Colombia. – CRÍMENES, POLÍTICA PODER Y Y DINERO
«Es un momento difícil para mí», dijo conmovida la canciller colombiana María Consuelo Araújo (abajo izq.), cuyo padre, hermano y un primo hermano fueron acusados ante la Justicia de conformar grupos paramilitares de ultraderecha y atentar contra la seguridad nacional. La ministra confirmó el viernes que no renunciaría, luego de recibir el espaldarazo del presidente Álvaro Uribe, quien la presentó no sólo como una funcionaria eficiente, sino además como una víctima de las circunstancias de la longeva guerra civil en este país.
El padre de la canciller, el ex parlamentario Álvaro Araújo Noguera, y un hermano, el senador Álvaro Araújo Castro, están acusados además de secuestro extorsivo agravado, supuestamente cometido para sacar de la competencia electoral a un rival político. Araújo Noguera será investigado por la Fiscalía General de la Nación, a pedido de la Corte Suprema de Justicia.
El senador fue detenido el jueves junto con otros cinco legisladores oficialistas, y todos ingresaron 24 horas después en autobuses blindados acompañados de una fuerte escolta al Pabellón de Mínima Seguridad de la Penitenciaría Nacional La Picota, al sur de la capital.
El 15 de noviembre de 2006, la canciller consideró apropiado hacerse acompañar de su hermano, el senador ahora preso, a una entrevista oficial con el fiscal general Mario Iguarán. Luego informó que efectivamente la cita fue aprovechada para conocer la situación jurídica de sus familiares.
Todos los detenidos el jueves están acusados de atentar «contra la seguridad pública» al aliarse o promover grupos que, mediante la violencia, «tienen la posibilidad de incidir en la administración de justicia para que ésta no opere con la eficiencia con que la sociedad lo reclama», según el auto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, revelado en la noche del viernes por el noticiero de televisión CMI.
El texto de 76 páginas se conoció el mismo día en que fue amenazado de muerte el magistrado de la Sala Penal y ex presidente de la Corte, Yesid Ramírez. El alto tribunal dispuso desde el inicio de esta investigación que todos sus pronunciamientos y órdenes relacionadas con el caso, conocido como la «parapolítica», sean firmados por los nueve miembros de la Sala Penal.
Una familia unida
La alianza de «Alas» –el movimiento político de los Araújo– con el paramilitarismo revela un «acuerdo de voluntades» para que los irregulares de ultraderecha accedieran al poder directamente o a través de simpatizantes, según el auto de la Sala Penal.
El primo hermano de la canciller, Hernando Molina Araújo, gobernador del nororiental departamento del César, de donde proviene la familia, también fue llamado a declarar ante la Fiscalía por «delitos contra la vida, la integridad nacional y la seguridad nacional», entre otros, dijo el viernes el fiscal Iguarán. Molina Araújo habría manejado gran cantidad de dinero de paramilitares que, a su vez, lo habrían impuesto como candidato único en las elecciones luego de amenazar y lograr el retiro de sus contrincantes, lo que fue presentado en su momento como un «acuerdo político».
Molina es hijastro del procurador general (que vigila la conducta administrativa y ética de los funcionarios) Edgardo Maya, viudo de la ex ministra Consuelo Araújo, madre de Molina y tía de la canciller, asesinada en septiembre de 2001 cuando estaba secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Maya, el otro alto funcionario incomodado por las investigaciones, recordó el viernes que en todas las actuaciones de su despacho contra sus familiares se ha declarado impedido, delegando las decisiones en otros funcionarios de la Procuraduría. Además, señaló que sus parientes no podrán acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, diseñada para favorecer a paramilitares arrepentidos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y que prevé penas máximas de ocho años.
«A esto lo que hay que aplicarle es el código penal, y el código penal en toda su intensidad», afirmó, lo que podría significarle al senador Araújo entre 24 y 40 años de prisión.
Otros cerca de 60 parlamentarios, casi todos oficialistas en un legislativo dominado en 70 por ciento por la coalición que respalda a Uribe, están en la mira de la Corte Suprema de Justicia, que es la competente para juzgarlos. El motivo común son diferentes grados de comprometimiento con los grupos paramilitares, comenzando por su conformación y financiación. Según una investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris junto con estudiosos de la estatal Universidad Nacional de Colombia, podría sospecharse de 33 del total de 102 senadores.
Un poder detrás del Estado
El auto del alto tribunal confirma lo que muchos en Colombia no habían visto, o no querían ver: los paramilitares no solo influyeron en el Congreso legislativo, como se afirmó hasta hace pocos meses, sino que además, parlamentarios, líderes políticos y narcotraficantes conformaron grupos paramilitares propios.
Luego de que fueran calificados de «terroristas» por Estados Unidos, y tras el primer pedido de extradición contra sus jefes para juzgarlos por narcotráfico, los grupos paramilitares iniciaron una estrategia de desmovilización y comenzaron a justificar sus matanzas arguyendo la ausencia del Estado. Pero se trata de estructuras que «trabajan» con la fuerza pública, como lo muestran las repetidas condenas al país de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cuenta de crímenes de lesa humanidad perpetrados por los paramilitares.
Son responsables de 80 por ciento de los crímenes en la guerra colombiana, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y según la Contraloría General de la Nación, se han apoderado violentamente de 4,5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país. Los campesinos así despojados son unos 3,8 millones, de acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Esa tragedia configura, para la ONU, la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental.
«Los paramilitares y sus patrocinadores no son un grupo armado cualquiera, sino que son esencialmente mafias tremendamente poderosas, que están profundamente involucradas en el tráfico de drogas», sostuvo Maria McFarland, de la organización Human Rights Watch (HRW), en la Conferencia Nacional sobre Cooperación y Derechos Humanos, celebrada el 1 de este mes en la septentrional ciudad de Cartagena de Indias.
Lejos de ser víctimas, los políticos cómplices «se han beneficiado enormemente a lo largo de décadas de gravísimos delitos, violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción», y crearon «organizaciones criminales que siguen activas» advirtió la abogada e investigadora encargada de Colombia en HWR.
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* Periodista. Agencia IPS.
Addenda
El informe de Amnistía Internacional (Colombia), Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización? puede leerse