Colombia. – EL GENOCIDIO DE LA UNIÓN PATRIOTICA
Los días 14, 15 y 16 se convocó en Bogotá el I Encuentro Nacional de Coordinaciones Regionales de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica.
Fue el momento de realizar homenaje a las víctimas del mayor genocidio adelantado contra partido político alguno de que tenga conocimiento la historia mundial. Queda señalando que las 5.000 víctimas de este exterminio fue –y es– adelantado desde el Estado colombiano, llevado a cabo en muchos casos por las propias fuerzas militares y en otros por las bandas narco paramilitares dirigidas por los primeros.
La Unión Patriótica nace de la firma de los Acuerdos de La Uribe el 28 de mayo de 1985 entre las FARC y el gobierno colombiano presidido por Belisario Betancur Cuartas, como un partido político legal, reconocido por el Estado colombiano, en el cual participaban no sólo miembros de la guerrilla sino activistas y militantes de
organizaciones políticas de izquierda como el Partido Comunista Colombiano y otros sectores.
En las primeras elecciones en que participa la U.P., en 1.986 alcanza 320.000 votos, todo un hito político para la izuierda en el país (2,93%) y elige cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 14 diputados departamentales, 351 concejales municipales y 23 alcaldes. Pero los enemigos de la paz, aplicando la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional impulsada desde EEUU, representados por sectores de las fuerzas militares y miembros de la oligarquía que vislumbraban su permanencia en el poder sería puesta en jaque por esta organización política, adelantan el Plan Baile Rojo y de 1.985 al 86 ya habían sido asesinados 243 miembros de la U.P.
En 1986, ya en la administración de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), el representante a la Cámara Leonardo Posada es asesinado el 30 de agosto y el senador Pedro Nel Jiménez el 1º de septiembre del mismo año. Los asesinatos continúan y en 1987 son asesinados más de 150 dirigentes. Ese año se adelanta los asesinatos del senador Pedro León Valencia (14 de agosto), el magnicidio de Jaime Pardo Leal (candidato presidencial) el 11 de noviembre, cuyo brazo ejecutor fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El mexicano, miembro del Cartel de Medellín, bajo la dirección de la Brigada de Inteligencia Militar (BIM). El 14 de diciembre es asesinado el representante Octavio Vargas Cuéllar.
En el año 1988 la U.P., obtiene el 0,74% de la votación, sintiéndose los efectos de la campaña de exterminio que ese año cobra la vida de más de 300 dirigentes. A pesar de ello elige en las llamadas elecciones de «mitaca» 13 diputados, 15 alcaldes y 256 concejales. La campaña de exterminio es sistemática y cobra la vida de cinco diputados, 45 concejales y 4 alcaldes; además de nueve candidatos a Concejo, cinco a la Alcaldía y uno a Diputado. Durante 1.989 la campaña de exterminio toma la dimensión de las masacres contra las poblaciones que apoyaban a la U.P., año en el cual se produce quizá el mayor desplazamiento de líderes de esta organización política. Las FARC anuncian el retiro de sus representantes en la U.P., y la continuidad de su lucha armada. Este año son asesinados José Antequera, el tres de marzo de 1.989, en cuyo atentado resultó herido el entonces senador Ernesto Samper Pizano, quien se acercó a saludarlo casualmente. Gabriel Jaimes es asesinado el 27 de octubre.
Como resumen, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas «padre terrenal» de la hoy embajadora colombiana en Washington, Carolina Barco Isakson, fueron asesinados un candidato presidencial, dos senadores, dos representantes a la Cámara, cinco diputados departamentales, 45 concejales y cuatro alcaldes municipales.
La continuidad del genocidio
En el gobierno Gaviria Trujillo, continuó el genocidio de la U.P. Durante la administración de César Gaviria Trujillo (1990-1994), la política de exterminio continúa, a pesar de mantener conversaciones de paz con las FARC y otros grupos guerrilleros, y a pesar de adelantar la Constituyente que produjo la Constitución de 1.991, la cual se pretendía fuera un mecanismo para reconciliar a los colombianos. Para la Asamblea Constituyente, la U.P. –a pesar de la campaña de exterminio–, participa en estas elecciones y elige dos miembros: Alfredo Vásquez Carrizosa y Aída Abella.
El 22 de marzo de 1.990 fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa. Candidato presidencial de la U.P., constituyéndose en el 2º candidato presidencial asesinado. En 14 de septiembre fue asesinado el diputado Carlos J. Vélez. El año 1.992 fue adelantado el plan Golpe de Gracia con la continuidad del exterminio de las comunidades de las bases políticas de la U.P. Durante el año 1.993 fueron asesinados 129 líderes de la U.P., y se adelantó el Plan Retorno, el cual consistía en la criminalización de los líderes de la U.P. que continuaban su lucha legalmente y la utilización de los «Mocha-cabezas», a fin de crear el terror en los simpatizantes de la U.P. El 9 de agosto de 1.994 fue asesinado el senador de la U.P. Manuel Cepeda Vargas.
Durante las administraciones de Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana se continúa adelantando la política de exterminio de la U.P.
Víctimas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
Las Fuerzas Militares continúan asesinando colombianos. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez no ha sido la excepción de la aplicación de la política de exterminio de la U.P., a pesar de que esta organización política ha visto reducida su presencia a nivel nacional por el asesinato de sus líderes y simpatizantes y el desplazamientos de sus comunidades base. Durante los tres primeros años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados más de 150 miembros de la U.P. y del Partido Comunista Colombiano (PCC). El vicepresidente Francisco Santos y miembros de la campaña electoral de Uribe Vélez por su re-elección señalaron en una cuña radial que el exterminio de la U.P. había sido producto de sus relaciones con las FARC, tratando de tender un manto de impunidad a la responsabilidad estatal.
El gobierno ha torpedeado el logro de una `solución amistosa’ ante la demanda de los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el genocidio de la U.P., cuya responsabilidad es negada sistemática y perversamente por los personeros gubernamentales. De igual manera el gobierno persiste en la persecución de los miembros de la U.P. que viven en el exilio como única forma de salvaguardar sus vidas.
El genocidio de la U.P. es un hito en la historia colombiana, el cual muestra cómo la oligarquía colombiana y el imperio ejercen el poder aplicando de manera sistemática, consuetudinaria y perversa: El Terrorismo de Estado.
«Pero los pueblos no olvidan y en su momento aplicarán la justicia popular». Casos hay muchos y recientes. Hoy, les rendimos desde ANNCOL un sentido homenaje a los camaradas de la U.P. y el PCC que han ofrendado sus vidas por una nueva Colombia. Vivirán por siempre en nuestra memoria y en la historia su ejemplo revolucionario!
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