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El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, se desdijo una vez más y con ello frustró la posibilidad de iniciar el diálogo con los sectores indígenas de su país. Las conversaciones que debían concretarse ayer en la ciudad de Cali fueron canceladas porque el mandatario se negó a acudir al lugar de la cita propuesto por las comunidades étnicas.
Los pueblos originarios habían recorrido a pie más de 100 kilómetros con el objetivo de reclamar la restitución de tierras, el cese a la violación de sus derechos humanos y diálogo de paz con los guerrilleros colombianos.
El presidente colombiano argumentó razones de seguridad para desairar a los manifestantes, que el día anterior habían congregado a unas 40.000 personas en los departamentos Cauca y Valle del Cauca.
Representantes del gobierno sugirieron que el encuentro se realizara en los estudios de Telepacífico para que las conversaciones fueran transmitidas por la emisora oficial del gobierno y en la página de Internet de la presidencia; el lugar tiene una capacidad máxima para 350 personas.
El encuentro estaba agendado a la mañana, pero los representantes de las comunidades originarias esperaron hasta la una de la tarde en las instalaciones municipales. Cuando los representantes de las comunidades originarias comenzaron a abandonar el sitio, el Uribe llegó por sorpresa a la zona del Centro Administrativo Municipal, pero la gente había considerado caído el encuentro por lo que continuaron su retirada.
Rodeado de escoltas y funcionarios auxiliares, Uribe subió a un puente peatonal y megáfono en mano trató de llamar la atención de los campesinos que se retiraban rápidamente y quienes en algunos momentos respondieron con rechiflas.
En el recinto preparado para el diálogo, la silla de Uribe quedó vacía. Daniel Piñacué, cabeza de la marcha, dijo que el esfuerzo realizado en los últimos días era muy grande para retirarse sin un resultado claro.
La marcha hacia Cali había sido convocada la semana pasada después que estallaron protestas contra el gobierno por la problemática agraria y éste envió a la fuerza pública para impedir la movilización indígena y desbloquear caminos en diferentes regiones del país. La acción gubernamental arrojó un saldo de decenas de heridos y al menos tres muertos.
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