El proyecto de ley de Petro busca mejorar la situación de los trabajadores colombianos y abordar la desigualdad histórica. Entre los puntos clave de la reforma de Petro se encuentran: la definición de contratos de duración indefinida como regla general. Los demás contratos deben justificarse caso por caso y por períodos limitados; la reducción progresiva de la semana laboral de 48 a 42 horas sin afectar los salarios y adhesión a la jornada laboral de 8 horas, y el aumento progresivo del salario por el trabajo realizado en días de descanso obligatorio y festivos.
Asimismo, se garantizaría la afiliación a la seguridad social para los trabajadores de plataformas digitales, además de un salario mínimo garantizado, se facilitaría la creación de sindicatos y fortalecer los existentes y se introducirían medidas que dificulten los despidos injustificados.
El proyecto de ley fue bloqueado por la mayoría de la legislatura. Ante el bloqueo, Petro propuso una Consulta Popular para que el pueblo definiera si estaba de acuerdo con las reformas propuestas. Sin embargo, el 14 de mayo, el Senado rechazó la posibilidad en una votación con 49 votos en contra (del Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical) y 47 a favor.
Durante el paro nacional, el gobierno dio un paso significativo al anticiparse a uno de los puntos centrales de la reforma laboral, mediante el Decreto 0586 del 28 de mayo de 2025, con el cual formalizó el trabajo de las madres comunitarias que prestan sus servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Esta decisión reconoce el trabajo de miles de mujeres que durante años han sostenido el cuidado de la primera infancia en condiciones de precariedad, y representa un acto de justicia al dignificar una labor históricamente invisibilizada. Este avance está presente tanto en el articulado de la reforma laboral como en las preguntas propuestas para la consulta popular.
Crisis de gobernanza
La crisis de representación, agudizada por los constantes bloqueos en el Congreso, abrió una posibilidad para que el Petro activara el mecanismo constitucional de la consulta popular, propuesta respaldada por la movilización masiva de trabajadores y trabajadoras el 1° de mayo, como una salida basada en la participación directa de la ciudadanía frente al saboteo.
Esta disputa escaló del debate legislativo a un conflicto de intereses entre el Congreso y el Gobierno, con un tercer actor fundamental: la ciudadanía organizada. En este escenario de procedimientos en disputa, el paro nacional se convirtió en el principio de soberanía popular frente a un Congreso cada vez más lejano a las necesidades del ciudadano de a pie. Petro trasladó a la calle, como escenario, la disputa política.
El llamado inicial a la huelga general fue convocado por la Cumbre Social, Política y Popular, conformada por partidos políticos, centrales obreras y movimientos sociales unidos en defensa de la consulta popular impulsada por el Gobierno. Esta articulación no solo fue un frente de movilización durante 48 horas en la Plaza de Bolívar, sino también un espacio para la escucha y la formulación colectiva de propuestas.
En dicho espacio se acogió el planteamiento del presidente de promover la organización de Cabildos Populares y comités de impulso a la consulta en barrios, ciudades y departamentos. Allí se determinó que las líneas de acción serán la pedagogía y la socialización del mecanismo consultivo de participación directa, utilizando un lenguaje cercano al pueblo.
En esa misma vía la juventud colombiana que aún guarda las memorias del Estallido Social, convocó de manera
espontánea a paro en distintos puntos de Bogotá. Esta multitud joven y diversa, tanto organizada como no, eligió como puntos de encuentro las localidades populares de Bogotá como Fontibón, Usme, Suba, Engativa, Teusaquillo, Chapinero, La Candelaria, así como espacios simbólicos de la lucha como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, La Universidad Pedagógica, y Media Luna Sur. Estos lugares se consolidaron como escenarios clave para llevar el debate político al calor de las ollas comunitarias.
Ante este panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió con tanquetas, gases lacrimógenos y unidades de la fuerza antimotines, con el objetivo de dispersar por la fuerza las concentraciones. El Portal de la Resistencia fue uno de los lugares donde la fuerza pública ejerció violencia de forma innecesaria dejando a tres jóvenes heridos de gravedad, según el reporte de varios medios alternativos presentes en el lugar.
Galán también optó por criminalizar la protesta social tras el anuncio en su red social X de una denuncia penal contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Afirmó que “es inaceptable que unos pocos decidan afectar a millones de ciudadanos”, y justamente ese es el reclamo del paro nacional: no permitir que una élite política tome decisiones que profundizan la precarización laboral y la exclusión de millones de colombianos de los debates fundamentales.
Temor y contrapropuesta del Senado
El Senado, temiendo una movilización masiva, decidió retomar y modificar la reforma laboral por otros medios. La 
Comisión Cuarta del Senado, con 13 votos a favor y 2 en contra, aprobó un proyecto de ley que ahora deberá ser considerado por todos los senadores antes del 20 de junio, fecha límite de la legislatura.
Propuso un aumento de los recargos por domingos y festivos, que deberán incrementarse cada año hasta llegar al 100%; el cambio del horario del turno nocturno, que quedaría establecido de 19:00 horas a 6:00 horas, la posibilidad de una semana laboral de 42 horas y la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana y tener tres días libres, y la prohibición de firmar contratos de duración determinada por más de cinco años; además, este tipo de contratos se firmarán siempre por escrito.
Asimismo propuso generalizar el contrato a plazo indefinido como contrato base para todas las nuevas contrataciones, y todo trabajador que haya trabajado con contrato a plazo fijo durante más de cinco años pase a ser inmediatamente trabajador a plazo indefinido, y otorgar licencia remunerada para asistir a citas médicas de emergencia o programadas.
Sin embargo, el Senado no aprobó los contratos laborales para aprendices, una propuesta de Petro para fortalecer los derechos de los jóvenes trabajadores. Además, la Comisión habría introducido un anhelo histórico de los empleadores colombianos: el contrato por hora. La reforma original proponía que los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se vincularan mediante contratos laborales a las empresas donde trabajan, lo que les permitiría ganar un salario mínimo y disfrutar de todas las garantías de las prestaciones sociales.
Al cierre del paro y del Cabildo Abierto en Bogotá, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que “La consulta popular, como lo ha dicho el presidente, va porque va”. Esto se refiere a que actualmente hay dos propuestas de solicitud de consulta en curso: la primera, presentada el 1° de mayo y que fue tumbada de manera fraudulenta, sobre la cual se espera un pronunciamiento del Senado en la primera semana de junio; y la segunda, presentada por los ministerios de Salud y Trabajo, a la que se le añade preguntas relacionadas con la reforma a la salud.
En medio de estas tensiones, el gobierno no descarta la posibilidad de convocar la consulta popular por decreto si no hay pronunciamiento del Senado durante la primera semana de junio, según manifestó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Paralelamente la Cumbre Social, Política y Social ratificó en rueda de prensa su decisión de volver a convocar un paro nacional el próximo 11 de junio. Esta nueva jornada corresponde a la falta de garantías por parte del Congreso para tramitar de forma legítima la consulta popular.
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