Este Primero de Mayo fue el inicio del proceso de la consulta popular; el gobierno colombiano radicó las 12 preguntas en el Congreso, entre una creciente polarización política.
En noviembre de 1887 fueron condenados a la horca cuatro dirigentes sindicales y políticos en Chicago. Eran los líderes de una masiva movilización de protesta realizada entre el 1 y el 4 de mayo del año anterior, que culminó con una explosión en la que murieron varios policías y trabajadores.
De inmediato culparon y arrestaron a sus promotores. No hubo juicio justo ni mínimas garantías procesales para defenderse. Fueron condenados sin prueba alguna. Su delito real fue reclamar sus derechos, protestar por jornadas laborales de entre 12 y 16 horas.
Esta masacre, ocurrida en la segunda ciudad de EU, que entonces daba pasos agigantados para transformarse en primera economía del mundo, se convirtió en símbolo de la lucha de la clase obrera en contra de la voracidad del capitalismo. En su memoria, se estableció su día internacional, que se conmemora en todo el mundo, menos en dicho país.
Pero debemos ampliar un poco la memoria. Las mujeres también han dado históricas luchas, por sus derechos laborales y políticos, por defender su vida misma, en sociedades profundamente patriarcales y excluyentes, lo que hace mucho más difíciles esas luchas.
El 8 de marzo en Nueva York se realizaron dos huelgas en años y siglos diferentes. La primera, en 1857, cuando las trabajadoras textiles exigieron sus derechos y protestaron contra extenuantes jornadas laborales, con salarios de miseria, correspondientes al 70% del de los hombres.
La segunda huelga se dio en 1908. Aproximadamente 40.000 trabajadoras de una fábrica textil exigieron la reducción de su jornada laboral, el derecho a sindicalizarse y el cese de la explotación infantil. Los dueños cerraron las puertas, se generó un incendio y murieron 120 trabajadoras, convertidas también en mártires de la clase obrera y de la lucha de las mujeres. Este fue el origen del 8 de marzo.
En Colombia como en el resto del mundo, la lucha histórica de trabajadores y trabajadoras por sus derechos laborales y por la defensa de sus conquistas produjo avances importantes, plasmados en la legislación nacional y en normas internacionales. Ha tenido también muchos héroes y heroínas.
Sin embargo, hace cuarenta años se impusieron las leyes del mercado y sus poderosos tecnócratas. Los intereses del sector privado, por encima de cualquier otra consideración. Se satanizó cualquier intento de redistribución por parte del Estado.
En 1990, en el marco de la apertura económica y la globalización neoliberal, el gobierno de César Gaviria aprobó la reforma laboral, mediante la Ley 50. En aras de la inversión extranjera, destruyó la industria y la agricultura nacionales e impuso la “flexibilización laboral”.
Se conculcaron los derechos de la clase trabajadora y se acabó con la estabilidad laboral.
Poco más de una década después, Álvaro Uribe impulsó una segunda reforma laboral, todavía más lesiva. Mediante la Ley 789 de 2002, estableció que el día de trabajo se extendía hasta las 10 pm, reduciendo notoriamente el pago de horas extras, así como la remuneración de días festivos y feriados.
Frente a esta situación, el gobierno del cambio se comprometió a devolverle a la clase trabajadora los derechos perdidos, mediante una reforma laboral progresista.
Pero además esta reforma fue un compromiso adquirido con la juventud, con los sectores populares, las familias y comunidades de todo el país. Un compromiso con el portentoso estallido social que se inició precisamente hace cuatro años.
Como en el caso de todas sus demás reformas sociales estratégicas, la laboral parte de un enfoque de género claro e incluye medidas específicas para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras: mayor protección durante la maternidad; erradicación de la violencia y del acoso en el terreno laboral.
Incluye además el reconocimiento y protección del trabajo de la mujer campesina; formalización de las madres comunitarias y las madres sustitutas; protección a las trabajadoras domésticas; permiso laboral para las mujeres menstruantes cuando lo requieran.
Adicionalmente, contempla el restablecimiento de la formalización laboral y el pago para jóvenes aprendices del SENA, la formalización del trabajo en las plataformas, entre muchas otras medidas progresistas y de restitución de derechos.
Pero el 18 de marzo pasado la oposición hundió la reforma en el senado, sin siquiera discutirla. Lo hizo a nombre de los empresarios, los partidos de derecha y ultraderecha, comandados entre otros por César Gaviria y Álvaro Uribe, gestores de la legislación neoliberal. El archivo de la reforma laboral llevó al gobierno a la convocatoria de una consulta popular, un instrumento de participación ciudadana contemplado en la Constitución. Se busca llamar al constituyente primario para que decida la suerte de la reforma.
Precisamente este 1° de Mayo, en medio de la movilización popular y en cumplimiento de las normas legales establecidas, el gobierno radicará en el Congreso las 12 preguntas de la Consulta, que sintetizan los puntos centrales de la reforma laboral.
El reto no es fácil. Pero cualquiera que sea su resultado, esta convocatoria es un acierto político del gobierno. Ante los ojos de la población en general, obliga a sus críticos a la difícil tarea de oponerse a medidas concretas que la benefician, en plena época electoral. Por eso el nerviosismo y desespero de la oposición. Se multiplican todo tipo de ataques al presidente, tanto por su labor como gobernante como por su vida privada.
Los gremios y grupos poderosos no cesan de intrigar e interceder ante los gurús mundiales para que al país le vaya mal. Sueñan con la descertificación que impone el amo del norte. Celebran las amenazas del FMI contra el gobierno.
* Ph.D Ciencia Política con énfasis en Estudios Latinoamericanos, New York University. Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Publicado por Connuestraamérica.
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