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El presidente colombiano Álvaro Uribe, declaró anoche el Estado de Conmoción Interior en todo el país por 90 días. La decisión busca restablecer el servicio público de la justicia y agilizar los procesos judiciales paralizados por una huelga del sector que ya lleva 37 días.
De acuerdo a fuentes presidenciales, Colombia afronta una grave perturbación del orden público y social, debido a la disfuncionalidad de la administración de justicia, lo cual atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Uribe tomó la decisión luego de que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, en huelga desde el 3 septiembre último y que no aceptaron las subas salariales decretadas. El paro mantiene suspendida la administración de justicia. En esos 36 días, se bloquearon los fallos en 160 mil procesos, y según fuentes oficiales, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.
La Constitución de Colombia establece en su artículo 213 que será implementado el Estado de Conmoción en caso grave de perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía.
En tanto, el mandatario indicó que durante la huelga más de 2700 arrestados por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas, quedaron libres por vencimiento de términos legales y no se efectuaron unas 25.000 audiencias.
En ese contexto, advirtió que podían obtener su libertad importantes narcotraficantes o acusados de crímenes graves, como el de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria (1990-94), secuestrada y asesinada en abril de 2006.
"Esto le causa al país una tragedia", expresó Uribe, quien tuvo un día de consultas con sus asesores antes de anunciar el decreto.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros delitos graves.
El Gobierno propuso bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares). Sin embargo, los huelguistas exigen una partida presupuestaria mayor y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores.
El lunes, Uribe en una búsqueda desesperada de frenar la huelga, firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores judiciales, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial. Ante esa situación, Uribe aseguró que siguen abiertas las puertas del diálogo.
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