Hasta ahora no existe certeza de por qué optó por abandonar su autoexilio en Tokio para llegar sorpresivamente a Santiago en un jet privado. Faltaban sólo meses para las elecciones presidenciales y legislativas en el Perú. Difícilmente él podría participar. Sabía que si pisaba tierra peruana sería sometido a juicio. Lo sabía desde que decidió abdicar, el 14 de noviembre de 2000, mientras se encontraba en visita oficial en el Sultanato de Brunei. Allí participaba en la VIII Cumbre de la APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).
Mientras hace que Chile enfrente un agudo problema más político que jurídico, Fujimori no se ha mantenido en calma. En las elecciones peruanas, su hija Keiko Sofía (32) obtuvo la primera mayoría nacional al ser electa diputada. El fujimorismo, aunque disperso bajo el mando de diversos caudillos, representa una fuerza política considerable. Y Keiko ya ha anunciado que en 2011, año de las próximas elecciones presidenciales en el Perú, el fujimorismo presentará candidato.
¿Será Alberto Fujimori? La respuesta la tiene el ex mandatario, que hoy está más preocupado de ultimar los detalles de su candidatura a senador en Japón.
¿Fue un error suyo el llegar a Santiago? ¿Creyó que las buenas relaciones que sembrara en Chile durante su mandato le servirían para recuperar poder político en el Perú? Son preguntas que no tienen respuesta directa. Lo concreto es que ahora no está claro que se vaya a producir su extradición. Su peso político en el país vecino es significativo. Tanto que de ser extraditado, seguramente el gobierno del presidente Alan García enfrentaría dificultades de diversa magnitud al enjuiciarlo. Y, peor aún, al encarcelarlo.
Pese a los múltiples antecedentes que avalan la comisión de los delitos, en Perú no se han producido manifestaciones multitudinarias pidiendo su extradición. En cambio, los contactos entre el fujimorismo y las fuerzas que apoyan al presidente García se multiplicaron en los últimos meses. El actual mandatario, que ha experimentado una baja ostensible de su popularidad, requiere del respaldo de las huestes de su antecesor. Eso, Fujimori lo sabe y lo está manejando con habilidad. A ello obedecen las continuas visitas de Keiko a Santiago.
Adicionalmente, maneja la alternativa de la senaduría en Japón. Pese a que voceros gubernamentales y de la Justicia chilena han sostenido que tal situación en nada afectará el juicio de extradición, el peso político del caso es mayor que su volumen jurídico.
Aparentemente, a pocos conviene la extradición de Fujimori. Durante su mandato, el ahora presidente Alan García debió exiliarse en Colombia y luego en Francia. Era investigado por graves casos de corrupción que tuvieron lugar durante su primer mandato (1985-1990). Lo que parecía una devuelta de mano, ahora muestra claros visos de complicación. Con su popularidad en caída, el respaldo de los votos fujimoristas en el Congreso puede resultar indispensable para la aprobación de sus proyectos emblemáticos.
En este complejo juego político Chile se ha visto implicado por razones que no son de público conocimiento. Pero las complicaciones que enfrenta sí son fácilmente comprensibles. El tema interesa a un país vecino con el que las relaciones a menudos no son fluidas. Con la circunstancia agravante -o la sutil complejidad, si se quiere– de que hoy las administraciones de Bachelet y García no pierden ocasión de declarar su buena voluntad de acercamiento y comprensión. Aunque ello no es óbice para que la rigidez que acompaña el entendimiento desde hace más de un siglo vuelva periódicamente.
Capítulo aparte merece el comportamiento de la Justicia chilena. Es cierto que dos jueces pueden tener opiniones diversas. Pero en algún momento la aplicación de la ley se rige por la objetividad de las pruebas que tiene a la vista el magistrado. La fiscal Maldonado y el ministro Álvarez revisaron el mismo caso y evacuaron dictámenes tan diversos. Tal vez, la explicación sea la que entregó el ex juez Juan Guzmán: Álvarez siempre falló en contra de la preservación de los Derechos Humanos.
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* Periodista.
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