Colombia. – TRAS UNA CONSTITUYENTE Y POR EL »NO» A URIBE VÉLEZ

Necesitamos el cambio, Uribe debe renunciar. En esta crisis hay, ante todo, gran responsabilidad política del Presidente Uribe Vélez y de sus ministros del Interior y Justicia, Salud, Agricultura, Defensa y de los altos mandos militares y su comandante en jefe, el Presidente de Colombia. Esa responsabilidad es del ejecutivo y es muy diferente a la responsabilidad penal, por que quien nombra acredita al funcionario nominado.

Los hechos son irrebatibles:

– El jefe de la policía política (DAS, Dirección Administrativa de Seguridad), el facultado para repartir tierras (INCODER), el director del Instituto de Concesiones (INCO), los narconegociados de los megaproyectos, el juego del chance y la salud, muchos generales y oficiales superiores –igual que los anteriores funcionarios– o están condenados, o están presos, o son investigados por perpetradores o cómplices de crímenes de lesa humanidad. O por ejecutar formas violentas de fraude electoral a favor de Uribe.

Esos crímenes dejan pálidos los delitos propios de la corrupción y la politiquería, cáncer que tanto dice combatir el mismísimo.

– También hay responsabilidad política del Presidente al nombrar en el ministerio de Hacienda a Oscar Iván Zuluaga, caldense, ex senador ponente de leyes gubernamentales verdaderamente anti sociales y elegido congresista en 2002 con votos de una lista pringada de paramilitarismo.

– Entre los seguidores y jefes de campaña de Álvaro Uribe hay tres gobernadores, una sarta de alcaldes, varios diputados, ocho congresistas presos, otro fugitivo, cuatro aguardando y diecisiete más en cámara ardiente; y la ex canciller con el padre, el hermano y el primo investigados por secuestro extorsivo, asociación para delinquir con grupos paramilitares y otras criminales ofensas a la humanidad de los colombianos.

Hay otros interrogantes: ¿Por qué el presidente recibe información privilegiada de la Fiscalía en el proceso contra Noguera, ex jefe del DAS y uno de sus hombres de más confianza durante tres años? Porque el Fiscal, agradecido del vice-ministerio de justicia que le dio Uribe, ahora paga desde la Fiscalía y no garantiza una actuación independiente.

¿Por qué no es posible revocar a Uribe? Porque la Constitución del 91 se cuidó de preservar y fortalecer el presidencialismo y no incluyó el derecho del elector a revocar el mandato al presidente, como si ocurre con alcaldes y gobernadores.

Ahora recordamos que el llamado proceso 8.000 dejó libre de cargos al jefe de la pandilla, al ex presidente Samper, porque la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no juzga a los presidentes, es una fábrica de pago de favores con absoluciones para los integrantes de la mayoría parlamentaria, hoy en manos de los partidarios de Uribe Vélez.

¿Qué pasa si sólo se revoca el Congreso? Ocurre que Uribe queda libre de responsabilidades, no se toca la esencia del verdadero poder paramilitar que está a lo largo y ancho, de arriba hasta abajo de la rama ejecutiva y no en el Congreso.

En todo caso, cuando la ley no da oportunidad, es la acción directa del pueblo en las calles la que exige responsabilidad política al presidente y a las fuerzas políticas que lo respaldan.

El ejercicio democrático de las mayorías hoy tiene en la exigencia de la renuncia del presidente una acción válida para defender la soberanía popular y la dignidad nacional mancillada con los actos de entrega de la soberanía con la sumisión al TLC, las multinacionales y al Plan Colombia impuestos para satisfacer ambiciones imperialistas de la Casa Blanca.

Contra la parapolítica, el parauribismo, la corrupción, la pobreza, el desempleo y la entrega de la soberanía nacional exigimos la renuncia del presidente y su vice-presidente. Llamamos a nuestros compatriotas, al PDA, a la Gran Coalición Democrática y al movimiento popular a luchar por una alternativa de cambio con un gobierno popular, patriótico y democrático formado por los opositores al régimen y al gobierno.

Un gobierno que convoque la Asamblea Nacional Constituyente popular que defina una nueva Constitución con medidas estructurales para resolver el grave conflicto social, económico y armado del cual emerge el macabro paramilitarismo engendrado con el terrorismo de Estado y su guerra sucia contra el pueblo.

No hay razones para trabajar sólo esperando que Uribe salga en 2010. Más aún, si no cae antes de esa fecha, su derrota en 2010 dependerá de la fuerza y la persistencia que muestre la oposición para combatir, hoy y a cada paso, el nefasto gobierno del reelegido Álvaro Uribe Vélez.

Nos alienta que la exigencia de la renuncia del presidente es una bandera que ya está en los muros y las calles, en volantes y periódicos, en la voces de muchos miles de colombianos que, día a día, engrosan la oposición.

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* Integrante del Polo Democrático Alternativo.