Colombia. – AUMENTA EL ESCÁNDALO »PARAPOLÍTICO»
Otros seis congresistas colombianos aliados del presidente Alvaro Uribe, incluido el hermano de la canciller María Consuelo Araújo, fueron vinculados el martes por la Corte Suprema a una investigación penal por los supuestos nexos de políticos con paramilitares.
Tres legisladores permanecen encarcelados en medio de la investigación que desató el más grande escándalo político en la historia de Colombia y que amenaza con ahondarse, lo que podría afectar la gobernabilidad de Uribe y la aprobación de decisivas reformas fiscales en el Congreso, de acuerdo con analistas. Los seis congresistas vinculados a lo que se ha denominado el escándalo de la «parapolítica» son Dieb Maloof, Jorge Luis Caballero, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Mauricio Pimiento y Alvaro Araújo.
«La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso la apertura formal de investigación penal (…) por el delito de concierto para delinquir agravado. En consecuencia, se les ha llamado a rendir indagatoria, » dijo un comunicado. Después de que la Corte Suprema los escuche puede archivar las investigaciones en su contra por falta de pruebas u ordenar su captura, como sucedió recientemente con los congresistas Alvaro García, Jairo Enrique Merlano y Erik Julio Morris.
Hasta el momento todos los legisladores involucrados en la investigación pertenecen a partidos que apoyan a Uribe en el Congreso y que fueron clave para lograr su reelección para un segundo período consecutivo.
El Congreso de Colombia, de composición bicameral, está integrado por 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, y afronta el peor escándalo desde mediados de la década de 1990 cuando varios legisladores fueron encarcelados por financiar sus campañas con dinero del narcotráfico.
La investigación apenas comienza
De los vínculos de congresistas y políticos con los escuadrones de ultraderecha, acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su guerra contra la guerrilla izquierdista, se hablaba en este país suramericano desde hacia varios años, pero sólo hasta ahora se inicia una investigación criminal que también podría dejar al descubierto los vínculos de efectivos de las fuerzas armadas, empresarios, industriales, ganaderos y terratenientes con esos escuadrones ilegales.
Los antiguos comandantes de esos escuadrones, actualmente confinados y a la espera de presentarse ante tribunales para confesar sus delitos y recibir una sentencia de máximo ocho años de cárcel, pidieron la semana pasada a todos los que lo apoyaron o se beneficiaron de sus actividades, que lo reconozcan públicamente ante el país.
El senador Pimiento, que ha hecho su carrera política en el departamento del Cesar, una región del norte del país con alta influencia de los paramilitares, negó los nexos con esos grupos y anunció que se presentará ante la Corte Suprema de Justicia. «No he tenido, ni tengo, ni tendré (vínculos con los paramilitares) y todos los actos a lo largo de mi carrera pública así lo respaldan,» dijo a los periodistas.
En medio de la crisis, la senadora del opositor Partido Liberal, Piedad Córdoba, planteó la posibilidad de cerrar el Congreso o la renuncia de los legisladores de esa colectividad política que es minoritaria. Pero recientemente el gobierno de Uribe, por intermedio de su ministro del Interior Carlos Holguín, descartó esa posibilidad y dijo que los congresistas que sean capturados serán remplazados de acuerdo con los mecanismos legales.
Los paramilitares surgieron en la década de 1981/90 financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.
Uribe, quien ha negado las acusaciones de sus críticos de tener nexos con esos escuadrones y apoya las investigaciones contra los políticos, inició a mediados del 2003 una negociación de paz con los paramilitares que permitió que más de 31.000 «combatientes» depusieran las armas. No obstante el mandatario, el aliado más importante de Wáshington en América Latina, congeló la extradición de varios antiguos líderes de esos ilegales grupos armados a Estados Unidos para que respondan por cargos de narcotráfico con la condición de que cumplan los compromisos de la negociación.
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Periodista, en un despacho de la agencia Reuters citado en el foro-web Ecuador Rojo.
El afiche de apertura es una creación del dibujante y diseñador Gustavo Muñoz Matiz, tomada de este sitio.