Ene 29 2022
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Economía

Cogobierno del FMI, que monitoreará al menos hasta 2024 la economía argentina

El “entendimiento sobre políticas clave” para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció el gobierno argentino al filo del vencimiento del pago de 713 millones de dólares, cuyo incumplimiento hubiera alterado sensiblemente los términos de la negociación sobre la duda externa,  logró eludir el default hasta 2024, pero no reducir las sobretasas ni la tutoría permanente, omnipresente de los funcionarios del FMI.

En una negociación signada por la amenaza de default y con las reservas del Banco Central al límite, el gobierno de Alberto Fernández logró algo de aire para soslayar los próximos vencimientos y dejar el grueso del ajuste fiscal y monetario para la próxima gestión presidencial, que deberá encarar el pago contante y sonante de gran parte de la deuda y sus intereses.No estamos tan mal: Georgieva mandó una buena señal: "Hay mucho por hacer por el acuerdo con Argentina"

Argentina logró un período de gracia a cambio de una fuerte reducción del déficit fiscal y de la emisión. Los anuncios hechos por el presidente Alberto Fernández se limitan a un acuerdo de postergación de los vencimientos por un período de cuatro años, acompañados de un compromiso de reducción del déficit fiscal en un sendero de dos años y medio, para llevarlo en 2024 al 0,9% del PBI. Para ese año, está pautado el mayor esfuerzo fiscal.

Uno de los puntos que demoraron el acuerdo en la última semana -si el déficit cero que reclama el organismo se alcanzaría en 2025 o 2026- simplemente se omitió y, con seguridad, quedará sujeto primero a la letra chica que se irá deslizando en las próximas semanas, cuando -como adelantó el ministro Martín Guzmán- se conozcan los términos de los memorándums técnicos y, luego, a las revisiones que a partir de ahora se irán sucediendo cada tres meses.

Serán diez misiones consecutivas por un período de 30 meses, de las que dependerá cada uno de los desembolsos pautados.

Desde el punto de vista técnico, se anunciaron avances para sellar un nuevo crédito de facilidades extendidas por diez años, por un monto idéntico al vigente y que permitirá obtener los desembolsos para saldar los vencimientos de capital e intereses ya pautados en el acuerdo anterior. Es la forma técnica mediante la cual se pudo plasmar un período de gracia en los pagos, sujeto al cumplimiento de un programa de reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria, bajo estricta supervisión de los técnicos del organismo.

Así, el primer desafío para el gobierno será el de llevar el déficit fiscal de este año hasta los 2,5 puntos del PBI. El proyecto de Presupuesto 2022 que rebotó en el Congreso preveía que fuera del 3,3%. Para eso, deberá reducir un punto con relación a lo ocurrido en 2021 sin contar con el impuesto a las grandes fortunas que, el año pasado, aportó el equivalente al 0,5% del PBI.

El ministro de Economía Martín Guzmán adelantó que aspira a lograrlo sin ajustar el gasto público, sino a partir de una suba de los ingresos tributarios derivados de un mayor crecimiento económico y de una reducción de la evasión fiscal. Aseguró que habrá margen para incrementar la inversión pública, con el propósito de mejorar la productividad y, de esa forma, inducir un mayor crecimiento.

La apuesta resulta optimista máxime cuando, para descomprimir el mercado cambiario, el entendimiento contempla la garantía de ofrecer tasas de interés reales positivas que, con una inflación proyectada en más de un 50%, implica intereses que podrían desalentar la inversión productiva. En el mismo sentido, operará la suba de tarifas energéticas que, de una u otra manera, está incluida en el acuerdo a partir del compromiso de reducir subsidios para descomprimir el déficit fiscal.

Hay un evidente desacuerdo entre Guzmán, que aseguró que se mantendrá el sendero tarifario ya pautado, y el comunicado del Fondo, que insistió en la necesidad de acelerar el proceso que, desde la visión de sus técnicos, implica una suba en términos reales de un 180% en las tarifas. Según Guzmán, el acuerdo no incluye el reclamo de un shock devaluatorio y se mantendría el sendero de minidevaluaciones capaces de mantener relativamente fijo el tipo de cambio real.

El organismo omitió su histórico reclamo de avanzar en una reforma previsional y laboral, sobre el cual, de todas formas, podría volver en cualquiera de las revisiones técnicas pautadas en los próximos meses y años. Argentina también deberá cumplir con una reducción de la emisión monetaria, para llevarlo desde el actual 3,7% del PBI a un 1% este año; a un 0,6%, en 2023, y a cero, en 2024, condicionando sensiblemente el margen para desplegar políticas sociales e incluso las de estímulo a la producción.

Opiniones

Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación, sostuvo que «la decisión tomada por el gobierno y que exige la ratificación del Parlamento, implica legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado».

Añadió que el gobierno ha desistido de denunciar ante los foros políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI y desistió de promover la nulidad del crédito Macri-FMI, tanto a nivel local como internacional. “Jamás produce buenos resultados validar la impunidad (…) Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento (…) Hay una monumental cesión de soberanía y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024», afirmó.

Claudio Katz, de Economistas de Izquierda, señaló cuatro compromisos que adoptó el gobierno. Está primero el compromiso fiscal que es bajar el déficit, que el gobierno dice que esto se va a lograr simplemente con crecimiento y con aumento de la tributación, “pero esto hay que verlo”.

Hay un segundo compromiso de reducción del financiamiento del déficit con emisión y ahí hay que ver la letra chica, pero en principio eso se va a lograr con una tasa de interés real positiva. Esto implica crear un gran negocio de bicicleta financiera en el mercado local. El tercer compromiso es bajar la tasa de inflación y ahora el FMI acepta argumentos multicausales sobre la tasa de inflación. “Eso es pura retórica porque lo que el Fondo va a inspeccionar cada tres meses es si la tasa de inflación está bajando con un ajuste monetario”, señaló Katz.

Y el cuarto compromiso es ese de que no habrá una megadevaluación. Dicen que sin devaluación van a recomponer las reservas en 5.000 millones de dólares en el curso de este año. “Cómo lo van a hacer es un misterio, porque el año pasado hubo un superávit comercial de 14.000 millones de dólares y las reservas están en cero”, señaló.

El investigador Alejandro Olmos Gaona señaló que “Es un alivio coyuntural, pero el problema de la deuda va a seguir”, y explicó que «de aquí a dos años y medio el Gobierno tiene tranquilidad respecto a las operaciones con el Fondo, que le va a dar plata para que le pague y va a monitorear la economía argentina. “Diría que de alguna manera casi cogobernaría durante los dos años y medio, porque las revisiones trimestrales suponen un control estricto de lo que se haga”, dijo.

Por su parte, el economista jefe de Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Nicolás Zeolla advirtió que “Lo peor del marco en el que nos encontramos es la presencia del Fondo en el ordenamiento de una de las partes de la política económica argentina”.

En el Congreso

Anunciado el acuerdo con el FMI para refinanciar el endeudamiento millonario de la gestión macrista, la pelota pasó ahora al Congreso. En la coalición opositora Juntos Por el Cambio, la primera reacción fue señalar como «positivo» que el gobierno hubiera eludido un default, si  bien pidieron aguardar hasta conocer la «letra chica”. En el oficialista Frente de Todos, hay mayor incertidumbre. Un grupo de diputados que representan a los movimientos sociales manifestaron su rechazo a pagarle al Fondo.

Hace un año, la Cámara de Diputados sancionó la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que todos los futuros acuerdos con organismos internacionales deben ser aprobados sí o sí por el Congreso. Esta ley, que fue impulsada por el oficialismo con el objetivo de evitar otra crisis de deuda como la que generó el préstamo de 44 mil millones de dólares al gobierno anterior, será puesta en práctica por primera vez para refinanciar la deuda que tomó el macrismo.

El primer paso será transcribir la letra del acuerdo a un proyecto de ley que se presentará en el Congreso, pero aún falta terminar de definir con los funcionarios del Fondo los detalles del memorándum de entendimiento que, a su vez, deberá ser aprobado por el ejecutivo del organismo, lo que va a llevar varias semanas.

El gobierno, sin embargo, espera poder aprobar el proyecto antes del 21 de marzo, fecha en la que el país tendría que pagar un nuevo vencimiento de casi tres mil millones de dólares.

Un préstamo ilegal, una deuda ilegítima

Argentina sale del "default": 10 números para entender la crisis de deuda de 15 años - BBC News MundoJuristas internacionales, abogados, especialistas y organizaciones políticas y sociales ya habían denunciado la ilegalidad del préstamo stand by que el organismo internacional otorgó a la administración macrista en 2018. Una deuda también ilegítima, para someter a los países a planes de ajuste sobre el pueblo.

Y, a pesar de los anuncios del propio presidente Alberto Fernández en la inauguración de sesiones del Congreso en marzo de 2021 de iniciar una “querella” a los responsables, su gobierno orientó sus dos años de gestión a negociar la deuda ilegal e ilegítima y se encamina ahora a validar todo el endeudamiento con la firma de un nuevo acuerdo.

Una reciente investigación de los juristas Karina Patricio Ferreira Lima (Universidad de Leeds) y Chris Marsh (Universidad de Cambridge, exfuncionario del FMI) concluyen que el acuerdo stand by de 2018 entre la Argentina y el FMI debería considerarse nulo. Señalan que el mayor programa en la historia del Fondo «fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire’».

Esto implica, de acuerdo al derecho jurídico internacional, que el acuerdo debería ser considerado nulo por rebasar «el límite de la ley». Allí constatan, entre otros aspectos, que el programa acordado:

  • Contenía objetivos imposibles de alcanzar, basados en supuestos y errores contables atroces e inconsistencias.
  • “El programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un «agujero negro» contable de al menos 20.000 millones de dólares. Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir”.
  • En el mismo diseño del programa ya estaba inscripto que se amplificaría y se agravaría la crisis de balance de pagos, “debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar”.

También afirman que en dicho acuerdo “el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente”. Argentina ya sumaba 22 acuerdos firmados con el FMI, una historia de fracasos y de recetas que se repiten. ¿Será lo mismo con el número 23?

Otro capítulo aparte corresponde al destino de los dólares que obtuvo Macri con el préstamo del FMI. El Banco Central reveló en un informe del año 2020 que desde diciembre de 2015 la fuga de capitales fue de más de 86.000 millones de dólares. La mayor parte del endeudamiento financió la fuga de capitales. Y los responsables fueron las grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Union, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras.

Cada renegociación de deuda actúa -desde la dictadura cívico militar de 1976-1983- como un “borrón y cuenta nueva” para ir ocultando los fraudes previos. En el año 2000, el juez Ballesteros dictó sentencia en la llamada Causa Olmos detectando 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Alejandro Olmos Gaona, hijo de quien hizo la denuncia original, explicó que ese fallo fue enviado al Congreso y desde allí ningún gobierno le dio curso.

Para las organizaciones sociales, no queda otra forma que enfrentar a quienes optan inconsultamente por seguir pagando miles de millones de dólares, con el pueblo movilizado. Ya no valen excusas, vacilaciones oportunistas ni silencios cómplices cuando se juega la soberanía y el futuro del país y de los argentinos.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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