Chile y la urgente reducción del uso de carbón como fuente energética

En el marco de la Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 24), realizada en la ciudad polaca de Katowice, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, entregó el Tercer Informe Bienal de Actualización sobre Cambio Climático. El documento revela que el rubro energético fue el sector con mayor contribución de gases de efecto invernadero (GEI).

De las más de 83 mil kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq) emitidas, el 78% tiene su origen en el sector correspondiente a Energía. El uso de carbón mineral y diésel para la generación eléctrica, además del empleo de combustible en labores de transporte, constituyen los principales aportes de GEI. A su vez, la subcategoría “industrias de la energía” aportó poco más del 41% del total de gases.

Muestra de la fuerte presencia de carbón en la matriz energética chilena son las 28 centrales termoeléctricas que operan actualmente. Dada su concentrada localización y contaminación, estas instalaciones y sus emisiones afectan gravemente a seis comunas, las que han sido denominadas “zonas de sacrificio”: Tocopilla, con siete carboneras; Mejillones, con cinco; Huasco, con cinco; Quintero y Puchuncaví, con cuatro; y Coronel, con tres.

De las 28 termoeléctricas que operan en Chile, 15 son propiedad de Aes-Gener, nueve de Engie, ex Suez Energy; tres de Enel y una de Colbún, y se mantienen seis comunas como “zonas de sacrificio”: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel.

Según datos datos entregados por la campaña #ChaoCarbon, iniciativa que exige al Gobierno el cierre de todas las termoeléctricas a carbón que operan en Chile, estas industrias contaminantes emiten un 97% del dióxido de azufre, un 91% del dióxido de carbono y un 88% del material particulado del parque eléctrico nacional.

“Desafío ético y político”

En octubre pasado, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) entregó un informe en el que participaron 91 autores y editores-revisores de 40 países, el cual alerta sobre una serie de impactos del cambio climático que podrían evitarse si el aumento del calentamiento global llega a 1,5 ºC, en lugar de 2 ºC o más.

Por ejemplo, para el año 2100 se proyecta una elevación del nivel del mar 10 centímetros inferior si la temperatura del planeta incrementa 1,5 ºC, en comparación con el efecto que tendría si esta alza llega a los 2 ºC. A su vez, la probabilidad de que el océano Ártico quede libre de hielo en verano sería de una vez por siglo con un calentamiento de 1,5 °C. En contraste, con 2º C se daría al menos una vez por decenio. Por su parte, los arrecifes de coral disminuirían entre un 70% y un 90% con un límite de 1,5 ºC. De superarse esa línea, prácticamente todos desaparecerían.

“Cada porción extra de calentamiento tiene importancia, especialmente en la medida en que un calentamiento de 1,5 °C o más incrementa el riesgo asociado a cambios duraderos o irreversibles, como la pérdida de algunos ecosistemas”, explicó Hans-Otto Pörtner, Copresidente del Grupo de trabajo II del IPCC.

A partir de estos alarmantes datos, Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, sostiene que los gobiernos enfrentan un “desafío ético y político”, si quieren concretar una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto, la ex candidata presidencial destacó que mantenerse en un rango inferior a 0,5 ºC de aumento del calentamiento global, “requiere reducir en 45% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 10 años (2030) y llegar a ser ‘carbono neutral’ en 2050, lo cual implica reducciones entre 75% y 90% de las emisiones totales actuales”.

Pese a la delicada situación planetaria, Larraín sostiene que Chile tiene la oportunidad de ser un líder mundial realizando una descarbonización acelerada de la matriz eléctrica, siempre y cuando esa decisión quede en manos del gobierno y no al arbitrio y voluntad del sector privado.

Sobre este punto, la activista ambiental planteó que “el plan de descarbonización de Chile debiera centrarse en limpiar la generación eléctrica, donde las termoeléctricas a carbón son las responsables del 91% de las emisiones de CO2 de todo el parque eléctrico nacional. El cierre o reconversión de las carboneras entre hoy y 2030 (un cuarto de las cuales son francamente obsoletas) permitiría a Chile cumplir con creces sus compromisos internacionales y destacarse como líder mundial en mitigación del cambio climático”.

“El actual gobierno tiene una oportunidad adicional para lograr un liderazgo en descarbonización y descontaminación, poniendo urgencia y metas a la Ley de Eficiencia Energética, que actualmente tramita el Senado, y que de ser aprobada, podría contribuir a reducir al 2030 un 40% de las emisiones que hoy generan los grandes empresas intensivas en el consumo de energía. Descarbonización, descontaminación y eficiencia energética son prioridades de interés público a nivel global y local; el actual gobierno y las empresas pueden seguir la ruta de la miopía y la mezquindad, o ganar liderazgo y legitimidad”, postula la directora de Chile Sustentable.

Siendo partícipe de la COP 24, la ministra Schmidt ratificó que la política energética de Chile contempla que un 70% de la generación eléctrica, de aquí a 2050, se realice con base a energías renovables. “Nuestra generación de energía actual está constituida en un 40% por carbón. Creemos que el necesario camino a la descarbonización pasa por una transición justa y definida nacionalmente”, afirmó la secretaria de Estado.

Chao carbón

“Señor Presidente, por favor, cierre las termoeléctricas a carbón de las zonas de sacrificio. Nuestros compatriotas están muriendo”. Con ese llamado desesperado, en octubre pasado, un conjunto de organizaciones y dirigentes sociales, artistas y representantes políticos, pidió a Sebastián Piñera que cumpla su deber de proteger el derecho a la salud, la vida y  a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Era el lanzamiento de la campaña #ChaoCarbon, a poco más de un mes del primer episodio de intoxicación masiva en las comunas de Quintero y Puchuncaví, cuyo parque industrial alberga diversas fuentes contaminantes, entre ellas, la termoeléctrica Campiche de Aes Gener. A esa altura ya se había decretado una alerta sanitaria para la zona y eran más de mil las personas afectadas por la sintomatología asociada al contacto con químicos tóxicos en el aire.

En su petitorio, #ChaoCarbon exige el cierre de todas las centrales termoeléctricas de aquí al año 2030, comenzando de forma inmediata por las más antiguas y contaminantes, que superan los 40 años de operación. Además, la campaña apunta a establecer regulaciones respecto de la vida útil, tecnología y evaluación ambiental de las termoeléctricas en operación y la revisión de las resoluciones de calificación ambiental existentes.

Entre otros tópicos, también es materia de preocupación para la iniciativa la actualización de la Norma de Emisión de Termoeléctricas, con el fin de elevar sus estándares, en función de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; lo mismo respecto de las normas de calidad del aire. Además, piden abrir un proceso para declarar la comuna de Mejillones como zona latente o saturada.