Colombia, herramienta de desestabilización andina y El País, herramienta de manipulación

Decio Machado*

Dentro del despliegue militar del Pentágono en Latinoamérica, la cual incluye maniobras conjuntas, los operativos “humanitarios”, la reactivación desde julio del pasado año de la IV Flota, el Plan Colombia, modernización de FOLs ya existentes y la ubicación de bases militares en distintos puntos del continente, la utilización de siete bases militares sobre territorio colombiano ha abierto una nueva crisis en la región.

Bases militares de EEUU en territorio colombiano
Desde mayo de este año, declaraciones de muy diversa índole, muchas de ellas contradictorias se han ido posicionando por parte de diversas autoridades tanto colombianas como estadounidenses acerca de la reubicación de operaciones militares a partir del desmantelamiento de la FOL (siglas en inglés que significan Puesto de Operaciones Avanzadas) de Manta –Ecuador- a distintos puntos geográficos del territorio colombiano.

Ya en la primera quincena de mayo, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, indicaba que “sin duda” había altas posibilidades de trasladar a Colombia la base militar que operaba en la población ecuatoriana de Manta ante la negativa del presidente Correa de prolongar en convenio militar con los EEUU.

Tal manifestación provocó un aireado reclamo del presidente Chávez, que denunció que la nueva base militar estadounidense se posicionaría en La Guajira (zona fronteriza entre Colombia y Venezuela). En aquel momento, Juan Manuel Santos, aun ministro de Defensa, y hoy aspirante a la presidencia a la Presidencia de la República de Colombia, negó categóricamente dicha posibilidad. Pocos días después, el presidente Álvaro Uribe, rectificaba a su ministro de defensa, indicando que Colombia estaba estudiando esta cuestión.

El pasado 18 de julio se realizó el último despegue de un vuelo de observación de aviones estadounidenses desde la Base Militar Eloy Alfaro de Manta, y el 18 de septiembre dicha instalación militar será recuperada soberanamente por el gobierno y el pueblo del Ecuador, siguiendo el mandato del artículo 5 de su nueva Constitución: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras” y los compromisos electorales de MPAIS con Rafael Correa a la cabeza.

Esta situación obligó al gobierno de los EEUU ha emprender negociaciones inmediatas no solo con Colombia, sino también con Perú, los dos países que quedan en el continente suramericano con gobiernos conservadores.

A primeros de julio, mes y medio después de la confrontación dialéctica entre los presidentes de Venezuela y Colombia, la prestigiosa Revista Cambio (de Colombia), revelaba los acuerdos suscritos entre los gobiernos de Uribe y Obama para el traslado de las actividades militares de la Base de Manta a nada menos que siete bases en territorio colombiano.

A mediados de dicho mes, los ministros colombianos de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y de Interior, Fabio Valencia, así como el comandante de las FFAA, general Freddy Padilla, confirmaban que existía un entendimiento para que naves y personal militar y de agencias antidrogas norteamericanos estén en determinadas bases sobre territorio colombiano.

Tras las revelaciones de la Revista Cambio, la operación norteamericana en Colombia quedó al descubierto ante la opinión pública, saliendo a la luz que durante el mes de junio una comisión de funcionarios colombianos y estadounidenses, encabezada por expertos del Pentágono y del Departamento de Estado, estuvo revisando el borrador de un nuevo acuerdo de cooperación militar entre ambos países, que permitía suplir las funciones que venía cumpliendo la FOL de Manta.

De acuerdo al informe revelado, las bases y su distribución serían las siguientes:
Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange , Rico publicó libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), intentando desprestigiar la figura del subcomandante Marcos de Chiapas, libro por cierto que fue fuertemente abalado por el The Washington Post o el Diario de las Américas (órgano de expresión de la “gusanera de Miami”) o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), donde trata de descubrir quien mató al obispo defensor de los derechos humanos en Guatemala, Juan Gerardi. En el libro de Francisco Goldman sobre el asesinato de Gerardi, el autor afirma abiertamente que la Rico y La Grange recibieron importantes sumas de dinero del mismísimo Álvaro Arzú (político y empresario guatemalteco, presidente de este país entre 1996 y 2000), con la finalidad de que este asesinato quedara en el misterio y los militares encausados por el crimen fueran rehabilitados.

Ambos libros son considerados en el mundo de la política y del periodismo de investigación serio como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.

Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del 2007, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como La Grange, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.

La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla.

Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos con el artículo publica el primero de agosto, que la supuesta veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fundamento y código ético.
 
Lo que no publica El País ni Maite Rico.
El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández, en su declaración del pasado mes de febrero ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno de la Fiscalía General de Colombia, denunciaba que los hermanos Santiago y Álvaro Uribe (hoy presidente de Colombia), participaron en la planificación de crímenes en el norte del departamento de Antioquia.
 
Una confesión anterior del paramilitar, en la que no comprometió a los Uribe, fue utilizada hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Colombia fuese condena por una masacre cometida en el caserío El Aro entre el 25 y el 29 de octubre de 1997. Allí unos 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Mancuso y Castaño, y en complicidad con las fuerzas de orden público, asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron aproximadamente 900 cabezas de ganado.
 
Murieron al menos a 15 campesinos “en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”, según el fallo de la CIDH. En esa misma sentencia, el CIDH denuncia que “(…) como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción comunal de El Ario pidió protección a la gobernación de Antioquia, la cual no fue otorgada”, cuando Uribe aun ejercía esta gobernación.

Según publica el pasado 4 de agosto el Nuevo Herald, quien obtuvo la copia completa de la declaración de Villalba el pasado febrero, el paramilitar indica: “Álvaro Uribe nos dijo que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos”, al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, dando luz verde a la masacre.

Villalba indica en su declaración que tres días antes de la toma paramilitar de El Aro, hubo una reunión en casa de un terrateniente del municipio de La Caucana –Antioquia-, donde además de los hermanos Uribe, se encontraban líderes de las AUC y mandos militares de la IV Brigada, donde se “gestó” todo el plan. Villalba también indica que Santiago Uribe “siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos”.

En enero de 2007, Francisco Enrique Villalba fue trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por similar masacre cometida en esta ocasión en La Balsita, municipio de Dabeiba –Antioquia- en noviembre de 1997. También allí fueron asesinados 15 personas, y en su declaración indica: “también estaba el hermano de Álvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados (sicarios) para eso”.

*Sociólogo brasileño residenciado en España. Miembro del Consejo Editor del periódico Diagonal