Chile y el intrincado camino de la primera Constitución paritaria
La nueva norma, redactada por representantes de un amplio espectro de la sociedad civil, es pionera en cuestiones de género y propone un Estado social, intercultural y ecológico. Si se aprueba en el referéndum de septiembre, sustituirá a la Constitución pinochetista, pero las encuestas auguran un rechazo.
Un Chile plurinacional, concebido como un Estado social de derecho, intercultural, ecológico y paritario. Con esas banderas, el proceso constituyente de Chile ha llegado casi al final de un viaje frenético y algo accidentado tras un año de deliberaciones en la Convención Constitucional. La nueva norma, que pretende enterrar de una vez por todas el legado pinochetista, será sometida a referéndum el 4 de septiembre.
Las encuestas pronostican un triunfo del «rechazo» frente al «apruebo». Los defensores de la nueva Constitución tienen por delante dos meses de campaña para tratar de convencer a la ciudadanía de las bondades de un texto que avanza considerablemente en derechos sociales, en línea con la agenda política del gobierno progresista de Gabriel Boric.
El viaje hacia un Chile más inclusivo comenzó en octubre de 2019. La subida de 30 pesos (0,035 euros) en el transporte público desencadenó una ola de protestas que fue creciendo en intensidad hasta convertirse en un estallido social sin precedentes. No por los 30 pesos sino por los 30 años de neoliberalismo, desigualdad social y desprecio a la dignidad de los más desfavorecidos.
Las protestas hicieron tambalearse al gobierno conservador de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), cuya respuesta fue una represión brutal. Hubo varios muertos y centenares de heridos y detenidos. Para poner fin al conflicto, se firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, suscrito por varias fuerzas políticas (Boric estampó su firma con la oposición de parte del Frente Amplio y el Partido Comunista).
Un año después, el 78% de la población optó en referéndum por dotarse de una nueva Constitución que sustituyera a la vigente, promulgada en 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada en varias ocasiones. En mayo de 2021 fueron elegidos en las urnas los 155 hombres y mujeres que integrarían la Convención Constitucional, una asamblea paritaria, pionera en el mundo en ese sentido, y en la que también se incluyó a representantes de los pueblos indígenas.
La naturaleza de la elección, con varias listas independientes y de movimientos sociales, otorgó una mayoría a la izquierda en detrimento de la derecha, que solo obtuvo 37 escaños. Un desequilibrio que, sin embargo, no se ve reflejado en el actual Congreso, donde la representación de la derecha continúa siendo muy sólida.
La Convención se disolvió el pasado 4 de julio tras entregar el texto de 388 artículos al presidente Boric. Dos días más tarde arrancaba una campaña que se prevé a cara de perro entre los detractores de la nueva Constitución (la derecha de Chile Vamos, los ultras del excandidato presidencial José Antonio Kast, las élites económicas y los grandes medios de comunicación, más un sector del centroizquierda) y los defensores del cambio (la izquierda, la mayoría de los exconstituyentes, los movimientos sociales y las organizaciones de los pueblos originarios).
Como todo proceso constituyente, la nueva norma propone una refundación del país que, en el caso chileno, se traduce en un rol preponderante del Estado a la hora de garantizar la salud, la educación, las pensiones, la vivienda o el acceso al agua, unos derechos que hoy están supeditados a los intereses privados. Si vence el «apruebo», Chile será una democracia paritaria (con al menos un 50% de mujeres en todos los organismos públicos) y un Estado plurinacional, donde quedarán reconocidas once naciones indígenas, que gozarán de autonomía territorial y sistemas jurídicos propios, bajo el paraguas, eso sí, del Estado chileno, único e indivisible.
Se reconoce así la diversidad de un país con un 13% de población indígena, históricamente marginada. La restitución de tierras que contempla la nueva norma busca allanar el camino hacia la pacificación de territorios como el de la Araucanía, en el sur del país, donde el pueblo mapuche lleva décadas soportando la represión estatal como única respuesta a sus demandas.
La protección del medio ambiente es otro de los pilares de la propuesta constitucional para hacer frente a la crisis climática y 
ecológica. El articulado de la norma, refrendado al menos por dos tercios de la asamblea, plantea también una descentralización del país, con la eliminación del Senado y la creación de una Cámara regional, y una apuesta por la democracia participativa, entre otras medidas innovadoras.
María Elisa Quinteros fue hasta hace una semana la presidenta de la Convención Constitucional. Esta académica de Salud Pública y activista en movimientos sociales resalta el trabajo colaborativo de la asamblea constituyente y el énfasis en las políticas públicas: «Lo más destacable del texto son los avances en los derechos sociales, como la salud, la educación, la vivienda. Ha sido un proceso transparente, un ejercicio político más cercano a la gente y no a las élites, como sucedía antes. Con sus luces y sombras, nos ha dado la oportunidad de hacer política y reencontrarnos como sociedad».
Para Tammy Pustilnick, abogada y coordinadora de la comisión de Armonización en la Convención, el desafío de acordar un nuevo contrato social fue complejo pero el resultado ha sido altamente satisfactorio: «En términos generales, (la Constitución) robustece la democracia, establece las bases para disminuir desigualdades en el país y visibiliza la diversidad para reconocernos en nuestras diferencias.
Se avanza en el reconocimiento y garantía de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, y en la protección de la Naturaleza. Es un texto escrito en paridad y que propone una democracia paritaria, y esa perspectiva de género garantiza la igualdad de las actuales y las futuras generaciones».
El proceso constituyente ha suscitado también un reguero de críticas, principalmente por el desarrollo del mismo y el juicio negativo, alimentado por algunos medios de comunicación, de algunos constituyentes entre un sector de la ciudadanía. Hubo algún que otro 
comportamiento frívolo, como el del constituyente que fingió un cáncer (lo que dejó la asamblea con 154 miembros) y acusaciones cruzadas entre los integrantes de la Convención.
Hay también reparos al resultado final de la Constitución. Luis Eugenio García-Huidobro, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), considera que la Convención logró identificar una serie de problemas relevantes, pero no resolvió bien la ecuación al traducirlos en una propuesta institucional:
«El proceso constituyente fracasó en distintos niveles -explica-. Era un proceso que auguraba muchas esperanzas. Pero ese 78% (partidario de reformar la actual Carta Magna) no es representativo de un solo sector político, y esta experiencia fue una oportunidad perdida para unir a los chilenos en torno a un texto». A su juicio, la norma tiene «elementos problemáticos de diseño institucional respecto a la forma del Estado o el poder judicial, entre otras cuestiones».
El 4 de septiembre será, en todo caso, la fecha más importante en la historia reciente de Chile. Así lo cree, al menos, Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Diego Portales: «Se trata de un texto muy trascendente. En el fondo, lo que se está poniendo en juego en el plebiscito son dos modelos de sociedad, uno que propone una democracia diversa, que reconoce a los pueblos indígenas, un Estado del bienestar a la europea, una protección de los recursos naturales…
Y otro, basado en la Constitución de 1980 con sus reformas, que coloca el énfasis en el mercado, en mantener la salud, la educación o el agua en manos privadas, una democracia que no se hace cargo de las diferencias regionales o étnicas y que no menciona el tema medioambiental».
Rechazo al proceso
Las encuestas (Cadem, Criteria, Pulso Ciudadano) auguran un triunfo del «rechazo» frente al «apruebo» en la consulta de septiembre con unas diferencias que oscilan entre los 15 y los 20 puntos porcentuales, si bien también reflejan un alto número de indecisos, lo que podría inclinar la balanza en uno u otro sentido en estos casi dos meses de campaña por delante.
La desaprobación se sustenta principalmente en cómo se ha desarrollado el proceso constituyente y en la conducta de algunos miembros de la Convención, más que en el contenido de las propuestas.
Quinteros reconoce que el proceso ha tenido aspectos positivos y algunos negativos, pero denuncia que desde el inicio se instaló una estrategia de desinformación que fue aumentando con el tiempo: «Los medios de comunicación están muy ligados a los poderes económicos y tengo la impresión de que las cosas positivas, el trabajo de la gran mayoría de los convencionales, quedaron subestimadas por unos medios que se centraron en hablar de los egos de algunos constituyentes».
Pustilnick, por su parte, cree que el proceso tuvo sus luces y sus grises, «y en ese sentido hubo conductas y episodios que por aislados que hayan sido y sin que fueran la regla general, no estuvieron a la altura de un espacio republicano y empañaron el gran esfuerzo de la gran mayoría de los convencionales». Pero resalta el esfuerzo realizado por esa mayoría y cree que ahora se debe analizar en profundidad «lo virtuoso del texto», separando la obra de su autor.
García-Huidobro, sin embargo, cree que el proceso sí importa para su legitimidad: «Hubo convencionales que rechazaron iniciativas populares de la ciudadanía en términos bastantes toscos; algunos buscaban un cambio de sistema, no una refundación sino un giro copernicano, y eso les produjo un cierto ensimismamiento».
La agenda de Boric
Gabriel Boric llegó al Palacio de la Moneda el 11 de marzo con tan solo 36 años y un programa de transformaciones sociales no muy diferente a la propuesta constitucional. Si el «apruebo» vence en septiembre, supondría un espaldarazo a su agenda política (su aprobación ciudadana ha caído del 50% al 33% desde marzo). En las últimas semanas, el gobierno ha emitido algunas señales en el sentido de que su futuro no debería depender del resultado del plebiscito.
Y, de todas formas, la victoria del «rechazo» no tendría por qué frenar las reformas en pensiones, salud o fiscalidad que Boric prometió en la campaña electoral, si bien, a juicio de Fuentes, el gobierno «tendría que acotar algunos temas». «Se apruebe o no la Constitución, va a haber una agenda política de reformas», sostiene el politólogo.
El nuevo proyecto constitucional ha generado las reticencias de la derecha y un sector del centroizquierda, que no ven con buenos ojos algunos de los planteamientos propuestos. Un grupo de exconstituyentes de derechas, descontentos con el texto final, publicó una declaración en la que aseguran que la Constitución pone en riesgo la convivencia democrática de los chilenos.
Algunas figuras del centroizquierda, como el exministro de Justicia socialista Isidro Solís, se han posicionado en contra de la nueva norma. Y el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) dijo que una Constitución «no puede ser partisana».
El coro de voces contrario al texto de la Convención sugiere una tercera vía para que no se perpetúe tampoco la Carta Magna del 80. Quinteros y Pustilnick advierten de las trampas que encierra esa estrategia. No hubo, recuerdan, reformas de calado durante los 30 años en que gobernaron la derecha y el centroizquierda con programas neoliberales.
Y no hay que olvidar que este viaje comenzó en las calles hace casi tres años con ese grito de rabia e indignación: «¡No son 30 pesos, son 30 años!». Un grito que reclamaba un país más solidario, más inclusivo, menos desigual. Un nuevo Chile.
*Periodista español. Ha sido corresponsal en México, Centroamérica, Cuba y Argentina. Asentado en Buenos Aires desde 2008 ha publicado en medios latinoamericanos y europeos. Es autor del libro de crónicas Cuba a cámara lenta.