Chile. – TRAMPAS POLÍTICAS

Diariamente vemos muestras de este teatro del absurdo. No son obras de Beckett o Ionesco. Son creaciones locales. Nadie espera a Godot ni hay cantante calva. Sin embargo, existen ministros neoliberales en un gobierno que se confiesa dispuesto a ponerle sensibilidad a la economía de mercado. Y, en el mismo Gobierno, otros ministros intentan empujar el carro hacia un lado más siniestro.

Sí, se trata de una coalición de Partidos y obviamente coexisten en ella miradas diversas. Una especie de sincretismo necesario para vencer al enemigo común que era una dictadura. Y hasta ahora, diecisiete años después, el sincretismo sigue vigente. Pero como no hay dictadura, las ideologías políticas aparecen desembozadamente.

Que Codelco recurra a los tribunales para invalidar una resolución de la Dirección del Trabajo, es la guinda de la torta. La idea de dar este paso no es una genialidad de José Pablo Arellano, presidente de la cuprera estatal. Es su directorio el que toma tales decisiones.

Quien preside esa instancia es la ministro de Minería, Karen Poniachik. Pero allí el peso mayor lo pone otro ministro, el de Hacienda, Andrés Velasco.

Detrás de la Dirección del Trabajo está el ministro del ramo, Osvaldo Andrade. El choque entre éste y Velasco es cuestión conocida. A pesar de ello era difícil prever que las diferencias ideológico políticas internas de un Gobierno tuvieran que resolverla los tribunales de Justicia. Aquí es donde Becket, Ionesco, Jean Genet, Harold Pinter estarían sobándose las manos.

La situación actual parece amenazar a la Concertación de Partidos por la Democracia. Ciertamente no es la única coalición chilena bajo peligro. La otra, la Alianza por Chile, también tiene dificultades graves. Pero esas son por liderazgos y por la ambición del alcanzar el poder político. La Concertación, en cambio, ya tiene el poder político y si se dan incoherencias es porque el momento pareciera estar exigiendo definiciones de una sutileza inalcanzable para sus dirigentes.

Si el vocero del gobierno, Francisco Vidal, considera lo más natural que estas discrepancias se resuelvan en los tribunales, se equivoca. Y si las explicaciones que avalan sus palabras son como las que ha dado Codelco, resultan inaceptables desde la perspectiva política.

Es evidente que la cuprera estatal, al rechazar el dictamen de la Dirección del Trabajo –que la obliga a contratar directamente a 4.934 trabajadores de empresas externas que le prestan servicios– ha adoptado una posición política que es la misma que ostenta al ministro Velasco. Aunque se sostenga que Codelco también ha rechazado dictámenes del Servicio de Impuestos Internos, que depende del Ministerio de Hacienda. Allí puede haber diferencias de interpretación en cuanto a la manera de recaudar impuestos. Pero cuando lo que está en juego es la Ley de Subcontratación, se quiera o no, el tema es político.

No puede haber trabajadores que haciendo la misma faena tengan distinto trato. El resultado que arroje la pugna tendrá efecto en otras mineras. Y la minería es la principal actividad económica del país.

Por otra parte, aquí también se define el rol que debiera jugar el Estado. Ya han resurgido las voces que piden la privatización del Codelco. O, a lo menos, que su directorio esté manejado por personeros independientes del aparato fiscal, pero no necesariamente ajenos al mundo empresarial.

¿El Estado debe terminar su injerencia en la principal empresa del país? Quienes piensan que su función tiene que ser sólo subsidiaria, responden que sí: Es lo que aconseja la ineficiencia estatal. Una aseveración que no es real en toda su categórica magnitud. Alguien tiene que poner equilibrio ante la voracidad privada. Y ese alguien no puede ser sino el Estado.

Prueba de lo que estoy diciendo es el resultado que arrojan las distintas comisiones formadas por la presidenta Michelle Bachelet para tratar temas tan sensibles como la educación o la equidad social. En ambas áreas, las propuestas están más a la derecha que en los países desarrollados propulsores de la economía de mercado. Posturas muy diferentes de las que tienen aquellos que hicieron posible abrir la discusión.

Aquí hay en juego definiciones políticas de fondo. Está claro que el gobierno no desea romper la democracia de los consensos. Pero hay que decir que tal práctica está avasallando principios democráticos elementales.

¿A alguien le interesa lo que piensa la gente? ¿O las personas han perdido ciudadanía para quedar sólo como consumidores? Preguntarlo así puede parecer duro, exagerado. ¿Pero por qué no consultar a la gente sobre cosas que le atañen directamente? ¿Por qué el temor a recurrir al plebiscito? ¿No hay confianza en lo que pueda decir?

Esta es una cuestión de la más alta importancia. Y el gobierno comete una incoherencia inexcusable al tratar de zanjar sus diferencias traspasándoselas a otros. Es una trampa que puede transformar un femicidio en suicidio político.

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* Periodista.
wtapiav@vtr.net.