CODEPU contra la arremetida por mayor impunidad

Con ocasión del ingreso a trámite legislativo de la moción parlamentaria que tiene por objeto indultar a violadores a los derechos humanos, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) considera un deber informar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1.- El proyecto de ley patrocinado por los senadores Arancibia, Boeninger, Larraín, Prokurica y Silva Cimma, en actual tramitación legislativa, y que ha provocado conmoción pública nacional e internacional, desconoce el carácter de los crímenes perpetrados y la naturaleza de las responsabilidades de los  agentes del Estado involucradas en la ejecución  de una política de violación sistemática a los derechos humanos durante el régimen de facto, que importó la privación de la vida a miles de chilenos, atentados masivos a la integridad física y psíquica y la pérdida de libertades fundamentales, todos actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en tanto tales, inamnistiables e imprescriptibles.

 Una iniciativa legislativa no puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, que es lo que en los hechos sucedería de prosperar la moción parlamentaria. En efecto, el Estado de Chile en tanto signatario de un conjunto de instrumentos internacionales, tales como; la Carta de Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra, la Convención contra el Genocidio, las relativas a la prevención, y sanción de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sólo por citar algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, establecen de manera clara y categórica la obligación del Estado en orden a investigar, sancionar y hacer cumplir lo resuelto en sede jurisdiccional respecto a las violaciones de derechos humanos.

 2.- Los eventuales beneficiados con el proyecto de ley en curso que están cumpliendo penas privativas de libertad efectiva, en condiciones carcelarias optimas, son sólo 18 ex agentes cuyas responsabilidades criminales están determinadas en seis procesos judiciales. Se trata del homicidio calificado del dirigente sindical Tucapel Jiménez, (1982), el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría, (1982); el degollamiento de los profesionales Santiago Nattino, José Manuel Parada, y Manuel Guerrero (1985), la desaparición forzada de Miguel Angel Sandoval Rodríguez (1975) y de Luis Dagoberto San Martin (1975).

 Ellos junto a otro centenar de agentes –417 se encuentran procesados en la actualidad– actuaron al servicio del Estado, perpetraron y ejecutaron –no sólo los crímenes antes señalados– los delitos más ominosos y perversos que recuerda la historia del país. Delinquieron de manera impune, desaparecieron a 1.200 hombres, mujeres y niños; ejecutaron al margen de toda legalidad a 2.200 personas; torturaron –según los antecedentes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura– a 32.000 chilenos y extranjeros y fueron los responsables de generar en toda la sociedad, políticas de terror y amedrentamiento, que posibilitaron el quiebre del tejido social y político construido durante décadas.  

Ellos, son torturadores, violadores, asesinos, degolladore; quemaron personas, secuestraron e hicieron desaparecer a mujeres, hombres y niños; montaron operaciones de encubrimiento denostando públicamente a sus víctimas, e incluso se apropiaron de sus bienes.

 Casi todos ellos son requeridos por la justicia internacional y sus nombres se reiteran en la mayoría de las causas judiciales que están en actual tramitación, tanto en el país como en el extranjero. No es casual que sus nombres aparezcan en las investigaciones desarrolladas por jueces como Baltazar Garzón en España, el Juicio contra Pinochet y otros, en Francia por la desaparición de cinco personas de origen franco-chileno; el proceso en Bélgica y las denuncias en Suiza. Los posibles “indultados” fueron parte decisiva en el asesinato de Orlando Letelier en Wáshington, del asesinato contra el general Prats y su esposa Sofia Cuthbert en Buenos Aires, del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Italia, demostrándose con ello que los actos criminales ejecutados sobrepasaron las fronteras del país. Se trata, por tanto, de criminales peligrosos para la humanidad.  

3.- Su compromiso criminal se ha visto igualmente acompañado de una cobardía sin límites al negarse sistemáticamente a contribuir en el esclarecimiento de las violaciones cometidas. Persistentemente han negado su participación en estos hechos violentos, incluso más: públicamente los han justificado sin dar ninguna señal de arrepentimiento. Han mentido contumazmente para eludir la acción de la justicia y en los procesos judiciales seguidos en su contra no han entregado ninguna información conducente que permita encontrar los restos de detenidos desaparecidos, o la identidad de los grupos exterminadores.

Con el objeto de eludir la acción de la justicia se han amparado en su edad, su estado de salud y otras razones humanitarias, las mismas que no tuvieron en consideración al momento de cometer las tropelías por las cuales hoy día se les juzga y sanciona.

Por tanto, señalamos enfáticamente que, no es cierto que medidas como estas favorezcan la colaboración con la justicia o que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

4. La iniciativa de ley propuesta constituye una grave ofensa a los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos quienes, una vez mas, observan con estupor que lo poco logrado en materia de verdad y justicia se frustra ante el afán de una clase política que persistentemente se ha negado a comprender la dimensión del drama social involucrado en los crímenes cometidos por el Estado e insisten en imponer la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo es un atentado a la convivencia nacional y la conciencia democrática, puesto que el proyecto de ley conduce a la renuncia de la obligatoriedad del Estado a perseguir las responsabilidades penales, incluida la ejecución de las penas, entendida esta no sólo como sanción ejemplar frente a los más graves y horrorosos crímenes de que tenga memoria la historia reciente del país, sino como el más eficaz mecanismo de no repetición, dañando gravemente los valores éticos y morales de toda la sociedad chilena.

Resulta una paradoja, por decir lo menos, que los mismos sectores que hoy exigen inclemencia y mano dura frente al delito común, promueven, de cara a los mas desgarradores crímenes mecanismos de impunidad.

Una segunda paradoja es la contradicción en que entra el propio Presidente de la República quien ha repetido incansablemente que los poderes deben funcionar independientemente y que él respetará sus decisiones. Al indultar al un asesino, condenado por Justicia chilena, borra de una plumada sus aseveraciones tan nítidamente planteadas.

6.- Se pretende justificar el proyecto de ley en curso como una contribución a la paz social y la reconciliación nacional. CODEPU reitera, una vez más, que la única posibilidad de construir un futuro digno que permita el reencuentro nacional es dejar que los tribunales de justicia cumplan con su misión fundamental, cual es la de investigar, determinar las responsabilidades penales y hacer ejecutar lo resuelto, dando estricto cumplimiento al imperativo legal y constitucional nacional y de los organismos jurisdiccionales regionales e internacionales.

Ante este nuevo intento por consagrar definitivamente la impunidad, CODEPU se suma a los esfuerzos unitarios de organizaciones de familiares, de víctimas, y de la sociedad civil por definir una estrategia común que permita evitar que en el país se consolide la impunidad.

LA DIFÍCIL PARICIÓN DE LA VERDAD

 A mediados de agosto pasado el coronel (r) del Ejército Ricardo Lawrence Mires, que integró la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), afirmó ante el ministro en visita Víctor Montiglio que el general (r) Augusto Pinochet conocía pormenorizadamente todas las actividades represivas y violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por este organismo de seguridad, que funcionó bajo la dirección operativa del general (R) Manuel Contreras Sepúlveda.

Lawrence –según un artículo firmado por Jacmel Cuevas y reproducido por diversos medios– señaló que Pinochet visitó al dirigente comunista –y hoy detenido desaparecido– Víctor Díaz durante su detención. Además, sostiene que la Auditoría del ejército, cuando estaba a cargo de Fernando Torres, implementó un mecanismo para ocultar información.

Su confesión se dio en el marco del caso denominado Calle Conferencia, en el cual reconoce su participación en la detención de seis miembros de la directiva clandestina del Partido Comunista (PC), llevadas a cabo entre el 4 y 12 de mayo de 1976, que significó la desaparición de Jorge Nuñez (cónyuge de la fallecida Gladys Marín) Mario Zamorano Donoso, Jaime Donato Avedaño, Uldarico Donaire Cortés y Elisa Escobar Cepeda y también de Víctor Díaz López, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz.

LA VISITA DEL TIRANO

Sin embargo, lo más significativo de sus dichos ante el tribunal se refirieron a una visita que habría realizado Pinochet al secretario general del PC, Víctor Díaz, a un cuartel ubicado en el Cajón del Maipo llamado Casa de Piedra, a cargo del coronel (r) de Ejército, Germán Barriga –que se suicidó en enero de este año–.

“Recuerdo que en una oportunidad, estando en el cuartel se presentó en el lugar, Casa de Piedra, el general Augusto Pinochet quien llegó a conocer a Víctor Díaz (…). Recuerdo que el general Pinochet sostuvo una reunión con Víctor Díaz y trascendió una conversación que Víctor Díaz había mantenido con Pinochet, en que Díaz le decía que cometía un error al meterse contra el Partido Comunista, porque ello era como tratar de vaciar el mar con un balde”, relató Lawrence Además dijo que los dirigentes fueron ejecutados en Casa de Piedra, pero que no podía precisar el modo, ya que su función fue participar en la desaparición de los cuerpos, que también estuvo a cargo del fallecido coronel (r) Barriga.

“Tuve como misión escoltar dos camionetas que se encontraban en ese cuartel cargadas con los prisioneros muertos y ensacados, camionetas que eran del grupo de Barriga. (…) luego emprendimos rumbo al norte, hasta llegar a la zona de Peldehue, ingresando por un camino secundario. Al llegar al lugar se encontraba un helicóptero del Ejército, si mal no recuerdo un Puma, los vehículos se detuvieron y desde las camionetas se comenzó a sacar los cuerpos que se encontraba ensacados subiéndolos al helicóptero”.

Pinochet fue sobreseído en 2003 por razones de salud dde estos crímenes, las mismas razones que previamente le habían permitido ser eximido de responsabilidad penal en el caso Caravana de la Muerte, y recientemente fue absuelto el general (r) Contreras, ya que la Corte de Apelaciones estimó que en su caso había “cosa juzgada”.

En este caso, además de Lawrence, se encuentra procesado en calidad de autores de homicidio calificado Osvaldo Pincetti, alias Doctor Tormento. También estaban encausados por los mismos ilícitos Germán Barriga y Miguel Krassnoff.

«LE DECÍAMOS LA VERDAD»

Lawrence ratificó el conocimiento que tenía el ex gobernante de facto sobre las actividades de la ex DINA, afirmando que le informaba personalmente de ellas entre 1973 a 1977. “En varias oportunidades, en ocasiones en que me correspondía prestarle seguridad directa al general Pinochet en sus viajes los fines de semana a la playa, en el trayecto mi general me preguntaba ‘cómo andaba la cosa’ y se manifestaba muy interesado por saber respecto del descubrimiento de armamento y de cómo iban las actividades tendientes a identificar a las cúpulas del MIR y del PC. Yo, que iba en el auto, le contaba lo que realmente ocurría. Le decíamos la verdad.

“Es muy probable que yo en esas conversaciones le haya informado cómo se operó para detener a Miguel Enríquez o a la cúpula del PC. Entiendo que, además, el general Pinochet estaba plenamente informado, ya que el general Contreras le informaba diariamente de toda la situación que se producía dentro de la DINA y fuera de ella, es decir, la situación del país.

“Me correspondió llevar a la casa del general (r) Pinochet un sobre que contenía las novedades del país y de la DINA, información que era preparada por el cuartel general y que, esporádicamente, me correspondía hacerlo cuando Contreras no podía ir a entregárselo personalmente. Debía estar en su casa cerca de las 06:30 horas. Era la hora en que normalmente terminaba de hacer sus ejercicios. Entregaba el sobre y esperaba por si daba alguna instrucción, como por ejemplo que Contreras lo llame a tal hora”.

BLOQUEAR LA JUSTICIA

El ex uniformado aseguró que en sus primeras declaraciones ante la justicia habría incurrido en falsedades, ya que en el ejército operaba un sistema para ocultar información y al cual accedió por orden del general (r) Manuel Contreras:
“Se nos explicaba el motivo de nuestra citación y lo que debíamos decir. Esto se organizaba en lo que se llamaba AUGE, Auditoria General del ejército, que estaba a cargo y dependía del general (Fernando) Torres. Ahí había abogados que nos explicaban lo que debíamos declarar y se me aseguraba que todo iba a pasar rápido. Entre los abogados recuerdo a (Roberto) Puelma y (Enrique) Ibarra”.

Señaló, además, que sus jefes en Villa Grimaldi habrían sido César Manríquez, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Marcelo Moren, Maximiliano Ferrer, entre otros. Mientras que como cabecillas de la Brigada Purén identificó al general Raúl Iturriaga y los oficiales Gerardo Urrich, Germán Barriga, Manuel Carevic y Miguel Hernández.

“En la DINA se operaba al igual que una unidad policial, es decir: había una oficina de partes con libros, kárdex, minutas dirigidas a los jefes, etc. Es decir, existía un aparataje administrativo que dependía del jefe de La Villa (Grimaldi). Toda esa información debe estar en algún lugar porque es parte de la historia de Chile, pero desconozco cuál fue su destino”, concluyó Lawrence.

LOS TÉRMINOS DE LA
“RECONCILIACIÓN NACIONAL»

El reportaje parcialmente transcrito contribuye a aclarar sin lugar a ninguna duda las vías que se intentan forjar para dar forma a la “reconciliación nacional” añorada por los ex golpistas, asesinos varios –con o sin uniforme– y quienes abjuraron –como el caudillo medieval– de lo que ayer afirmaban para gozar hoy de las señales exteriores de un poder que en realidad no tienen sino en comandita con quienes de buen grado pactaron lo que denominan “transición” a la democracia, sin respeto por las definiciones históricas.

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* CODEPU, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, fundada en 1980, durante la dictadura militar (www.codepu.cl).