Chispazo entre Costa Rica y Nicaragua
Diego Ghersi*
Si bien el conflicto reconoce sus inicios con una polémica división geográfica de 1859, los dimes y diretes actuales entre Nicaragua y Costa Rica empezaron en julio cuando empresas nicaragüenses emprendieron tareas de dragado en el río San Juan, frontera material entre ambos países.
El emprendimiento de esos trabajos se funda en la necesidad de Nicaragua por asegurar la navegabilidad del curso de agua, dificultada por los aportes sedimentarios de sus afluentes.
Al dragado se suma el proyecto nicaragüense de construir una represa hidroeléctrica, pensada para explotar el potencial de una de las cuencas centroamericanas más caudalosas.
Debe señalarse que –de acuerdo a un fallo previo del Tribunal de La Haya- la navegabilidad y la soberanía del río San Juan pertenecen a Nicaragua. Además, el mismo texto dispone que Costa Rica puede navegar los afluentes con fines comerciales y también que tiene derecho a usar el San Juan en una zona debidamente delimitada, del Castillo La Inmaculada tres millas al sur por lo cual el dragado beneficiaría a ese país en navegabilidad y en turismo.
Fue el vertido de los aportes sedimentarios producto del dragado sobre la isla Calero, en territorio de Costa Rica, lo que generó que ese país acusara al gobierno nicaragüense de no contemplar el impacto ambiental sobre un espacio territorial que es reserva natural protegida. Hasta aquí, la cuestión no es tan descabellada. En cualquier parte del mundo los problemas ambientales suelen pasar a segundo plano sin una supervisión exigente.
Pero el asunto levantó temperatura cuando medios de ambas naciones difundieron información relativa a que Nicaragua había enviado tropas a la región a fin de presionar a su vecino. Como respuesta, Costa Rica desplazó a policías fuertemente armados –esa nación no cuenta con Fuerzas Armadas- a la zona de dragados, independientemente de reconocer el derecho de Nicaragua para realizar los trabajos.
Sin embargo, la presencia militar en la zona del San Juan responde a los controles que Nicaragua ha establecido para monitorear una vía de comunicación que permite el tránsito de drogas hacia el interior de Centroamérica. Debe considerarse que en los últimos años se ha verificado como real la expansión del narcotráfico desde el sur de México, problema no menor y agravado por el establecimiento –siempre creciente- de las “bandas” conocidas como “Maras”. Por otra parte el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, negó enfáticamente cualquier intervención militar en territorio costarricense.
Pese a la oposición de Nicaragua –que abogaba por acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya- la controversia llegó a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Costa Rica solicitó la convocatoria a una reunión del Consejo Permanente de ese organismo y el Canciller de ese país, René Castro, formalizó la denuncia por la incursión de tropas nicaragüenses en Isla Calero, reparando sólo en el problema limítrofe y relativizando la variable narcotráfico.
La OEA, sin llegar a consenso, produjo un documento donde Nicaragua aparece como culpable y es obligada a retirar sus tropas del río, situación que obliga a descuidar los controles implementados para combatir el tráfico de drogas desde el interior al mar.
Respecto a la actuación que le cupo a la OEA, el presidente Ortega no vaciló en calificarla como “fracaso” y agregó que es una institución que cada día pierde más credibilidad; que hubo una manipulación y conspiración, que quiso sorprender con votaciones rápidas y en donde no se tomaron en cuenta los porcentajes de una votación calificada.
Las declaraciones de Ortega avanzaron también sobre países puntuales: acusó a Colombia de liderar una conspiración, junto con Costa Rica y Honduras, en la que buscan perjudicar a Nicaragua en La Haya y que favorece el accionar del narcotráfico, que se extiende desde México, país en el que causa estragos incontrolables.
El mandatario también explicó la importancia de la batalla contra los intereses del narcotráfico en virtud de que estos, ya han avanzado sobre Guatemala, se expanden en Honduras y El Salvador, y sólo los esfuerzos de Nicaragua han impedido que también se asienten en Costa Rica.
Al combinar ambas explicaciones, Ortega siembra dudas acerca de la existencia de complacencia de los países señalados con los intereses del narcotráfico, cuestión que obviamente indignó a la mandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Particularmente, Ortega se refirió a Colombia como “país expansionista” que ha tratado de apoderarse del mar Caribe de Nicaragua y que por las armas mantiene ocupada la isla de San Andrés y otros cayos. También asoció a Bogotá en una conspiración con los gobiernos de Honduras y de Costa Rica, que perjudican a Nicaragua y favorecen al narcotráfico a tal punto que hasta los organismos internacionales (en referencia a la OEA) parecen estar contaminados por los intereses de las organizaciones de la droga.
El presidente nicaragüense también fue muy meticuloso y claro al explicar los alcances de los trabajos de dragado y la necesidad de emprenderlos, a tal punto, que deja casi sin argumentos a los denunciantes.
Una vez más, y en virtud del desarrollo de los debates y de la votación en la OEA –calificada por Ortega de “manipulada, mañosa, mentirosa y una conspiración”- América Latina aparece dividida en dos grandes grupos de intereses contrapuestos.
En efecto, si algo quedó claro tras la sesión de la OEA es que Nicaragua recibió el apoyo discursivo de los países integrantes del ALBA. Venezuela y Nicaragua mantuvieron una posición en pro del consenso y del dialogo sin condiciones, sólidamente apoyados por Bolivia, Guyana, Ecuador y Dominicana.
La búsqueda de argumentos para “ensuciar” el respaldo de Venezuela a Nicaragua generó un hecho que, por lo imaginativo y curioso, merece ser mencionado mas allá de la nula credibilidad que genera.
En efecto, según informó el diario israelí “Haaretz” , la reciente disputa limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica sería un globo de ensayo lanzado por Hugo Chávez y Daniel Ortega, dentro de un audaz plan para construir un nuevo canal marítimo inter oceánico en América Latina.
Haaretz cita fuentes latinoamericanas que no identifica para afirmar que la presión contra "un país sin ejército –Costa Rica- es el primer paso de un plan formulado por el presidente venezolano Hugo Chávez y su par nicaragüense Daniel Ortega, con fondos y asistencia de Irán, y que implicaría para crear un sustituto al estratégico y económicamente relevante al canal de Panamá".
Para más datos, el diario israelí sostiene que "El plan ha despertado preocupación en Washington, y Estados Unidos ha empezado a desarrollar esfuerzos detrás de escena para frustrarlo". De esa forma Haaretz le puso nombre y apellido a un posible instigador del conflicto.
Sin embargo, y aún admitiendo que la ridícula explicación fuese cierta, también sería difícil encontrar argumentos negativos en contra de ella dado que Nicaragua, como país libre, lo es también de plantearse ese objetivo -o el de establecer un programa para colonizar el planeta Marte- si su pueblo así lo deseara, y si estuviera de acuerdo en desviar recursos para afrontar una empresa de esa envergadura en momentos en que las necesidades primarias del país son claramente más urgentes. Además –y casi no vale la pena decirlo- Nicaragua es libre de asociarse con cualquier otra nación de la Tierra y eso incluye a Irán y a Venezuela.
Resulta evidente que la noticia anterior busca –de un modo grosero- agrandar la división hoy existente entre algunos países de América Latina y que identifica, por un lado, a gobiernos asociados más estrechamente con Washington –Panamá; México; Honduras; Costa Rica; Colombia y Guatemala-; y por otro, al grupo de países de matriz nacional y popular, demonizando a estos últimos y preparando desde lo ideológico un campo propicio para su reemplazo en el momento más adecuado.
Visto de esta forma, el desarrollo del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua se suma a la seguidilla desestabilizadora que se iniciara con el intento fallido de derrocar a Hugo Chávez en 2002; la crisis de la Media Luna en Bolivia en 2008; el golpe en Honduras de 2009 y a la fracasada asonada en Ecuador de 2010, solo por citar los casos más sonados.
*Agencia Periodística del Mercosur