Colombia: hambre y mutilación sexual – REALIDADES PARA UN DEBATE URGENTE

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Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

I LA MUTILACIÓN DE LAS NIÑAS

Efraín Jaramillo*

De entrada aclaramos que vamos a tocar un tema que va a levantar muchas ampollas, pero que tampoco podemos dejar pasar, y menos “de agache”. Sabemos que en esta materia y en un país de juristas recibiremos réplicas a montón. No nos asusta la controversia, ni el “temor a errar”, que al decir de Hegel, “es el primer error”.

Nos guía el corazón y un profundo sentir “liberal” (aclaramos: liberal no en el sentido de librecambio, ni en el sentido partidista. Liberal en su sentido histórico, que significa ser generoso, humanista, prodigo, altruista, desprendido…).

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Los hechos y las opiniones

Araceli Ocampo, personera de Pueblo Rico (Risaralda), puso en conocimiento de la opinión pública la muerte de una niña embera chamí del resguardo indígena de Gito Docabu, debido a la mutilación de su clítoris. Colprensa divulgó la noticia. Y a partir de allí Colombia entró a hacer parte del tristemente célebre grupo de países –del Norte de África y Sur de Asia– donde se practica la mutilación del clítoris a niñas menores de edad, obviamente sin su consentimiento.

El ginecólogo Jaime Ruiz explicó que son muchas las niñas que mueren en el mundo por está práctica, debido a hemorragias y shock por el intenso dolor que produce la mutilación, pero también por infecciones y obstrucción del flujo menstrual. Afirma que “La niña que es víctima de esta práctica queda de por vida afectada en su vida sexual y propensa a todo tipo de infecciones urinarias y pélvicas….”

El vicario de la pastoral indígena de la Diócesis de Quibdó, Jesús Flórez, en entrevista con Comprensa, confirmó que esta práctica existe en algunas comunidades embera chamí y embera katío en los límites de Risaralda y Chocó. Explicó además que esas comunidades “piensan que al quitar el clítoris evitan que las mujeres sean víctimas de malformaciones….”. Según este sacerdote, la iglesia se encontraba en proceso de diálogo intercultural con estas poblaciones, por lo que no se atrevía a realizar juicios sobre esta práctica, no obstante reconocer que se trataba de una violencia física contra una persona.

Más contundente fue el juicio de UNICEF, que a través del oficial de acción humanitaria, Eduardo Gallardo, expresó que se trataba de “una violación absoluta a las niñas, que no puede ser tolerada por razones culturales… Mas que un tema sanitario, es un atropello a la libertad y dignidad sexual de las mujeres…”

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, por su parte defendió esta práctica, declarando que en este caso “se trata de una conducta correspondiente a una práctica ancestral del pueblo embera chamí, dentro de su cosmovisión propia”. Esta organización insistió ante Colprensa en el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y reprochó “la doble moral de nuestros hermanos no indígenas, que da pie a que sectores oportunistas y retardatarios se prendan de este hecho para calificarnos de salvajes e incivilizados”.

Florence Thomas frente a este caso fue tajante y afirmó que “es una práctica sobre la cual no debe ni preguntarse por un punto de vista, porque es un acto condenable ante el cual no se debe invocar la cultura”.

De manera similar Marcela Velasco, de la Universidad de los Andes, afirma que “Por principio natural, las mujeres somos personas iguales a cualquier otro ser humano” y… “Ninguna ley humana y ninguna convención puede… reducir nuestra dignidad, capacidad o voluntad. Si alguna ley humana o convención cultural permite la sumisión de las mujeres y su disminución como seres… va en contra de la naturaleza humana y por lo tanto… es una ley o convención injusta que no debemos respetar…”

El debate

En los últimos 20 años los diferentes pueblos y culturas de Colombia han tenido un notorio acercamiento. Pero este acercamiento ha contribuido muy poco a un entendimiento de la diversidad cultural y de las condiciones para la convivencia. Es más, lo que ha primado es el conflicto. La fuente de las desavenencias de los grupos indígenas con el Estado y el resto de grupos humanos que los envuelve ha sido la tierra, el sustento fundamental de las culturas indígenas.

En la lucha por la tierra, o como dicen los indígenas por la “recuperación” de la tierra, el saneamiento, ampliación y creación de nuevos resguardos, los pueblos indígenas han contado con el apoyo incondicional de muchos hombres y mujeres no indígenas, que con generosidad han ofrendado sus vidas por esta causa. Nos atrevemos a nombrar algunos: Gustavo Mejía, El padre Pedro León Rodríguez, Jaime Bronstein, Luis Ángel Monroy, Jairo Bedoya…

No queremos mencionar la interminable lista de los dirigentes indígenas que ya no están con nosotros porque fueron asesinados o desaparecidos por esta lucha, pero sí queremos rescatar los nombres de los paeces Benjamín Dindicué, el padre Álvaro Ulcué, Cristóbal Sécue…; de los embera chamí Gilberto Motato, Fabiola Largo Cano, Luis Angel Chaurra….; de los embera katío Mario Domicó, Enrique Arce, Kimy Pernía, Lucindo Domicó… y un largo etcétera de dirigentes de otros pueblos.

Pero si se reconocen los conflictos por la tierra que han amenazado la convivencia, no sucede lo mismo con aquellas dificultades, desavenencias, o aún conflictos abiertos que se derivan de las diferencias culturales o religiosas de los pueblos.

No es bien visto por las organizaciones indígenas que se debatan de forma abierta los problemas culturales que se presentan a su interior, pues se considera que son asuntos propios de sus culturas, que no admiten intromisión alguna. Pero es la vía del debate la que permite despejar el camino y auscultar las formas para manejar los conflictos. Si se cierra, o aún se prohíbe el debate, los problemas que derivan de la pluriculturalidad no sólo no desaparecen, sino que se acumulan y tarde o temprano explotan.

Las organizaciones indígenas al cerrar las puertas a ideas críticas de afuera (como si una sociedad, indígena o no, pudiera vivir, avanzar y reproducirse a partir de su propia sustancia), al censurar el debate aduciendo que los elementos de su cultura, que hoy están siendo controvertidos por otros sectores de la sociedad civil que los rodea, son asuntos propios de sus culturas, sobre los cuales sólo ellos pueden decidir y opinar, entonces se acercan peligrosamente a posiciones absolutistas y fundamentalistas que tanto daño han causado a los pueblos indígenas.

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Es necesario entender que los indígenas ya no viven solos, en un mundo que ellos puedan manejar y sobre el cual ellos puedan decidir solos. Y deben entender también que el daño que causan a sus hijas y el dolor que les infringen, independientemente de las razones culturales que se aduzcan, es una violación a derechos que también a nosotros los no indígenas nos afecta, por el hecho de que estamos conviviendo con ellos en un mismo espacio y compartimos la misma nacionalidad, aunque pertenezcamos a universos culturales, lingüísticos y semánticos diferentes.

En Europa es donde se ha avanzado más en el estudio de la problemática pluricultural. Aunque no se trata de copiar formulas, pues se trata de contextos socioculturales y económicos diferentes, podemos de estas experiencias enriquecer nuestros conceptos analíticos para entender y manejar los conflictos.

Entre el atentado del 11 de marzo del 2004 en Madrid, las caricaturas danesas del profeta Mahoma y la alocución del Papa en Regensburg dos años después, han sucedido muchos conflictos de orden cultural, conflictos que han desembocado en formas violentas: A finales del 2005, explotó en París una revuelta de jóvenes musulmanes. Esta “intifada” en el corazón de Europa, tuvo orígenes culturales y religiosos. Sin embargo los que de alguna manera tenemos una biografía de izquierda, buscábamos en la economía la explicación profunda de estos levantamientos y éramos renuentes a percibir otras razones menos tangibles, más espirituales.

Un hecho de menos resonancia pero que sacudió los cimientos de la multiculturalidad de la sociedad holandesa, se produjo cuando el “creyente” musulmán Mohammed Bouyeri de nacionalidad holandesa, mató al “no creyente” pintor Theo Van Gogh en noviembre del 2004.

¿Cuales han sido las conclusiones que han sacado los europeos de los conflictos que se derivan de la existencia de culturas diferentes en un mismo espacio?

Empecemos diciendo que han perfilado su bagaje conceptual, diferenciando el multiculturalismo de la pluriculturalidad.

La pluriculturalidad, alternativa al multiculturalismo

Para entender esto miremos la definición de los dos conceptos. El sirio Bassam Tibi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Göttingen, explica el multiculturalismo mostrando las etapas de formación de este “pensamiento”: En una primera etapa se parte de la realidad de que existen varias culturas en un mismo espacio. En una segunda etapa se acepta que estas culturas requieren un reconocimiento constitucional.

Hasta allí, nos dice Tibi, todo anda bien, hasta que vemos la tercera etapa del planteamiento del multiculturalismo, el cual exige que las diferencias culturales se eleven a la categoría de derechos fundamentales (o naturales). Esta tercera fase del planteamiento multiculturalista no es del todo aceptable, ni tiene fundamento político, pues implica que en un mismo país existan varios derechos fundamentales, derivados de valores culturales que pueden estar en abierta contradicción.

La diferencia entre los dos conceptos, es que la pluriculturalidad reconoce la diversidad cultural, pero establece una condición: para garantizar la armonía y la convivencia entre las diferentes culturas en un mismo espacio, debe aceptarse un consenso de valores que delimite los derechos que emanan de una diversidad cultural que en principio no tiene límites.

A los valores que tienen consenso en nuestra nación multicultural, pertenecen todos aquellos que tienen que ver con la democracia, la secularidad y los derechos humanos individuales. El planteamiento pluricultural amarraría así la diversidad cultural a un orden de valores, promoviendo la convivencia, en contraposición de la ideología multiculturalista que pone barreras y obstruye cualquier acercamiento intercultural. La puesta en práctica de las premisas multiculturalistas, o multiétnicas para hablar en los términos que habla la Constitución Política de Colombia de 1991, dan como resultado sociedades paralelas, o la creación de lo que alguien jocosamente llamaba “nacioncitas de neblina y fraylejón”, llevando a obstaculizar la posibilidad de constituir una nación democrática y pluralista.

A manera de conclusión

Colombia, los colombianos y sus pueblos indígenas necesitamos un lenguaje claro que nos permita establecer las bases para la convivencia cultural. En principio poseemos esos valores consensuados que posibilitan emitir juicios sobre los acontecimientos en los pueblos indígenas. Mal harían los pueblos indígenas en tildar de retardatarios y reaccionarios a aquellos que no compartimos la violación de derechos humanos de las niñas indígenas, las personas quizás más vulnerables de las comunidades.

Tampoco podemos aceptar las frágiles explicaciones que dan algunas organizaciones indígenas para salirle al paso a las críticas que les llueven de sectores amigos (aquellas de la autonomía cultural o de que no se “… de pie a que sectores oportunistas y retardatarios se prendan de este hecho para calificarnos de salvajes e incivilizados”). Estas frágiles por no decir fraudulentas explicaciones ya las conocimos en el pasado, cuando escuchamos a un dirigente embera del Chocó, que preguntado sobre el suicidio de algunas jóvenes embera, muy orondo y sin ningún ápice de vergüenza, respondía que estas jóvenes habían decidido quitarse la vida en rechazo a los actores armados que hacían presencia en sus comunidades.

Cuando una comisión de mujeres indígenas investigó los hechos salieron a la luz las razones que el dirigente indígena ocultaba. Algunas familias, ante el agotamiento de los recursos naturales, habían extendido el trabajo de niñas y jóvenes a tales límites, que las llevaba al suicidio para escapar a estas infrahumanas condiciones de vida a que eran sometidas.

En áreas de colonización embera en el Caquetá, también en circunstancias similares de explotación, la respuesta de algunas jóvenes fue la de suspender el ejercicio de sus sentidos y caer en una especie de letargo y trance. Las explicaciones para estos casos llevados a la pantalla por algunos medios de comunicación de forma exótica, llovieron a montones, desde los que afirmaban que se trataba de posesiones demoníacas, hasta los que aseguraban que se trataba de casos con una génesis jaibanística. Pero aquí la joya la suministró un antropólogo que no tuvo empacho en afirmar que se trataba de grupos que habían sufrido una fuerte aculturación. Ante la imposibilidad de encontrar el camino para recuperar su cultura, se presentaba como solución la histeria.

No son convincentes tampoco las explicaciones de aquellos vicarios y otros supuestos amigos de los pueblos indígenas que de forma populista y con buena dosis de paternalismo (“la nueva cara del racismo”), acogen las tesis descoloridas de algunas organizaciones y dirigentes indígenas indolentes, hoy día más preocupados por participar en foros internacionales que entrar a enfrentar los problemas reales de sus comunidades.

En este sentido es que echamos de menos dirigentes del talante de Kimy, que de no haber sido asesinado por los paramilitares, estaría tomándose con su gente la administración de salud del Chocó para impedir que se les sigan robando los recursos, provocando la desatención y muerte de niños y niñas embera.

Echamos de menos voces calificadas como las de algunos dirigentes indígenas del país, que no se han pronunciado frente a estos atropellos. ¿Se trata de una pseudo solidaridad étnica que oculta la ignominia?

Echamos de menos un pronunciamiento de Eulalia Yagarí, ex-diputada indígena de Antioquia, cuya hermana murió por infección causada por la mutilación de su clítoris. También de Patricia Tobón y otras personas cercanas a los pueblos indígenas como Graciela Bolaños, Maria Elena Orozco, Gloria Tobón, Gloria salinas y muchas más.

Un amigo indígena consultado esta mañana sobre la necesidad que había de hablar públicamente de estos hechos y provocar un debate que lleve a que se ejerza desde las organizaciones una influencia que lleve a que se suspendan estas prácticas y no se cometan más violaciones contra las niñas embera, que también son nuestras niñas, me contestó en términos parecidos a los del Comisionado de Paz, de que el país no estaba preparado para conocer a cabalidad lo que ocurre al interior de algunos pueblos indígenas y que esto podría espantarles votos a la hora de convocar a la sociedad para que apoye sus demandas… ¡Háganme el favor!

Planteamos pues como alternativa la necesidad de que los indígenas abran un espacio a la diversidad de pensamientos e ideas políticas y organizativas en sociedades multiétnicas y pluriculturales como las nuestras. Naturalmente que este espacio sólo puede surgir en ambientes democráticos, diametralmente opuestos a concepciones autoritarias del poder. Las niñas indígenas de Colombia se lo merecen…

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* Del Colectivo de Trabajo Jenzera. Texto tomado de www.etniasdecolombia.org.

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II. EL HAMBRE HOY Y AQUÍ

Apolinar Díaz-Callejas*

Denuncias en los medios de comunicación y el trabajo de investigación de organizaciones internacionales gubernamentales que operan en el país, al fin han tenido eco en la población colombiana que ha constatado la verdad de la situación social de esclavitud que soportan desde hace siglos las poblaciones negras e indígenas de la república.

Todo ello ha saltado de manera aguda en estos momentos del siglo XXI, al quedar al desnudo la realidad de las condiciones de miseria y esclavitud real en que viven miles de colombianos. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se ha vuelto un verdadero especialista en la manipulación de las informaciones sobre la verdad de la crisis social y humanitaria que siguen soportando miles de colombianos de raza afroamericana e indígena y de mestizos.

Nuestro gobierno actual practica con reconocida eficacia la política de ocultar la realidad, envolviendo a la nación con el ruido espantoso y mentiroso de la propaganda oficial, que se ha empeñado en ocultar la real realidad de nuestra sociedad en cuanto a la sobrevivencia y expansión de la miseria y formas esclavistas que soporta gran parte de la población nacional.

Al destaparse la verdad de las agresiones gubernamentales y de grupos armados del paramilitarismo contra los sectores más pobres de nuestra población, particularmente en el departamento del Chocó y regiones del Pacífico pertenecientes al Valle del Cauca y Nariño, amplios sectores de la Costa Caribe colombiana y en zonas indígenas que sobreviven a los largo y ancho de la república, quedaron al descubierto las mentiras sobre la real situación social de esos sectores de colombianos que se han venido muriendo de hambre ante la indiferencia e ineficacia de la acción gubernamental.

Cuando fue publicada la información de la muerte por hambre de 49 niños de la región del Chocó, el gobierno salta a negar los hechos diciendo que sólo habían muerto cuatro niños como si la cantidad de las víctimas fuera un hecho sin importancia.

La realidad fue, conforme al testimonio de sacerdotes católicos, que han sido centenares de niños las víctimas del hambre, como ocurre en las zonas más atrasadas de África, que apenas recientemente han logrado la independencia política nacional. El Universal de Sincelejo del 26 de marzo /2007), denunció la muerte de 20 niños indígenas de la etnia yukpas de la Serranía del Perijá. Los ministros de Agricultura y de otras ramas saltaron a negar los hechos.

Periódicos de estirpe gobiernista como El Tiempo, único diario de carácter nacional que queda en Colombia, tuvieron que comenzar a publicar la verdad, informando que la esperanza de vida al nacer en el Chocó es de 65,1 años los hombres y 71,2 años las mujeres, al tiempo que en el país es para los hombres de 70,34 años y para las mujeres de 76,27.

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Informa además que el número de madres que fallecen por cada 100.000 nacidos vivos es de 429,2 en el Chocó y de 79 en Colombia. Que por cada mil nacidos vivos, en el Chocó mueren 17,04 cuando en el resto del país son 7,4. Que el número de niños que mueren antes de cumplir un año por cada mil nacidos vivos es en el Chocó de 98,25 entre los hombres y 80,01 en las mujeres, cuando en el resto del país son para los hombres 27,53 y para las mujeres 20,42.

Y que por cada 100.000 habitantes mueren en el Chocó 138,3 niños cuando en el país sólo 69,7 y que por cada 100.000 habitantes mueren por enfermedad 17,4 recién nacidos cuando en el resto del país son 7,4. Estas cifras son válidas para la población indígena.

Esa es la realidad que ha tratado de ocultar y esconder el gobierno Uribe Vélez.

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* En www.apolinardiaz.org. Difundido por Actualidad Étnica.

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